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La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitaron el miércoles retirar la inmunidad al candidato a vicepresidente del partido opositor que encabeza las encuestas para las elecciones, ya que se presume que protegió a empresas que realizaron transacciones sospechosas.

Se trata de Edgar Barquín, del Partido Libertad Democrática Renovada. También se solicitó el retiro de la inmunidad a su hermano Manuel Barquín, uno de los diputados más influyentes del mismo partido, y a Jaime Martínez Loaiza, a quienes la fiscalía acusa de varios delitos, entre ellos asociación ilícita y tráfico de influencias.

Edgar Barquín cuenta con inmunidad por haber sido inscrito como candidato vicepresidencial, un derecho que otorga la ley guatemalteca.

Según Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional, Edgar Barquín fungió como titular de la Superintendencia de Bancos y como ex presidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, entidades que ejercen el control sobre los bancos del sistema y organismos financieros, en la época que se realizó la investigación.

Velásquez asegura que en su cargo Barquín habría protegido a las empresas que realizaron transacciones monetarias sospechosas, fondos que luego habrían sido utilizados en financiamientos electorales ilícitos.

Tras las denuncias efectuadas, el diputado Manuel Barquín dijo a periodistas que lo único que piden es “el debido proceso y que se respete el principio de inocencia que las personas tenemos… les pedimos que sean respetuosos con los procedimientos”.

Según la pesquisa de la comisión, los funcionarios habrían lavado dinero a través de cuentas monetarias en el extranjero con el fin de financiar al partido político Gran Alianza Nacional en las elecciones a la presidencia del 2011. La comisión es un órgano de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.

El comisionado explicó que las transferencias monetarias se habrían hecho desde varios países como Estados Unidos, Brasil, Francia y Turquía, entre otros. Sobre el origen del dinero, dijo que “podríamos afirmar… que muchos de estos recursos provienen del narcotráfico”.

Velásquez dijo que para cometer estos delitos se crearon empresas fantasma y compañías legalmente establecidas que realizaban las transacciones monetarias a través de diferentes personas, y que la red “abarca cerca de 200 empresas”. Indicó que el centro de la organización es Francisco Morales Guerra, alias “Chico dólar”, pues a través de él se crearon las compañías y se realizaron transacciones monetarias.

“Contaba con protección de círculos de poder, donde se encontraban los diputados Manuel Barquín y Jaime Loaiza”, afirmó Velásquez.

Luis Arturo Archila, fiscal general en funciones, dijo que al menos 11 personas fueron detenidas el miércoles bajo el cargo de pertenecer a esta red.

La Comisión informó que existen escuchas telefónicas que dan cuenta de la protección que ofrecían los funcionarios a Morales Guerra, y que desde 2008 la empresa había realizado transacciones por un total de aproximadamente 33 millones de dólares, pero que se cree fueron hasta 123 millones de dólares.

Guatemala se encuentra en una crisis institucional después que la fiscalía y la comisión develaron varios casos de corrupción que han alcanzado las altas esferas del gobierno del general Otto Pérez Molina.

Las autoridades denunciaron el primer escándalo de corrupción —y el más grande hasta el momento— el 16 de abril cuando se desarticuló una estructura de particulares y funcionarios públicos que defraudaron al fisco por varios millones de dólares, cuyo monto exacto no se ha podido determinar hasta el momento.

La estructura denominada “la Línea” recibió sobornos de empresarios con el fin de evadir impuestos. Según la comisión era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado y mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Baldetti ha negado cualquier vínculo con el caso. Sin embargo, un juzgado le ha embargado un total de 11 fincas de su propiedad y de su familia, le ha inmovilizado 6,7 millones de quetzales (unos 900,000 dólares) y se le prohibió salir del país. Monzón Rojas está prófugo.

En otro caso está vinculado Gustavo Martínez, yerno del presidente y ex secretario general de la presidencia, quien se encuentra en prisión preventiva. La fiscalía lo acusa de los delitos de tráfico de influencias por haber recibido 120.000 dólares, de la empresa Jaguar Energy, de generación de energía, a cambio de beneficios para la compañía, inclusive para lograr reuniones con el mismo presidente con miras a obtener privilegios. Por este caso hay al menos seis detenidos.

La comisión presentará el jueves un informe sobre el financiamiento de partidos políticos en Guatemala en el cual se podrá conocer, entre otras cosas, las formas en las que se violenta la ley electoral en el país.

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