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Investigación, casos de COVID impulsan proyecto de ley que exige a empleadores divulgar brotes en lugares de trabajo

Kate Cimini
El Sol de Salinas
Un trabajador agrícola sostiene un puñado de fresas detrás de él mientras deja de recogerlas por un breve momento para escuchar hablar a los organizadores de la Caravana de Apreciación del Campesino de Watsonville sobre los lineamientos de seguridad para la COVID-19 en el lugar de trabajo en Watsonville, California.

El gobernador Gavin Newsom podría brindar a la vasta fuerza laboral agrícola de California y a los funcionarios locales de salud pública mayor información sobre los brotes de coronavirus en el lugar de trabajo mediante un proyecto de ley que tiene sobre su escritorio.

El proyecto de la ley “Derecho a saber”, AB 685, de la asambleísta Eloise Gómez Reyes, representante demócrata de San Bernardino, podría exigir a los empleadores de California notificar a sus empleados los casos de COVID-19, además de alertar a los departamentos de salud pública del condado.

Las empresas no siempre han notificado los brotes a los funcionarios de salud pública y, en muchas ocasiones, tampoco a sus propios empleados, incluso mientras los casos positivos aumentan en plantas avícolas, instalaciones de procesamiento de alimentos y empresas agrícolas de frutas y verduras. Incluso, cuando se informa de los brotes a los departamentos de salud pública, algunos condados se rehúsan a divulgarlos al público. Esta situación ha llevado a buscar que haya mayor transparencia y ha causado frustración de que dichas reglas no se hayan implementado ya durante la pandemia.

“Los trabajadores indispensables siguieron trabajando durante la pandemia, con la esperanza de que estarían seguros en el lugar de trabajo, o al menos que se les informaría cuando su salud estuviera en peligro”, dijo la asambleísta Gómez Reyes en una entrevista. “En cada distrito estamos descubriendo que hay empleados que no reciben las notificaciones”.

Christopher Henderson, enfermero de Natividad, ayuda a realizar una de los cientos de pruebas gratuitas para detectar COVID-19 en King City, California, el jueves 9 de julio de 2020.

Una investigación de un mes de duración realizada por CalMatters y The Salinas Californian descubrió informes de seis brotes en siete empresas que emplean a trabajadores inmigrantes en cuatro condados, lo que generó el contagio de más de 350 trabajadores. En muchos casos, tanto los trabajadores inmigrantes como los funcionarios del condado no estaban enterados. La asambleísta Gómez Reyes hizo mención de esa investigación indicando que sacó a la luz la gravedad del problema.

“Hasta que (el trabajo de investigación) finalice, todos los demás están tratando de averiguar qué pasa, pero cuando una publicación como CalMatters publica algo como eso... ya se da uno cuenta de que es incluso mayor”, comentó.

En particular, la investigación desveló que:

La directora de Salud Pública del condado de Santa Bárbara, Van Do-Reynoso, dijo que no se enteró de un brote que se dio en las instalaciones de un empleador infectando a 91 personas a mediados de agosto, hasta que la agencia estatal encargada de regular la seguridad del lugar de trabajo notificó el fallecimiento de un hombre. 

Un trabajador que se enteró del brote dijo a los reporteros que se sentía abandonado e ignorado en cuarentena una vez que la puerta del hotel se cerró detrás de él. 

Otra empleada que trabajaba junto a personas diagnosticadas con COVID-19 comentó que les dijeron a sus compañeros de trabajo que siguieran trabajando, siempre y cuando no tuvieran síntomas. Ella temía contagiarse del virus.

El 16 de junio, el Departamento de Salud Pública de California emitió una guía para los departamentos locales de salud, la cual incluyó una lista de control para que esos departamentos colaboraran con los centros de trabajo que tuvieran un brote de COVID-19. La guía recomendaba que un empleador “notificara a todos los empleados que posiblemente estuvieran expuestos a personas con COVID-19”. 

A pesar de esto, un grupo de empresas por toda California han tenido graves brotes de COVID-19 y no lo han informado con rapidez a los departamentos locales de salud pública. Esto incluye a la planta de procesamiento avícola Foster Farms, donde fallecieron ocho trabajadores y cerca de 400 de los empleados de la planta dieron positivo en la prueba del virus.

La oficina del gobernador no respondió a solicitudes de algún comentario sobre el proyecto de ley. 

Christopher Henderson, enfermero de Natividad, ayuda a realizar una de los cientos de pruebas gratuitas para detectar COVID-19 en King City, California, el jueves 9 de julio de 2020.

Mientras el proyecto de ley se revisaba en un comité, la asambleísta Lorena González, representante demócrata de San Diego quien preside el Caucus Legislativo Latino de California, dijo que gran parte de los casi 14,000 fallecimientos en el estado han sido de trabajadores latinos. La asambleísta González también es coautora de un proyecto de ley, AB 2043, para que Cal/OSHA rastree y reporte las investigaciones en los lugares de trabajo de la industria agrícola.

“No podemos seguir perdiendo vidas, vidas verdaderas, porque no es conveniente para un empleador”, dijo la asambleísta González. “Nosotros como estado hemos sido capaces de aceptar una muerte tras otra de latinos los centros de trabajo, principalmente trabajadores inmigrantes, debido a que no los conocemos. No son reales para nosotros. Y aquí es donde esto debe terminar”.

Trabajadores agrícolas salen del autobús y caminan hacia el interior de El Dorado Motel en Salinas, California, el 1 de agosto de 2020. Foothill Packing, quien alberga a los trabajadores inmigrantes en El Dorado, confirmó que un empleado dio positivo para COVID-19.

En esa misma audiencia, el asambleísta Heath Flora, republicano de Ripon, se opuso al proyecto de ley y defendió a Foster Farms, diciendo que es uno de los mayores y mejores empleadores en su distrito.

“Alegaría que esta es una falla del (funcionario de Salud Pública del) condado de Merced y de su incapacidad de obtener los recursos que nuestras empresas necesitan para hacer las pruebas en instalaciones de este tamaño”, dijo el representante Flora. “Se siente una enorme frustración. No hay uniformidad en los niveles estatal y local. Consideramos que nuestra comunidad empresarial debe alcanzar cierto estándar, pero realmente no lo tomamos en serio”.

Organizaciones como la Western Growers Association y el Consejo Agrícola de California también registraron su oposición durante la reunión.

Versiones anteriores del proyecto de ley “Derecho a saber” contemplaban multas de $10,000 a las empresas que no cumplieran con la obligación de informar, pero esa disposición fue eliminada antes de llegar al escritorio del gobernador. Lo mismo sucedió también con un requerimiento de que cada prueba positiva fuera reportada. 

Christopher Henderson, camina hacia la siguiente persona en la fila, listo para realizar la siguiente prueba para detectar COVID-19 en King City, California, el jueves 9 de julio de 2020.

Los representantes de las empresas habían rechazado esas disposiciones clave, preocupados por pedir demasiado a los empleadores, quienes ya luchan para mantenerse al día con los cambios en los reglamentos y una disminución de su clientela durante la pandemia. El AB 685 define que tres o más personas enfermas se considera un brote.

“En general, queremos hacer cosas que ayuden a proteger la seguridad de los empleados y su bienestar, siempre y cuando no sea una carga excesiva para los empleadores”, dijo Paul Farmer, presidente y director general de la Cámara de Comercio de Salinas Valley. Dijo que la cámara no había adoptado una postura oficial con respecto al proyecto de ley.

La asambleísta Gómez Reyes dijo que aún existe suficiente vigor en el proyecto de ley para hacer la diferencia. 

“Aunque eliminamos la multa de $10,000, sin duda, el proyecto de ley sigue teniendo fuerza”, comentó. “Esto es demasiado importante para que no haya consecuencias”.

Kate Cimini es una periodista multimedia de The Californian. Llámela al (831) 776-5137 o envíe un mensaje de correo electrónico a kcimini@thecalifornian.com. Suscríbase para apoyar al periodismo local. Este artículo forma parte del proyecto California Divide, una colaboración entre salas de redacción que analizan la inequidad de ingresos y la sobrevivencia económica en California.