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A las autoridades locales no les importa la situación legal de las víctimas cuando investigan un delito, dijo recientemente Dean Flippo, Fiscal de Distrito del Condado de Monterey.

Lo que quieren es resolver los delitos, agregó.

“Nosotros no podemos hacerlo… si ellos no hablan, si no dan testimonio”, informó. “Tenemos suficientes dificultades para lograr que los residentes legales cooperen con la policía”.

En respuesta a estas preocupaciones, el congresista de Salinas patrocinó un proyecto de ley para evitar la deportación de las víctimas de ciertos delitos graves.

Con este proyecto de ley se protegería a los inmigrantes que soliciten visas U y T, dijo el representante Jimmy Panetta durante una conferencia de prensa ofrecida el 25 de enero en la cámara del ayuntamiento de Salinas.

El condado de Monterey representó aproximadamente el 4.5 por ciento de las solicitudes en 2017, dijo Panetta.

Con esas visas de cuatro años, las víctimas de delitos graves y del tráfico de humanos pueden permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos, siempre y cuando cooperen con las autoridades locales para encontrar y condenar a los autores, agregó.

Sin embargo, esas protecciones no entran en vigor hasta que el Departamento de Justicia aprueba las solicitudes, y solo se pueden aprobar 10,000 al año, informó.

Ese límite no ha aumentado, a pesar de que la cantidad de visas sí lo ha hecho, lo cual ha causado un retraso de decenas de miles de casos a lo largo de los años, dijo Magnolia Zárraga, una abogada de migración de Salinas.

Zárraga narró la historia de dos clientes que hicieron su solicitud, uno de ellos un hombre que hace tres años resultó herido por una bala perdida y continúa en la lista de espera.

De hecho, la cantidad de solicitudes procesadas por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Monterey ha aumentado de 30 en 2004 a 210 en 2017, dijo el fiscal Dean Flippo. En combinación con otras fuerzas de la ley del condado de Monterey, se enviaron unas 450 solicitudes al Departamento de Justicia en 2017, agregó.

Aproximadamente dos terceras partes fueron para mujeres, informó.

Para iniciar el proceso, los inmigrantes primero tienen que hacer solicitud ante la dependencia a cargo del caso, normalmente a través de un abogado de migración o una organización local sin fines de lucro, dijo Zárraga.

La víctima debe cumplir cinco requisitos, informó Flippo, como no tener un largo historial criminal y estar dispuesto a ayudar en el procesamiento de un caso penal.

Si las fuerzas locales de la ley certifican la solicitud de la víctima, entonces se envía al departamento de justicia, informó Zárraga.

Sin embargo, el límite impuesto en la cantidad de visas y el retraso resultante coloca a las víctimas en un limbo legal, agregó.

Eso le agrega mucho estrés a lo que las víctimas ya están viviendo, dijo Panetta, quien trabajó anteriormente como fiscal en el condado de Monterey.

La policía de Salinas no pregunta acerca del estado migratorio de las personas durante las entrevistas, pero después alerta a las víctimas acerca del recurso si esto se vuelve pertinente, informó Adele Fresé, jefa del Departamento de Policía de Salinas.

La ampliación en las protecciones también le quitaría a los delincuentes el poder de intimidar, agregó.

“Se dedican a explotar a la gente y a aprovecharse de ellos”, dijo. “Han perfeccionado el arte de la intimidación”.

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