Suscita preocupaciones tiempo extra en Oficina del Alguacil

POR CHELCEY ADAMI | EL SOL

Como la Oficina del Alguacil del Condado de Monterey (MCSO) recibió un aumento de más de $1 millón de dólares en apropiaciones el martes, los funcionarios públicos y los grupos de la comunidad pidieron más información en cuanto a cómo sumaron más de $6 millones en tiempo extra el año pasado.

Al considerar el aumento, la supervisora del Condado de Monterey Jane Parker declaró que siente que el consejo y el público merecen una presentación para explicar cómo es que los costos se salieron tanto de control, así como la forma en que esto se evitará el próximo año.

En la junta del Consejo de Supervisores del martes, la administración y las operaciones de aplicación de la ley del alguacil recibieron un aumento de $160,000 dólares en apropiaciones, que serán financiadas por el fondo de activos de confiscaciones del alguacil, así como por un aumento de $850,000 dólares en las apropiaciones, financiado por la “cuenta del saldo de asignación de terminaciones”. El consejo también aprobó la transferencia de $850,000 dólares entre los departamentos dentro de la oficina del alguacil.

El déficit de apropiaciones de $1.1 millones de dólares, sumado a un déficit de $1.9 millones en ingresos proyectados, arroja un total estimado de $3 millones de dólares de déficit en la contribución del fondo general de la MCSO para este año.

Las razones de este déficit incluyen una cantidad excesiva de tiempo extra debido a la cobertura obligatoria de los turnos; proporcionar escoltas y seguridad para los contratistas de la cárcel que resuelven los problemas identificados en el litigio por las condiciones de la cárcel; dotación de personal para desastres, como los grandes incendios de Soberanes y Chimney, así como las tormentas de invierno; tiempo extra en hospitales para internos de alto riesgo en custodia; pagos no presupuestados para despidos; costos de reparación y mantenimiento de instalaciones antiguas y en deterioro; diversos contratos relacionados con esfuerzos de reclutamiento; costos de uniformes y equipo de seguridad; colegiaturas de la academia de policía; aumento en las facturas médicas de los internos y demás, según información de respaldo de la agenda.

En respuesta a las preocupaciones de Parker, el alguacil del condado de Monterey Steve Bernal dijo que gran parte del tiempo extra se derivó de un aumento en la dotación de personal en la cárcel, según lo exigido por una demanda de 2013.

En 2013 se presentó una demanda de $4.8 millones de dólares contra el condado a nombre de los internos antiguos y actuales, quienes se quejaban de que las condiciones de la cárcel eran peligrosas e ilegales. En mayo de 2015 se llegó a un acuerdo, y la Cárcel del Condado de Monterey accedió a instituir cambios de procedimientos y dotación de personal.

Para hacer frente a las necesidades de dotación de personal, la oficina del alguacil tiene actualmente a 32 reclutas en la academia, afirmó Bernal.

“Una vez que contemos con la dotación completa de personal, veremos una diferencia notable en la cantidad de tiempo extra de la cárcel”, dijo ante el consejo el martes.

Además, en lugar de enviar a los egresados de la academia a un curso obligatorio de operaciones de la cárcel, que tarda mucho tiempo, la oficina del alguacil ofrece ahora el curso en sus propias oficinas. Bernal piensa que al hacerlo, se reducirán los costos de capacitación.

“Así que salvo catástrofes naturales o actos más allá de nuestro control… con todos nuestros puestos cubiertos este próximo año fiscal, tendremos un mejor control sobre nuestro tiempo extra el próximo año”, agregó.

Parker respondió que, si bien aprecia los esfuerzos por cubrir los puestos, así como los desafíos al personal causados por incendios o inundaciones, sigue preocupándole el hecho de que el tema no se planteara antes.

“No es que estas cosas no vayan a suceder, pero no parecía haber ningún control ni se presentó a la atención del condado en una manera oportuna”, informó.

“El personal de presupuestos es muy hábil para ayudar al departamento a resolver estos tipos de desafíos. Estas cosas suceden, pero no es tranquilizador que nos lo dejen caer en el último minuto en términos de la administración del presupuesto, y eso también es parte del problema”.

El Gran Jurado Civil del condado de Monterey observó en su informe final 2016-2017 que una consecuencia inesperada del requisito de dotación de personal del acuerdo alcanzado por la demanda a la cárcel fue una escasez de oficiales de patrulla, así como los costos de tiempo extra.

Poco después de que el gran jurado civil publicara su informe, los grupos comunitarios Building Healthy Communities, Motivating Individual Leadership for Public Advancement (MILPA) y la Coalición para la Reinversión en la Comunidad de la Costa Central alegaron que había habido una malversación de fondos y pidieron una auditoría de la Cárcel del Condado de Monterey.

“No tiene sentido que se les pague tanto tiempo extra a los alguaciles que fueron contratados para ir a patrullar, pero que se asignan a la cárcel, especialmente cuando el alguacil acude constantemente al consejo para pedir más dinero”, indicó René Casas de MILPA en un comunicado de prensa. “Sé que acumular una cantidad importante de tiempo extra es a menudo una indicación de mala administración, en especial si dicho tiempo extra es de alrededor de una tercera parte del salario de una persona nueva”.

Entre marzo de 2016 y marzo de 2017, el tiempo extra para los oficiales sumó un total de $6.2 millones de dólares, con un promedio de $23,790 por oficial, y algunos cobraron mucho más que ese promedio, según el informe del gran jurado civil. El sueldo anual inicial después de graduarse es de $75,396 dólares.

Las organizaciones comunitarias también apuntan a un informe del Instituto de Políticas Públicas de California que proyecta $3 millones de dólares en ahorros para la Cárcel del Condado de Monterey como resultado de la Propuesta 47, y una disminución de los internos recluidos por delitos elegibles, de conformidad con dicha Propuesta.

“A medida que disminuya la población de la cárcel del condado, los costos de personal del Departamento del Alguacil para las cárceles, proporcionar alimentos y ropa, la prestación de servicios médicos y de salud mental, y los programas para los internos deberán disminuir también”, según el informe del Instituto. “Cuando las poblaciones de las cárceles se reduzcan por debajo de ciertos umbrales, los internos podrían consolidarse en una cantidad menor de unidades, lo cual ofrecería oportunidades para obtener ahorros significativos de costos en el condado debido a que ya no se operarían ciertas unidades de la cárcel o instalaciones completas”.

El Instituto señaló además que incluso con los impactos locales del proyecto de la Asamblea 109, o la realineación, hay ahorros “que probablemente se encuentren en las reducciones en la cantidad de patrullaje y detenciones en el condado, el alojamiento en la cárcel del condado y la supervisión de libertad condicional del condado”, y que los costos más elevados son los de la operación de la cárcel del condado.

MCSO gasta alrededor de $97 dólares diarios por alojar a cada persona en la Cárcel del Condado de Monterey, según los datos del año fiscal 2010-2011 citados en el informe, lo que equivale a $35,405 dólares por persona por año.

En base a esos datos, en comparación con una reducción de 87 personas en la población de la cárcel, el Instituto sostiene que el Condado de Monterey podría reasignar al menos $3 millones de dólares que se gastan en operaciones de la cárcel a intervenciones de prevención y de otros tipos en la comunidad.

Sin embargo, el comandante Thornburg de MCSO dijo que aunque la población de internos es ligeramente menor, ninguna parte de la cárcel se ha cerrado por completo, y que esas áreas aún requieren de personal y mantenimiento. Los ahorros de la Propuesta 47 todavía no se han materializado, informó, a pesar de lo que se muestra en papel.

Citó también el aumento en los costos médicos de los internos asociados con el proyecto de la Asamblea 109, que exige que la cárcel acepte internos que antes estaban en prisión y que están cumpliendo sentencias mucho más prolongadas a las que las cárceles están tradicionalmente acostumbradas a dar cabida.

“No hay ninguna mala administración”, dijo Thornburg. “Hay internos a más largo plazo, menos dotación de personal y otros (asuntos)”.

El informe del gran jurado civil aboga en contra de cualquier reducción en el presupuesto de MCSO, y declara que también significaría una reducción en la cantidad de oficiales para patrullaje y para la cárcel, incapacidad para cumplir con el acuerdo de la demanda, una continua falta grave de patrullaje adecuado y el costo de millones de dólares en tiempo extra.

Entre las sugerencias, el gran jurado civil urgió a que el Consejo de Supervisores del Condado de Monterey presupueste a oficiales adicionales, contrate a una firma externa de consultoría de personal para llevar a cabo un análisis laboral de las dos asignaciones de la cárcel y el patrullaje, e investigue el uso de oficiales correccionales en la cárcel.

Los representantes de los grupos de la comunidad pretenden pedirle oficialmente al consejo de supervisores que efectúe la auditoría. Casas dijo que en octubre pasado los representantes de MILPA y BHS comenzaron a pedirle al consejo y a la oficina del alguacil que proporcionaran un informe sobre los ahorros de la Propuesta 47, pero que hasta la fecha no han recibido respuesta.

“Tenemos que analizar esto”, dijo Israel Villa, quien también es miembro de MILPA. “No estoy cómodo con solo decir ‘Te creo’”. Será entonces cuando podremos ver si hay ahorros, y si los hay, entonces eso es lo que quiero invertir en la comunidad”.

Casas agregó que le gustaría que un representante del Instituto de Políticas Públicas de California le proporcionara información al consejo acerca de la forma en que calcularon los ahorros proyectados en una sesión informativa de la Propuesta 47.

MILPA sostiene que los ahorros locales podrían reinvertirse mejor en servicios de salud mental, capacitación laboral y otros programas que apoyen el reingreso exitoso para los internos liberados en la comunidad.

“El simple hecho de encerrarlos en nuestra cárcel no hace nada por ellos, porque no se les da rehabilitación”, dijo Villa. “Al ofrecerles capacitación laboral para el reingreso, estamos abordando las causas raíz, los problemas que la gente pueda tener, y trabajamos en la rehabilitación y ayudamos a nuestra comunidad”.