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Seattle presentó el miércoles una demanda en contra del presidente Donald Trump por su decreto en el que amenaza con retener fondos federales a las comunidades que se rehúsen a cooperar con los esfuerzos para encontrar y deportar a inmigrantes que están ilegalmente en el país.

El alcalde Ed Murray dijo el miércoles que el decreto que se emitió en enero para sancionar a las llamadas ciudades santuario es inconstitucional y crea incertidumbre en lo referente al presupuesto de la ciudad.

Gobiernos de otras ciudades también han demandado al Trump respecto al tema. San Francisco interpuso una querella a principios del año, en la que también alega que la medida era inconstitucional. El condado de Santa Clara, California, y dos ciudades de Massachusetts con importantes poblaciones hispanas —Chelsea y Lawrence— también han tomado medidas legales.

El Departamento de Justicia dijo por medio de un comunicado que “el pueblo estadounidense quiere y merece un sistema migratorio legal que nos mantenga a salvo y sirva a los intereses del país” y que el gobierno federal ejercerá leyes relevantes.

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, reiteró esta semana que la agencia negará subvenciones a las ciudades que violen las leyes federales sobre compartir información entre la policía local y las autoridades federales. Sessions dijo que esas ciudades hacen que las comunidades se vuelvan inseguras.

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