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Respalda condado demandas contra Trump

POR AMY WU | EL SOL

Con la inmigración a la cabeza del debate público y la discusión a nivel nacional y local, el Condado de Monterey está uniendo fuerzas con el Condado de Santa Clara, y con la ciudad y el Condado de San Francisco, para desafiar la orden ejecutiva del presidente Trump en contra de las ciudades santuario, con la meta de proteger su financiamiento federal y a sus residentes.

El pasado viernes 17 de marzo, el Consejo de Supervisores votó 4 a 1 durante una junta especial a puertas cerradas en favor de firmar los expedientes de Amicus Curiae, también conocidos como “expedientes de amigos del tribunal”, en los casos de la ciudad y el Condado de San Francisco v. Trump y del Condado de Santa Clara v. Trump.

El Condado de Monterey no se une a las demandas existentes como demandante, sino más bien en apoyo de ellas, al firmar expedientes de amigos del tribunal.

La presidente del consejo Mary Adams, del distrito 5, y la supervisora Jane Parker, del distrito 4, llamaron para participar en la votación.

El supervisor John Phillips, del distrito 2, no estuvo de acuerdo y no respondió a las solicitudes de comentarios.

Al hacer esto, el condado está “agregando nuestra voz a la opinión sobre la forma en que esta orden ejecutiva podría tener un impacto adverso en nuestro condado y al hecho de que es inconstitucional”, dijo el supervisor Luis Alejo, representante del distrito 1, que incluye una gran parte de la ciudad de Salinas.

También al hacer esto, el condado no incurre en ningún costo legal adicional.

“Estas demandas son grandes… No es necesario que gastemos más recursos, pero sí es importante que el Condado de Monterey pueda opinar y hacer sus propios argumentos legales acerca de la forma en que la orden ejecutiva tendrá un impacto negativo en el Condado de Monterey y del hecho de que es inconstitucional”, agregó. “Creo que es más fuerte que el condado de Monterey se una a otras ciudades y condados del país para hacer los mismos argumentos legales unidos”.

El 25 de enero, Trump expidió una orden ejecutiva para aumentar la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de migración, la cual incluye la intención de bloquear el financiamiento federal a los estados y ciudades santuario. Aunque no existe una definición oficial de lo que es una ciudad o estado santuario, lo que estos municipios comparten es un compromiso de no utilizar sus recursos para aplicar los reglamentos de migración.

El Condado de Monterey recibe aproximadamente $200 millones de dólares anuales en financiamiento federal. La economía del condado también está impulsada por la agricultura y la hospitalidad, dos industrias que dependen en gran medida de la fuerza laboral inmigrante tanto documentada como indocumentada.

La cuestión de los santuarios

El Condado de Monterey no ha votado por ninguna resolución en la que se pregunte específicamente si debe designarse como un condado santuario. Lo que complica aún más el asunto, dijo Alejo, es el hecho de que no existe una definición uniforme acerca de lo que es una ciudad o estado santuario, lo cual le deja la determinación al Secretario de Seguridad Nacional.

Sin embargo, Alejo agregó que pensaba que el condado ya lo había hecho al votar en favor de aprobar una resolución que declare al Condado de Monterey como “un condado que le da la bienvenida a los inmigrantes y a los refugiados”. La resolución, que Alejo introdujo, se aprobó con una votación de 4 a 1, con el desacuerdo de Phillips. Durante esa junta, Phillips dijo que le preocupa el financiamiento federal.

A finales de enero, los supervisores votaron 4-0 (en ausencia del supervisor John Phillips) en favor de apoyar una resolución que denuncie la orden ejecutiva del presidente Trump acerca de la inmigración.

Cuando se le preguntó si el condado consideraría una resolución acerca de convertirse en santuario, Alejo dijo: “pienso que hicimos eso cuando aprobamos nuestra resolución, pero en lugar de declararlo como condado santuario, lo denominamos un condado que le da la bienvenida a los inmigrantes y a los refugiados”.

Agregó que el condado ya funciona como un condado santuario, en el que la Oficina del Alguacil y el Departamento de Policía han acordado que no participarán en la aplicación de las leyes de migración.

Durante la junta del consejo de supervisores del 14 de febrero, el alguacil del Condado de Monterrey Steve Bernal dijo que está comprometido a no participar en ninguna redada de migración. En sus presentaciones ante foros migratorios y de la comunidad, la jefa de policía de Salinas Adele Fresé ha dicho repetidamente que el departamento de policía de la ciudad no está involucrado en la aplicación de las leyes de migración.

“No estamos interesados en la migración”, dijo Fresé durante un foro comunitario que se llevó a cabo en febrero. “Nosotros no aplicamos las leyes federales de migración. La dependencia responsable de esto es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). Nuestra principal misión es mantener segura a la gente”.

Alejo dijo que continuará teniendo conversaciones con Bernal acerca de la política de encarcelamiento de ICE, ya que no está de acuerdo con la política actual de aplicación de la ley, que dijo que debe enfocarse exclusivamente en personas que cometan delitos graves. En 2015, 391 personas fueron entregadas a ICE, de las cuales aproximadamente 60% cometieron delitos menores, dijo Alejo.

En Salinas, los líderes de las organizaciones comunitarias y los defensores de la comunidad aplaudieron a los supervisores del condado por su decisión de apoyar a Santa Clara y a San Francisco.

“Es estupendo que los supervisores se hayan unido y estén adoptando una postura sólida en bien de la comunidad”, dijo Lauro Barajas, vicepresidente nacional del Sindicato Unido de Trabajadores del Campo en Salinas, quien observó que lo más importante es el apoyo a la protección de la comunidad ante las fuerzas de la ley,

y agregó: “He estado en muchas juntas y hay mucho temor entre la comunidad. Pienso que este tipo de noticias pueden comenzar a darle más tranquilidad a la comunidad”.