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Durante la junta del consejo del martes, los supervisores del condado votaron 4 a 1 en favor de aprobar una resolución en la que se declare que el condado de Monterey es “un condado que le da la bienvenida a los inmigrantes y a los refugiados”.

Luis Alejo, supervisor del distrito 1, fue quien presentó la resolución que presenta una sólida postura en contra de las tres órdenes ejecutivas del presidente Trump en las que se prohíbe la inmigración. La resolución establece cierta cantidad de puntos que incluyen el hecho de que ningún recurso del condado podrá utilizarse para ayudar a aplicar las leyes federales relacionadas con la inmigración. La resolución también está dirigida a calmar los crecientes temores y ansiedades de la comunidad, dijo Alejo.

El supervisor John Phillips no estuvo de acuerdo, ya que dijo que tiene “emociones encontradas” acerca de la resolución.

Aunque reconoció que los inmigrantes forman la columna vertebral de la economía del condado, en especial en la industria agrícola, también dijo que es “fácil reaccionar” ante la administración federal actual.

Esta es la segunda resolución migratoria aprobada por el condado en las últimas tres semanas. El 31 de enero, los supervisores aprobaron una resolución, con una votación de 4 a 0, en la que se denunciaba la orden ejecutiva de Trump acerca de la inmigración. Phillips no estuvo presente para emitir su voto.

A Phillips le preocupa el posible efecto que esto pueda tener sobre el financiamiento federal, y apoya más la idea de crear un plan para una reforma migratoria completa.

También apoyó al alguacil del condado Steve Bernal, quien dijo que no está de acuerdo con la parte de la resolución que “urge a no utilizar los recursos del condado para ayudar a la aplicación de la ley migratoria federal, o para reunir o diseminar información acerca de la situación migratoria de las personas...”.

“Apoyo la intención de esta resolución”, dijo Bernal durante la junta.

Por ejemplo, Bernal está comprometido a no participar en ninguna redada migratoria.

“Que yo sepa, nunca hemos participado en ninguna redada”, informó.

Sin embargo, Bernal dijo que el Departamento del Alguacil continuaría cooperando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE.

Alejo, quien redactó la resolución, dijo que lo que le preocupa de ICE es que los agentes podrían enfocarse innecesariamente en personas inocentes o en delincuentes menores. En 2016 se fichó a 14,256 personas, y de ellas, 391 fueron entregadas a ICE. Alejo dijo que aproximadamente el 60% de los 391 había participado solamente en delitos menores.

Bernal informó que él y Alejo “también están en desacuerdo acerca de lo que es un delito menor serio”.

Agregó que los delincuentes que fueron entregados a ICE son delincuentes convictos.

Dijo que sabe que los casos que han sido entregados a ICE son criminales, incluidos casos serios de abuso de menores.

“No puedo decir que no vamos a cooperar con ICE para aplicar la ley en base a la situación migratoria”, informó. “Así que si no coopero con ICE, les estaría diciendo que somos una comunidad que también le da la bienvenida a los criminales... Lo único que nos importa es su seguridad pública”.

“Esto debería reducirse a los delincuentes más serios”, dijo Alejo, y agregó que este es un tema en el que él y Bernal “tienen un respetuoso desacuerdo”.

Desde el 15 de agosto de 2015, los agentes de ICE han tenido presencia en el interior de la cárcel del condado. Normalmente hay un agente por turno.

Utilizan un escritorio del área de fichado y usan su propio teléfono celular, computadoras y su propio WIFI.

El acuerdo comenzó “aproximadamente al mismo tiempo en que dictaminaron que no podíamos retener a esta gente en una detención exclusiva para ICE”, dijo Bernal. “Esta fue una oportunidad de colaborar con ICE… Sin tenerlos (a los agentes de ICE) más cerca, tengo que liberar a estos delincuentes de vuelta a la comunidad”.

Bernal informó que la aprobación de la resolución no tiene impacto en la cárcel del condado ni en la forma en que esta funciona.

“No va a suceder nada”, dijo, y agregó que los alguaciles nunca han preguntado acerca de la situación migratoria. “A todos los tratamos igual”, informó.

En el condado de Monterey, el temor y la ansiedad se han centrado en las redadas de ICE y en el impacto de la situación de la Acción Diferida para Personas que Llegaron durante la Niñez (DACA); esta es una política de inmigración, iniciada por la administración de Obama, que permite que ciertos inmigrantes ilegales que llegaron al país siendo niños reciban un período renovable de dos años de acción diferida que los protege contra la deportación y los hace elegibles para permisos de trabajo. Estas preocupaciones también dominaron la reunión del domingo acerca de la inmigración que se llevó a cabo en Hartnell College y que atrajo a cientos de residentes.

Algunas comunidades cercanas han adoptado una postura en contra de ICE. En la vecina Morgan Hill, el ayuntamiento rechazó un permiso solicitado por ICE para expandir su oficina administrativa a una celda de detención.

En la reunión del domingo, el abogado Michael Mehr urgió a la gente a evitar la cárcel del condado, ya que ahí se encuentra un agente de ICE. Si son detenidos, dijo que deben permanecer en silencio y solicitar un abogado

Más juntas

Alejo dijo que redactó la resolución después de la junta con Bernal y los representantes de las oficinas de libertad condicional y del fiscal de distrito. El antiguo asambleísta ha sido un gran defensor de los inmigrantes. Alejo asistió a la junta del distrito 1 de Salinas, que se llevó a cabo el 2 de febrero y que fue organizada por el concejal Scott Davis de esa ciudad, en la que los temas de inmigración y seguridad pública ocuparon un lugar central.

“Pienso que nuestro condado debe ser un modelo de inclusión”, dijo Alejo al observar que los inmigrantes deben tener la confianza de acercarse a las fuerzas policiales si hay problemas con la ley.

La jefa de policía de Salinas Adele Fresé ha dicho en repetidas ocasiones que el departamento no aplica las leyes federales de inmigración.

“La dependencia responsable de esto es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). Nuestra misión principal es mantener a la gente segura”, informó Fresé en una correspondencia anterior. Durante la junta del 2 de febrero dijo: “valoramos a nuestra comunidad y no queremos que nos teman jamás”.

Los funcionarios electos de la localidad están planeando más juntas acerca de este explosivo tema: para el 23 de febrero, los concejales de la ciudad de Salinas Scott Davis, Tony Barrera y Gloria de la Rosa están organizando un foro migratorio con la comunidad en la escuela Jesse G. Sánchez, durante el cual se presentarán Fresé, el superintendente del Distrito Escolar Alisal Union Héctor Rico y Bernal.

El martes pasado, algunas organizaciones comunitarias locales, entre ellas MILPA, Building Healthy Communities y el Consejo Laboral Central de la Bahía de Monterey, llevaron a cabo una marcha y también se dirigieron a los supervisores para mostrarles su apoyo a la resolución. Los grupos han utilizado los medios sociales como una herramienta de defensa en la campaña “A call to power and love: organize, mobilize and decolonize”, con el hashtag #stayloud.

La mayoría del público que asistió a la junta del martes apoya la resolución.

Reacciones de la comunidad

Los inmigrantes son fundamentales para la economía del condado, y muchos de ellos trabajan en la industria de la agricultura o del servicio. La agricultura representa una industria de $9,000 millones de dólares en el Valle de Salinas; en 2016, el consumo generado por los turistas permitió recaudar $160 millones de dólares en beneficios económicos para el condado, informó el Buró de Convenciones y Visitantes del Condado de Monterey. Un gran segmento de los trabajadores de la industria restaurantera y de servicios está formado por inmigrantes.

El Condado de Monterrey también cuenta con una gran cantidad de inmigrantes indocumentados, aproximadamente 55,000, informó César Lara, quien representa al Consejo Laboral Central de la Bahía de Monterey, AFL-CIO. Aproximadamente un 40% de los niños de Salinas tiene por lo menos un padre que es indocumentado.

Lara dijo que la resolución “envía un fuerte mensaje acerca de que nada del dinero del condado se utilizará para financiar la colaboración entre ICE y el alguacil”.

La diversidad étnica de la población del condado incluye una gran cantidad de personal, maestros y estudiantes de otros países que se encuentran en instituciones como la Escuela Naval de Posgrado, el Instituto para la Defensa de los Idiomas y el Instituto Middlebury de Estudios Internacionales (MISS).

Charles Earle, quien representa a la Colectiva MILPA, un grupo de defensa de la comunidad de Salinas, dijo que la resolución también es simbólica. Earle vive en el sur del condado y tiene seis hijos que asisten a escuelas locales.

“Me entristece en el alma cuando mis hijos llegan a casa y me dicen que algún niño no asistió a la escuela en toda la semana porque tiene miedo de ser deportado”, informó.

René Casas, coordinador de programas y políticas de MILPA, dijo que la organización pronto comenzará a realizar reuniones en casas para hacer que la comunidad participe más.

Las organizaciones como el Centro de Recursos para la Familia de Alisal, que se encuentra en la calle Williams del este de Salinas, también han aumentado sus esfuerzos por hacer que más información esté a disposición de los residentes. Estos incluyen los materiales de “Conozca sus derechos” impresos en español por www.iAmerica.org, en los que se describen pasos legales sencillos que se deben tomar si los agentes de ICE acuden a su trabajo o a su casa.

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