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La campaña contra las “ciudades santuario” prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desencadenado acciones contrapuestas en los estados del país en función del partido que los gobierna, dejando al descubierto la profunda división nacional en materia de inmigración.

Así, algunos estados maniobraron para aplicar su orden, mientras que otros se desmarcaban del gobierno federal para proteger a los migrantes que viven en el país sin permiso de residencia. El concepto de “santuario” alude a medidas de las administraciones locales para resistirse a la persecución de migrantes en situación irregular.

California, el estado más grande del país, quiere establecer medidas a nivel estatal que prohibirían a las fuerzas de seguridad cooperar con las autoridades federales de inmigración. Otro estado fronterizo, Texas, ha anunciado que retendrá fondos a las “ciudades santuario”.

Las recientes órdenes ejecutivas de Trump, que amenazan con retener financiamiento federal a las poblaciones que tengan estas medidas de protección y contemplan la construcción de un muro fronterizo, han provocado protestas generalizadas y despertado el temor a más restricciones migratorias en el futuro. Los partidarios del presidente han celebrado las medidas.

En su mayoría, las ciudades implicadas han reforzado sus políticas de santuario. No hay una definición oficial, pero a menudo implican pedir a la policía que no pregunte sobre la situación legal de los detenidos o que decline peticiones de las autoridades migratorias para mantener retenidos a acusados mientras esperan a ser deportados.

Pero estados de tendencia progresista, como California, no serían los primeros en bloquear la aplicación policial de las leyes federales de migración. Oregon fue pionero en establecer estas medidas a nivel estatal con una ley en 1987. En esa época, en ocasiones los trabajadores migrantes y sus familias se veían alojados en penosas condiciones pese a la importancia de los beneficios agrícolas.

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo que aplicará esa ley.

“Ellos cortan nuestros pastos. Recogen nuestras uvas”, dijo Brown la semana pasada. “Cuidan de nuestros hijos y cuidan de nuestros ancianos, y quiero asegurarme de que se sienten bienvenidos en Oregon”.

Los defensores de estas medidas afirman que su estrategia facilita que la gente sin permiso de residencia reporte delitos sin temor a la deportación. Sus críticos expresan preocupaciones sobre la delincuencia, citando casos como la muerte a tiros de Kate Steinle en San Francisco. Juan Francisco López-Sánchez, que estaba en el país de forma ilegal tras varias deportaciones a su país natal, México, ha sido acusado del asesinato.

San Francisco reafirmó su compromiso con las políticas de santuario al demandar a Trump el martes, el mismo día en que los senadores estatales de California avanzaron en una legislación que daría dinero a los abogados de inmigrantes que afronten la deportación. La propuesta también pondría trabas a cualquier intento de crear un registro de musulmanes.

Se estima que en California viven unos 2,3 millones de inmigrantes que están en el país sin permiso de residencia.

“Queremos asegurarnos de que los agentes de policía no abandonan su labor y se ponen a aplicar leyes de inmigración”, dijo el presidente interino del Senado, Kevin de Leon, de Los Ángeles.

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