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En 2014, los electores de California liberaron aproximadamente a 13,500 delincuentes de bajo nivel de sus prisiones y cárceles sobrepobladas. Sin embargo, muchos antiguos presos han intercambiado la encarcelación por un ciclo de indigencia, abuso de drogas y delitos menores.

Rubén López Jr. se despierta en un desvencijado sillón de piel dentro de un lúgubre taller automotriz en los suburbios de Los Ángeles. Siente la conocida tentación de un viejo enemigo. Le duele el cuerpo, le zumba la mente, le gotea la nariz y se le revuelve el estómago. Tiene ansias de metanfetaminas tan solo para estabilizarse y sabe que las encontrará a tan solo dos cuadras de distancia, en un pequeño campamento para indigentes que está debajo de un puente.

López, quien tiene 57 años y ha sido adicto desde hace largo tiempo, cumplía una condena de cadena perpetua en prisión por una triple infracción de metanfetaminas cuando fue liberado gracias a la propuesta 47, que disminuyó la posesión de drogas y la mayoría de los robos pequeños a delitos menores. Al principio, la propuesta 47 se sintió como una emancipación, dijo López, pero su libertad no dio el resultado planeado.

Después de dos décadas tras las rejas, sus únicas expectativas de empleo son en trabajos temporales que pagan poco. Sería indigente si no fuera por la generosidad de su primo, quien le permite dormir en el taller. Continúa formando metanfetaminas. Sabe que si la policía lo atrapa de nuevo, lo encerrarán durante horas, no años.

Entonces, ¿le ayudó la propuesta 47?

“No”, dijo López, sacudiendo cansado con la cabeza. “Me ayudó a salir de la cárcel. Pero a fin de cuentas, solo permitió que me soltaran para enterrarme a mí mismo”.

Dos años después de ser aprobada por los electores de California, la propuesta 47 ha disminuido las encarcelaciones masivas de adictos a las drogas, pero una reforma exitosa está deplorablemente incompleta. Sus defensores celebran la forma en que la ley liberó por lo menos a 13,500 internos como López que estaban cumpliendo duras condenas en prisiones y cárceles hacinadas, pero la propuesta 47 ha hecho poco por ayudarle a esta gente a reiniciar su vida. En lugar de ello, la liberación sin precedentes de los internos ha puesto en evidencia los límites de los descuidados programas de servicios sociales de California: miles de adictos y personas con enfermedades mentales han cambiado una vida tras las rejas por un ciclo constante de indigencia, abuso de sustancias y delitos menores.

La propuesta 47 asignó los millones de dólares ahorrados en costos de las prisiones para la rehabilitación de los internos, pero aún no se ha gastado ni un centavo. Mientras tanto, la escasez de programas de tratamiento del estado es más flagrante que nunca. Expandir los programas de rehabilitación sería caro, pero continúa siendo una estrategia más barata, más eficaz y más humana para resolver las adicciones que encerrar a los drogadictos en prisión.

“El problema es que si no se hace nada por cambiar las condiciones de su vida, de cualquier forma van a acabar en las calles”, dijo Elliot Currie, criminólogo de la Universidad de California en Irvine. “¿Qué les va a impedir que regresen a lo que solían hacer cuando salgan? La respuesta es: nada”.

Esta alarmante falta de servicios de apoyo es un hallazgo fundamental de la histórica investigación realizada por los periodistas de la red de USA TODAY en California, quienes pasaron siete meses analizando los impactos de la propuesta 47, una ley para la reforma radical de la justicia criminal que ha sido debatida y demonizada, pero poco entendida. Para descubrir las ramificaciones de la ley, los reporteros de nuestras publicaciones (The Desert Sun, The Ventura County Star, The Record Searchlight y The Salinas Californian) presentaron 65 solicitudes de expedientes, analizaron miles de páginas de documentos públicos y efectuaron más de 50 entrevistas con los responsables de formular políticas, académicos, policías, fiscales de distrito, defensores públicos, adictos a las drogas y antiguos delincuentes. Estos son algunos de nuestros hallazgos:

· La policía de California ha eliminado drásticamente la prioridad que se le da a las redadas de drogas desde la entrada en vigor de la propuesta 47. En 2015 detuvieron y citaron aproximadamente a 22,000 personas menos, lo cual representa una disminución del 9.5 por ciento en el primer año desde que la posesión de metanfetaminas, heroína y cocaína se redujo a un delito menor.

· Según el primer análisis que se ha efectuado, desde septiembre, gracias a la propuesta 47, se han eliminado de manera retroactiva casi 200,000 condenas por delitos graves. A las dependencias gubernamentales no se les pidió que llevaran un registro de cuántas condenas se redujeron, así que los periodistas reunieron registros públicos de 21 condados para hacer un cálculo aproximado a nivel estatal. Muchos antiguos delincuentes tardarán en aprovechar el restablecimiento de sus derechos porque no están conscientes de que sus condenas han sido reducidas.

· Sin embargo, para aquellos que sí están conscientes, la propuesta 47 ofrece una oportunidad sin paralelo de obtener un mejor empleo. Miles de decenas de personas ya no tienen que reportar sus condenas por delitos graves en sus solicitudes de empleo, lo cual aumenta drásticamente sus oportunidades de conseguir trabajo en comparación con años o incluso décadas anteriores.

Michael Romano, un experto en leyes de Stanford que ayudó a redactar la propuesta 47, subrayó en una entrevista reciente que la ley ha tenido un “éxito sorprendente” en su meta principal, que siempre ha sido sacar a los delincuentes de drogas de bajo nivel del dañino y atestado sistema de prisiones de California. Sin embargo, resolver los problemas de adicción a las drogas y enfermedades mentales que asolan a tantos de los que han sido liberados de conformidad con la ley, es una tarea que requerirá invertir cientos de millones de dólares en programas de tratamiento en las comunidades de todo el estado.

“Les corresponde a los gobiernos locales enfrentar este problema”, dijo Romano. “La propuesta 47 no es una cura para todos. No es una panacea. Es solo una pieza de un rompecabezas extraordinariamente complicado, quizás el más complicado de nuestras comunidades”.

Un historial delictivo

Por primera vez en 20 años, Wayne Woods era un hombre libre. Indigente, pero libre. Woods, de 53 años, quien durante la mayor parte de su vida ha sido adicto a la cocaína y a la heroína, fue liberado en marzo por la propuesta 47, después de pasar 20 años en prisión. Como no tenía a dónde ir, Woods acabó en el tristemente célebre Skid Row de Los Ángeles, donde las tiendas de campaña y los refugios de cartón se hacinan en las calles, entre cocinas de sopas y clínicas gratuitas. Ahí hay agujas desparramadas por el suelo, y las drogas se usan abiertamente. Woods no pudo resistir durante mucho tiempo. En junio fue detenido de nuevo por un oficial de policía que lo vio fumando crack en la esquina de una calle. En la estación de policía, Woods se dio cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Parecía que las mismas drogas que lo habían mantenido encerrado durante años ahora ya casi no eran ilegales. En dos semanas se encontró de nuevo en las calles.

“En mi caso es peor”, dijo Woods mientras vagaba por el centro de Los Ángeles cargando todas sus propiedades en una mochila. “En prisión me daban todo. Tenía un lugar dónde quedarme. Tenía comidas. Tenía un empleo si quería trabajar. Y si hubiera querido drogas, ahí también podría haberlas conseguido”.

Al igual que Woods, muchos de los drogadictos liberados de conformidad con la propuesta 47 se dieron cuenta de que era fácil volver a sus antiguos hábitos después de dejar el sistema, debido a que no querían o no podían obtener acceso a programas de rehabilitación. Su situación es el capítulo más reciente del siglo de descuido de los adictos y los enfermos mentales en California.

De la misma forma en que los adictos han pasado generaciones en el sistema de prisiones, en el pasado, en EE. UU. se encerraba a los enfermos mentales en manicomios. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso prometió reemplazar el vergonzoso sistema de manicomios con una red de centros de salud mental en las comunidades. Los manicomios cerraron, pero la mayoría de los centros nunca abrieron. Liberaron a los pacientes, pero no los curaron.

California cometió el mismo error. En 1968, el estado asignó la responsabilidad de los enfermos mentales a los condados, pero nunca le dio seguimiento con fondos. El entonces gobernador Ronald Reagan cerró nueve hospitales mentales del estado, pero en dos ocasiones vetó la transferencia de fondos a los programas de tratamiento de los condados. En 15 años, la población de los hospitales mentales disminuyó un 77 por ciento.

La falta de opciones de tratamiento y una era de políticas estrictas contra la delincuencia permitió encerrar a más y más de los inseparables enfermos mentales, drogadictos e indigentes de California. Entre 1980 y 2000, la población de las prisiones de California se quintuplicó y la proporción de internos acusados de cometer delitos relacionados con drogas se triplicó. El estado se apresuró a construir 21 prisiones nuevas durante esos años, pero aun así esto no fue suficiente para mantenerse al paso: para el año 2000, el sistema de correccionales alcanzó el 175 por ciento de su capacidad.

“Las cárceles se convirtieron en el sistema de salud mental”, dijo Currie, el criminólogo de la Universidad de California en Irvine, “así que de muchas maneras por fin tenemos que enfrentar el problema que debimos haber arreglado desde un principio”. California se vio en una encrucijada en 2011, cuando el Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminó que el hacinamiento en las prisiones del estado había empeorado de tal manera que equivalía a un castigo cruel e inusual.

California respondió con el AB 109, que permitió mover a miles de delincuentes que habían cometido delitos no graves y no violentos a las cárceles de los condados. Tres años después, cuando las cárceles también se vieron sobrepobladas, la propuesta 47 liberó a los delincuentes de bajo nivel, incluidos miles de enfermos mentales y drogadictos. Sin embargo, sigue siendo difícil encontrar programas de tratamiento con camas vacías.

“Hablamos acerca del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, pero eso en realidad no existe. La gente sale y siente como si hubiera viajado en el tiempo”, dijo Eunisses Hernández, una defensora de la Alianza de Políticas acerca de las Drogas, un grupo de reforma. “Si queremos que las reformas de la justicia penal y de la justicia social funcionen, no se trata tan solo de arreglar la máquina que está encarcelando a la gente, sino de reparar el sistema que permite apoyarlos cuando salen”.

Para López, el adicto a las metanfetaminas de los suburbios de Los Ángeles, ese sistema de apoyo parecía estar fuera de su alcance. López, quien creció en el sur de California, padece de trastorno bipolar y cayó rápidamente en la adicción. En la preparatoria tomaba cerveza y fumaba mariguana, pero aunque sus amigos solo las probaban, él las usaba diariamente. López dejó la escuela y se unió al Cuerpo de Infantería de Marina, donde comenzó a usar drogas más fuertes. Lo expulsaron en 1981, después de que fue detenido en un caso de robo con invasión a una vivienda.

Esa fue la primera condena de López. El sistema de tres sentencias de California, que en el pasado era muy rígido, exigía una sentencia de cadena perpetua para cualquier acusado que tuviera dos condenas anteriores por delitos violentos o graves, incluso si el tercer delito era tan solo por posesión de drogas o por hurto en una tienda. El sistema fue responsable de encerrar a muchos de los acusados que eventualmente salieron gracias a la propuesta 47.

La tercera condena de López fue en 1994, cuando un oficial de policía del condado de Glenn lo atrapó con 1.8 gramos de metanfetaminas y una escopeta recortada durante una parada de tráfico. A López le dieron cadena perpetua por un delito grave de posesión de drogas, mientras que el cargo de posesión de armas se eliminó. Lo liberaron en abril de 2015, después de que la propuesta 47 redujo su condena a un delito menor.

López se encontró en un mundo desconocido. La prisión no había hecho nada por curar su adicción. Las drogas eran un recurso conocido, y proliferaban por todas partes.

“Fue como soltar a un niño en una dulcería y decirle que no habría consecuencias”, dijo López. “Come todo lo que quieras. Diviértete. Esa fue mi situación”.

En dos ocasiones, López entró y renunció a programas de rehabilitación después de ser liberado, diciendo que sus estrictas reglas eran muy parecidas a las de la prisión. Como no le quedaba ningún lugar a dónde ir, López llamó a su primo el del taller, a quien apenas conocía. El primo le ofreció un sillón donde dormir, pero le marcó una regla: nada de drogas en el taller. López violó esa regla rápidamente, así que el primo lo echó.

Durante las siguientes cinco semanas, López durmió en las calles, oculto en una madriguera debajo de un arbusto al lado del camino, cubriéndose con cartón y mantas. En noviembre, el primo de López le permitió que regresara a su taller, aunque continúa usando metanfetaminas.

“Aquí es donde acabé”, dijo López. “Aquí es a donde me llevaron mis decisiones, a donde me llevó mi adicción, a nada, cero”.

El juego de la espera

Rochelle Solombrino tenía una cerveza en la mano y dos paquetes de 12 en el auto cuando vio las luces de la patrulla en su espejo retrovisor. Sabía que iría a prisión, pero primero se terminaría sus cervezas.

Así que huyó tomándose rápidamente sus Coors Light, mientras las patrullas de la policía se multiplicaban detrás de ella y los helicópteros se arremolinaban en lo alto. Después de 10 cervezas y 25 minutos, finalmente se detuvo.

La persecución de 2007, por la cual Solombrino estuvo 18 meses en prisión, fue solo la última de un largo historial de delitos: un total de 47 delitos menores cometidos a lo largo de cuatro décadas. Cada delito había sido exacerbado por las drogas o el alcohol. Solombrino estaba atrapada por su adicción y pensó que nunca podría escapar.

Sin embargo, finalmente lo logró. Después de ser liberada, Solombrino se unió a un programa de tratamiento, y desde entonces no ha vuelto a consumir drogas ni alcohol. Después de estar sobria durante siete años, ella sabe que no podría haberse recuperado sin la ayuda de un programa. También sabe lo mucho que los adictos liberados gracias a la propuesta 47 necesitan contar con uno.

“Esos adictos estaban activos. Es posible que continúen activos”, dijo Solombrino, quien tiene 50 años y logró la reducción retroactiva de cuatro delitos graves de conformidad con la propuesta 47. Actualmente es coordinadora de operaciones de Fred Brown Recovery Services en San Pedro, donde logró vencer su adicción. “Esas son personas que necesitan ayuda, necesitan ayuda y yo puedo asegurarle que no todos ellos la han obtenido. Así que, definitivamente, necesitamos más programas”.

Los estudios científicos indican que los programas de tratamiento para pacientes internos pueden ayudar incluso a los adictos más graves, pero cientos de miles de adictos nunca han pasado por la rehabilitación. Algunos descartan la idea de la rehabilitación por estar demasiado adictos como para renunciar a sus hábitos o porque les preocupa no lograrlo jamás. Sin embargo, a quienes buscan ayuda se les pide que esperen durante semanas o meses antes de iniciar el tratamiento, y para entonces, la urgencia de recuperarse se desvanece en la siguiente píldora, bebida o jeringa.

“Si usted llama a cualquier centro de tratamiento del condado de Los Ángeles en busca de una cama residencial, ellos le dirán que hay una lista de espera”, dijo David Ramage, un administrador del Impact Drug and Alcohol Treatment Center de Pasadena, que tiene una lista de espera de 90 días. “La gente muere esperando obtener tratamiento. Esa es la verdad”.

La escasez de camas de tratamiento es resultado de un financiamiento inadecuado. California ha invertido muy poco en programas de rehabilitación para la drogadicción durante décadas, informaron los expertos en políticas, y la propuesta 47 es el ejemplo más reciente.

Los defensores de la propuesta 47, que les prometieron a los electores que la ley permitiría ahorrar cientos de millones de dólares en costos de prisiones, han acusado al gobernador Jerry Brown de desviar el dinero al fondo general del estado. Un informe reciente de la Oficina del Analista Legislativo proyectó un ahorro de $130 millones de dólares durante el año fiscal pasado, pero el estado solo depositó $67.4 millones de dólares en su fondo para la propuesta 47.

La oficina de Brown dirigió los comentarios acerca de los ahorros provenientes de la propuesta 47 al Departamento de Finanzas del estado. H.D. Palmer, director adjunto para asuntos externos del departamento, dijo que el estado no subvaloró los ahorros.

“Una de las peores cosas que podríamos hacer es provocar falsas expectativas”, dijo, “y por lo tanto hacer que la gente presupueste a un nivel superior de ahorros a nivel local que a final de cuentas no se puede lograr”.

El estado utilizará el fondo de la propuesta 47 para asignar $34 millones de dólares a programas de tratamiento de salud mental, abuso de sustancias y recuperación durante este año fiscal. La dependencia responsable de asignar los fondos ha pasado 18 meses creando un proceso de subvenciones, pero apenas el mes pasado comenzaron a aceptar propuestas para financiamiento.

Por ahora, los centros de tratamiento andan escasos de fondos y tienen dificultades para sobrevivir. Incluso cuando el dinero por fin llegue, la expansión no será fácil.

A veces los vecindarios reaccionan cuando los centros de tratamiento tratan de expandirse, dijo Doug Burg, administrador de la Fundación Amity, que administra programas de reingreso para internos actuales y antiguos por todo el oeste de EE. UU. Si libran ese obstáculo, cada centro nuevo necesitará un contrato con el condado y tiempo para capacitar empleados.

“Pienso que estas propuestas son absolutamente esenciales para que realmente logremos alejarnos de la encarcelación masiva”, dijo Burg. “Sin embargo, es difícil porque con frecuencia pensamos en estos grandes cambios a las políticas, pero no en las necesidades operativas de esta gente, de los proveedores de servicios que tienen que administrar estos programas”.

En comparación con el sistema de justicia penal, sin embargo, el tratamiento es una estrategia mucho más costeable para manejar a los 565,000 adultos dependientes de drogas de California. Los programas de tratamiento para pacientes internos, que por lo general duran de seis meses a un año, tienen un costo de aproximadamente $20,000 dólares por persona, lo cual representa menos de una tercera parte del costo anual por mantener a un adicto en la cárcel o en prisión. Además, al tratar la adicción, que es la causa raíz de muchos delitos relacionados con las drogas y las propiedades, la rehabilitación reduce las posibilidades de que las personas cometan delitos en el futuro.

“Ofrecer un tratamiento para las drogas es simplemente mucho más barato y eficaz”, dijo Dina Perrone, experta en políticas relacionadas con drogas y profesora de criminología de la Universidad Estatal de California en Long Beach.

Mientras los centros de tratamiento de las comunidades batallan para mantenerse al paso de la demanda, los programas de los tribunales contra las drogas se están vaciando. Los tribunales contra las drogas tradicionalmente se han llenado por medio de una estrategia de acusación de delitos graves que utiliza la encarcelación para presionar a los adictos a tomar el camino de la recuperación. Cuando un adicto es detenido, un juez del tribunal de la una opción: pasar años tras las rejas o unirse a un programa de rehabilitación de un año.

Después de la propuesta 47, sin embargo, la fórmula ya no funciona. La encarcelación es poco probable, y la libertad condicional por un delito menor es más corta y menos restrictiva que el tribunal contra las drogas, así que muchos delincuentes la prefieren.

Los resultados son claros. En el programa del tribunal contra las drogas de mayor duración de Los Ángeles, cuya sede se encuentra en un angosto edificio en los límites de Skid Row, la inscripción ha caído de 80 personas a tan solo cuatro. Ramage, quien dirige el programa de tribunales contra las drogas, dijo que la propuesta 47 “lo destruyó”.

Los expertos en políticas rápidamente responden que los programas de tribunales contra las drogas continúan criminalizando la adicción. Las personas que no pueden completar los programas de todas formas acaban tras las rejas.

“Esa no es la forma en que el sistema debe funcionar”, dijo Hernández, de la Alianza de Políticas acerca de las Drogas. “Ese asunto del delito grave solo ha servido para encarcelar a generaciones de nuestras comunidades”.

Solombrino, la mujer de la persecución de 2007, estuvo encerrada docenas de veces, pero eso nunca le ayudó con su adicción. El tratamiento fue la única solución eficaz para una vida de delitos y drogadicción.

Los padres de Solombrino se divorciaron cuando ella aún era una bebé. En la escuela privada cristiana a la que asistió, tuvo dificultades para enfrentar su homosexualidad. A la edad de seis años, su padrastro abusó sexualmente de ella. Para cuando tenía 16 años de edad, época en la que ya usaba mariguana, cocaína y PCP en forma regular, ya no pudo ocultar sus emociones, así que acudió a su padre para pedirle ayuda.

“Le dije: ‘No me siento bien. No me siento bien por dentro. Tengo mucha ansiedad’”, recuerda ahora, 34 años después. “Él me respondió: ‘Tómate una copa, ya se te pasará’. En nuestra cultura, no se le da importancia a ese tipo de cosas. Tómate una copa, todo saldrá bien. Así que eso fue lo que hice”.

Sin importar la cantidad de conversaciones con la familia, tiempo en la cárcel, advertencias de jueces o intervenciones de sus amigos, fue imposible cambiar a Solombrino. Sin embargo, durante el tratamiento, ella enfrentó directamente sus recuerdos más oscuros. Escribió una autobiografía de 18 páginas en la que resumió su vida, le asignó tres emociones a cada evento significativo y redactó cartas para cada una de las personas que aparecían en su historia. Se disculpó con la gente de su vida a quien le había hecho algún mal. Aprendió de otros que estaban enfrentando las adicciones, y su nueva red de apoyo la felicitaba cada día que permanecía alejada de ellas.

“A cada paso del tratamiento, este peso se fue eliminando y eliminando y eliminando hasta que quedé libre. De pronto, me sentía ligera de nuevo”, dijo. “Me sentía como una niña, como que ‘Oh, Dios, literalmente puedo comenzar de nuevo’. Mi pasado no tiene que definirme, sino lo que estoy tratando de hacer hoy para cambiar”.

“Eso, para mí, fue la libertad de purgar todos mis demonios, todos mis secretos y toda mi vida”, informó.

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