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Analizan “ciudades santuario” posibles secuelas de la presidencia de Trump

POR JESSICA A. YORK

El apoyo comenzó a llegar poco después de que Donald Trump concluyó su discurso político en Phoenix en agosto, durante el cual hizo comentarios en contra de las denominadas “ciudades santuario”.

“Mucha gente me llamó y me envió mensajes a través de los medios sociales diciéndome que deberíamos convertir a Watsonville en una ciudad santuario”, dijo el alcalde Felipe Hernández. “Ni siquiera sabían que ya lo es”.

Hace décadas, Watsonville y Santa Cruz, la ciudad y el condado, así como sus dependencias de la ley, adoptaron políticas que les permiten no reportar automáticamente a las personas sospechosas de haber inmigrado ilegalmente al país ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. para su deportación. Con la elección de Trump el miércoles como el 45° presidente de los Estados Unidos, hay comunidades por todo el país que están analizando con más detenimiento el posible impacto de las declaraciones políticas del republicano de Nueva York.

En los últimos días, los alcaldes de ciudades desde Nueva York hasta Los Ángeles han renovado sus promesas de proteger a sus residentes contra la deportación.

Hernández dijo que a él también le gustaría aclarar su posición de mantener a Watsonville designada como una ciudad santuario, mientras espera a ver cuáles son los planes de Trump. De ser necesario, agregó, las resoluciones de la ciudad podrían modificarse para eliminar el término “santuario”, pero continuarían ofreciendo protección como lo han hecho otras ciudades.

Informó que la importancia de mantener la situación de la ciudad es doble: mantener unidas a las familias locales y proteger a la fuerza laboral de la economía local, cuya mayoría es de inmigrantes.

“Tenemos por ejemplo al Valle del Pajaro, donde aproximadamente el 40 por ciento de su población trabaja en la agricultura. Cuando la gente llega aquí, es para trabajar en la industria agrícola y no porque les hayamos puesto un apodo de ‘ciudades santuario’. Básicamente vienen aquí para trabajar”, dijo Hernández por teléfono desde Hawaii el martes.

“No es bueno para nuestra economía local que la policía ande por ahí buscándolos en este juego del gato y el ratón. Quiero proteger los intereses de nuestra economía. Si los trabajadores se sienten seguros, entonces la economía está segura”.

El asunto llegó a su punto álgido en el condado de Santa Cruz a principios de la década de 1980, cuando los oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización llevaron a cabo una serie de redadas y detenciones de migración por los vecindarios que se consideraban predominantemente latinos.

En febrero de 1985 comenzó a reunirse una fuerza de tareas sobre abusos de inmigración, dirigida por el entonces representante Leon Panetta, después de que 59 personas fueron detenidas en los seis meses anteriores y 29 fueron encarceladas por diversos cargos. En ese momento, los alegatos de detenciones inconstitucionales y basadas en la raza formaban una parte esencial de las preocupaciones de la comunidad.

En el discurso que pronunció el 31 de agosto sobre migración, el cual se publicó en una transcripción en Los Angeles Times, Trump dijo que tiene la intención de eliminar el financiamiento federal para las ciudades santuario.

“Pondremos fin a las ciudades santuario que han dado como resultado tantas muertes innecesarias”, dijo Trump. “Las ciudades que se rehúsen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dinero de los contribuyentes, y trabajaremos con el Congreso para aprobar leyes que protejan a las jurisdicciones que sí ayuden a las autoridades federales”.

Los funcionarios de Santa Cruz y Watsonville no estuvieron disponibles para hablar de cuánto dinero reciben sus respectivas ciudades en financiamiento federal, ni para calcular cuáles fondos podrían resultar afectados a consecuencia de las políticas de Trump.

La alcaldesa de Santa Cruz Cynthia Mathews dijo el martes que está preocupada por los “cambios masivos en el financiamiento federal, pero creo que es demasiado pronto para especular”.

Kevin Vogel, jefe de la policía de Santa Cruz, le escribió una carta el lunes a Kris Munro, superintendente de las escuelas de esa ciudad, para pedirle que comparta el mensaje con los estudiantes de los distritos y sus familias. La misiva surgió a raíz del temor de un estudiante de secundaria de que “los oficiales de policía uniformados irían a la escuela a detener a los niños indocumentados”.

Vogel subrayó que su departamento no aplica las leyes federales de migración y que tiene instrucciones de aplicar la ley de manera equitativa entre toda la comunidad, sin importar su situación migratoria.

“El hecho de que una persona pueda ser sospechosa de ser indocumentada, por sí solo, no deberá ser motivo para hacer un contacto, una detención o un arresto por parte del Departamento de Policía de Santa Cruz”, escribió Vogel.

En una entrevista con “60 Minutes” que se transmitió el domingo, Trump dijo que la prioridad de su administración será deportar a los delincuentes y asegurar la frontera.

Sin embargo, la ciudades santuario continúan teniendo importantes preguntas e inquietudes acerca de esta actitud hacia ellas.

No hay una definición legal para el término, al cual se oponen algunos defensores de la inmigración, ya que dicen que no refleja que de cualquier forma las personas pueden ser deportadas.

Como no es posible obligar a los estados y a las ciudades a aplicar las leyes federales, y no existe un requisito federal de que la policía pregunte acerca de la situación migratoria de la persona, es probable que cualquier esfuerzo de Trump por tomar medidas enérgicas contra las ciudades santuario se enfoque en las que se rehúsen a cumplir con las solicitudes de ICE, dijo Roy Beck, director ejecutivo de NumbersUSA, organización que desea ver una reducción en los niveles de inmigrantes.

Tampoco está claro qué dinero podría quitarle Trump a las ciudades. Para que el Congreso imponga condiciones acerca de los fondos federales que se dirigen a los estados, esas condiciones deben relacionarse de manera razonable con el propósito de dicho financiamiento, según lo ha estipulado el Tribunal Supremo de EE. UU.

Por ejemplo, el gobierno amenazó con congelar los fondos para las carreteras de cualquier estado que no adoptara el límite de 0.08 de alcohol en la sangre; en ese caso, tanto el límite como el financiamiento para las carreteras se relacionaban con la seguridad en el camino.

A nivel nacional, aproximadamente 300 jurisdicciones cuentan con políticas tipo santuario, según informó el Centro de Estudios Migratorios, organismo que está en favor de reducir los niveles de inmigración.

“El resultado es que las personas que deberían ser reportadas, que han atraído la atención de la policía debido a un delito, son puestas de nuevo en libertad”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios políticos del grupo.

Un ejemplo excelente para las personas que apoyan una ofensiva contra las ciudades santuario es el tiroteo fatal de Kate Steinle que ocurrió el año pasado en un muelle de San Francisco. Un hombre que había sido deportado anteriormente y que fue liberado por las fuerzas locales de la ley fue acusado de cometer el homicidio.

Las personas que defienden la inmigración dicen que les preocupa que los planes de Trump provoquen la deportación de más que tan solo delincuentes violentos, y se están preparando para pelear.

“Estas ciudades han reafirmado que van a respetar la dignidad de todos sus residentes”, dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos Migratorios del Noroeste, con sede en Seattle. “Lo que dicen es que ‘no vamos a utilizar nuestros recursos para separar familias, para deportar niños, para desgarrar comunidades’”.

The Associated Press contribuyó a este reportaje.

(c)2016 the Santa Cruz Sentinel