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La Cudad de Salinas, que se ha visto afectada por una escasez de vivienda asequible en uno de los mercados de vivienda más caros del país, está buscando soluciones.

Una de ellas es atraer a urbanizadores para que construyan más viviendas asequible al modificar su ordenanza existente de vivienda social. La vivienda social combina las propiedades de renta y venta, y está dirigida a las familias con ingresos bajos a moderados.

Desde 2015, la ciudad ha estado trabajando con un comité asesor técnico para la creación de una modificación a la ordenanza, con la meta de expandir la vivienda asequible.

El personal y el ayuntamiento de la ciudad están de acuerdo en que la ordenanza existente de la ciudad, que se actualizó por última vez en 2005, ya está muy obsoleta.

“Están tratando de enmendarla ahora porque el mercado de la vivienda se colapsó en 2006, y en realidad no hubo construcción ni urbanización hasta ahora”, dijo la concejal Kimbley Craig.

El martes, el personal de la ciudad efectuó una sesión de estudio acerca de la vivienda para informarle al ayuntamiento y al público acerca de los últimos avances en cuanto a las políticas y los proyectos de vivienda. Esto incluyó una actualización a la ordenanza de vivienda social.

El comité asesor de siete integrantes, que incluye a Paul Farmer, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Valle de Salinas, y al abogado Brian Finegan, se ha estado reuniendo desde el verano de 2015.

Aunque no se han fijado fechas, la ciudad espera llevar de nuevo la propuesta de la ordenanza a la comisión de planeación y al ayuntamiento para su votación.

La junta del martes atrajo a asistentes como Jill Allen, directora de Dorothy’s Place, y a Alfred Diaz-Infante, director de CHISPA, la mayor urbanizadora de vivienda privada y sin fines de lucro con sede en el Condado de Monterey.

“Queremos ofrecer más alternativas a los urbanizadores y hacer las cosas más fáciles para ellos”, dijo Joel Álvarez, director de los servicios de vivienda de la ciudad. Los cambios propuestos incluyen permitir que los urbanizadores construyan en lotes más pequeños y ofrezcan diversas opciones de viviendas de renta.

Salinas cuenta actualmente con más de 400 unidades de vivienda social, pero eso no es suficiente para una ciudad que tiene una gran población de clase trabajadora, así como elevados precios en las rentas y ventas de viviendas, contra un trasfondo en el que la tierra es costosa.

Diaz-Infante dijo que todas las listas de espera para viviendas de bajos ingresos, incluidas las de la sección 8, están cerradas, a excepción de un desarrollo de vivienda reservado para trabajadores agrícolas. La lista de espera tiene un tope de 2,000 “para no dar falsas esperanzas a la gente”.

“Hay mucha demanda de vivienda, podría tardar años”, dijo Diaz-Infante acerca de cuándo podrían reducirse las listas de espera.

Se espera que el proceso de solicitud se abra de nuevo en abril de 2017.

El concejal Tony Barrera dijo que las consecuencias de la escasez de vivienda incluyen vecindarios densamente poblados, donde familias completas están viviendo en conversiones ilegales, como cocheras e incluso cobertizos de herramientas.

Tan solo entre el 1° de julio y el 17 de octubre se abrieron 899 casos de aplicación del código, incluidos 93 casos de viviendas que no cumplen con las normas, construcciones peligrosas y ocupación ilegal, según el informe de desarrollo de la comunidad.

“La gente está ganando mucho dinero con las personas de bajos ingresos”, dijo Megan Hunter, directora de desarrollo de la comunidad.

Además de actualizar la ordenanza de vivienda social, la ciudad planea trabajar en un informe oficial para analizar las necesidades de vivienda de los trabajadores del campo.

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