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- La batalla en torno a la inmigración ilegal llega a la Corte Suprema el lunes, en que ese cuerpo comenzará a analizar una disputa que puede afectar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia.

La Corte analizará los programas del gobierno de Barack Obama que podrían dejar en suspenso la deportación de unos 4 millones de personas y darles derecho a trabajar.

Programas anunciados por Obama en noviembre del 2014 cobijarían a personas con hijos estadounidenses o que viven en el país legalmente. Esos programas complementan los lanzados en el 2012 por el mandatario que beneficiaron a jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños . Más de 700,000 personas se ampararon en ese alivio. El nuevo programa para los padres de esos jóvenes y el programa ampliado para menores podría cobijar a hasta 4 millones de personas, según el Instituto de Políticas Migratorias, un organismo independiente.

Texas y otros 25 estados acudieron a los tribunales para bloquear esas iniciativas poco después de que fuesen anunciadas y algunas cortes fallaron a su favor. Los programas nunca entraron en vigor.

Los estados, y los legisladores republicanos, afirman que Obama no tiene autoridad para modificar las leyes de inmigración. Al anunciar la segunda tanda de medidas hace 17 meses, Obama dijo que actuaba por su cuenta porque el Congreso no hacía nada por reformar un sistema migratorio que no funciona. El Senado aprobó una reforma, pero la iniciativa fue bloqueada por los republicanos de la Cámara de Representantes.

El gobierno y los defensores de los inmigrantes que no tienen permiso de residencia dicen que las órdenes ejecutivas sobre inmigración no son algo sin precedentes y ni siquiera algo inusual. Afirman que los programas de Obama son una continuación de esfuerzos previos de gobiernos tanto demócratas como republicanos que emplearon la discreción ejecutiva para decidir quiénes deben ser deportados.

“Uno de los aspectos principales del sistema de deportaciones es la amplia discreción que tienen las autoridades de inmigración. Los funcionarios federales deben decidir si tiene sentido iniciar un trámite” de deportación o no, declaró el juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy. “La discreción de que gozan las autoridades del servicio de inmigración toma en cuenta consideraciones humanas. Los trabajadores no autorizados que tratan de mantener sus familias, por ejemplo, representan un peligro menor que contrabandistas o personas que cometen delitos graves”.

El gobierno y sus partidarios aseguran que los programas en cuestión no ofrecen protección a todo el mundo, sino que se analiza caso por caso. Y la suspensión de las deportaciones es temporal, por tres años.

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