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La semana pasada se publicó una serie de documentos que contienen detalles acerca de cinco denuncias a servicios sociales para que acudieran a la casa de la sospechosa de homicidio Tami Huntsman antes de la muerte de Delylah Tara de 3 años y de Shaun Tara Jr. de 6 años de edad, así como del análisis que le hizo el estado al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Monterey acerca del asunto.

En diciembre pasado, los cuerpos de los niños fueron descubiertos dentro de un contenedor que estaba guardado en una unidad de almacenamiento de Redding, mientras que su hermana de 9 años fue hospitalizada después de ser encontrada casi muerta a consecuencia de golpes e inanición.

Huntsman, de 40 años, y su supuesto novio Gonzalo Curiel, quien acaba de cumplir 18, están acusados de homicidio, tortura, abuso infantil y más en este caso.

Ambos permanecen en custodia mientras esperan juicio, y el dictamen del estado acerca del manejo del caso por parte del condado, antes de la muerte de los niños ya ha suscitado cambios inmediatos en su personal y procedimientos.

Aunque hubo cinco denuncias relacionadas con los niños en los siete meses anteriores a sus muertes, ninguna de las numerosas visitas por parte de servicios sociales produjo evidencia que indicara un peligro inmediato; después de una visita que se hizo más de un mes antes de sus muertes, la familia se volvió evasiva y dejó de responder a los intentos de seguimiento de los trabajadores sociales.

Hunstman comenzó a cuidar a los tres niños, además de sus propios hijos biológicos, después de que la madre de estos muriera al ser atropellada por un vehículo y su padre fuera encarcelado. Según los documentos de los servicios sociales, Huntsman es prima materna de los niños.

El padre de los niños le pidió a Huntsman que los cuidara y esta los aceptó, declarando que no quería que acabaran en el “sistema”, según los informes.

Durante una de las visitas de los trabajadores sociales el año pasado, uno de los niños dijo que “nadie más quería aceptarnos, así que ella nos aceptó y nos adoptó”, según el informe.

En una denuncia hecha en abril a causa de una sospecha de descuido de los niños, el denunciante dijo que había niños pequeños sin supervisión en la residencia, y el oficial que respondió encontró a los niños sin supervisión directa. Sin embargo, un familiar que vivía aproximadamente a 50 pies de distancia dijo que se verificaba a los niños con regularidad.

Huntsman cooperó con las visitas de seguimiento y se le aconsejó que no dejara a Delylah bajo el cuidado de los niños mayores. Se observó que la casa era muy pequeña y desordenada, pero los “niños parecían estar arreglados y bien cuidados”, según el informe.

El trabajador social no encontró ninguna amenaza a la seguridad de los niños, y la visita se cerró con la recomendación de que se consideraba que los alegatos de descuido general eran infundados.

A mediados de mayo, los servicios sociales recibieron una denuncia en la que se alegaba el descuido general de Shaun y de una niña, supuestamente la sobreviviente de 9 años de edad, y la persona que reportó el descuido observó que los niños tenían piojos, problemas de ausentismo con 16 ausencias injustificadas, una apariencia desaliñada y otros problemas.

La persona que hizo la denuncia, de la escuela de los niños, declaró que la niña parecía estar desnutrida y que amontonaba comida en su plato durante el almuerzo antes de consumirla muy rápidamente. La niña también parecía usar los mismos pantalones durante días, así como el mismo suéter con frecuencia, incluso cuando hacía mucho calor.

Un trabajador social que respondió entrevistó a los niños y determinó que en general estaban limpios, aunque su ropa estaba desgastada. Ambos describieron que comían con regularidad y que se sentían seguros en su casa, aunque Shaun dijo que un niño de la casa, posiblemente Curiel, a veces los nalgueaba a él y a su hermana con un cinto, y uno de los niños se quejó acerca de que había cucarachas en la casa. Los niños no tenían ninguna marca ni moretones visibles.

Huntsman reconoció los problemas de ausentismo, pero dijo que esto se debía a un problema de acoso por parte de su ex-esposo, según el informe. Alegó que no estaba enterada de que a los niños se les disciplinaba con un cinto, y declaró que en el futuro eso no sería tolerado.

“Aunque los niños reportaron que sus necesidades están satisfechas y se sienten seguros en el hogar, parece haber problemas continuos de piojos y ausentismo que su cuidadora, Tami Huntsman, no está resolviendo bien”, según el informe, y se determinó que los alegatos de descuido en general eran inconclusos.

El personal de la escuela observó una diferencia entre los hijos biológicos de Huntsman y los tres niños que ella acogió, declarando que los gemelos mayores que son sus hijos biológicos parecían estar mejor atendidos.

Como no se observó ninguna amenaza inminente en el momento, la denuncia se cerró sin llevar a cabo ninguna acción adicional.

Aproximadamente en la misma época, los abuelos maternos de los niños se comunicaron con servicios sociales, ya que supuestamente no pudieron encontrar a los niños durante algún tiempo después de la muerte de su madre.

La abuela dijo que el padre biológico de los niños supuestamente golpeaba a la madre antes de que esta muriera, y expresó su interés en adquirir la custodia de los niños ya que creía que estarían mejor bajo su cuidado con su hermana mayor.

Servicios sociales hizo arreglos para que la abuela y Huntsman, quien indicó que no sabía que estaba buscando obtener la custodia, tuvieran una conferencia telefónica para hablar del asunto. Huntsman expresó su interés en obtener la custodia legal de los niños, ya que dijo que estaban unidos e integrados con su familia, según el documento.

La llamada en conferencia ocurrió en junio, y el trabajador social dijo que, sin haber preocupaciones inmediatas por la seguridad de los niños, el asunto de la tutoría tendría que decidirse en los tribunales.

En agosto, los servicios sociales de nuevo recibieron un informe en el que se alegaba el descuido general de Delylah y Shaun por parte de Huntsman; la persona que hizo la denuncia declaró que Delylah estaba “infestada de piojos”, que los niños estaban “realmente flacos” y que la casa estaba infestada de cucarachas. La persona que hizo la denuncia también dijo que Delylah estaba atada a una cama como castigo por haberse hecho pipí en los pantalones.

El trabajador social se comunicó con la familia durante una visita programada al hogar y encontró que este estaba extremadamente desordenado, con problemas constantes de cucarachas y pulgas.

Huntsman dijo que su abuela había fallecido recientemente y que estaban tratando de ordenar sus pertenencias. Según el informe, el trabajador social trató de ver a los niños, pero las luces estaban apagadas en las habitaciones y estaba demasiado oscuro para ver.

El trabajador social volvió para otra entrevista aproximadamente una semana después.

Durante una entrevista con los niños, estos informaron que se sentían seguros. Shaun tenía moretones pequeños y pálidos en la frente, y la familia dijo que eso era resultado de que se había quedado dormido sobre un juguete.

El trabajador social observó que Shaun volteaba a ver con frecuencia a otro niño antes de contestar las preguntas que le hacía directamente. El trabajador social también observó que Shaun parecía haber bajado de peso desde su último contacto en mayo.

El trabajador social llevó a cabo una evaluación visual de los niños haciendo que se levantaran las mangas y las piernas de los pantalones, pero no encontró lesiones visibles además de lo que parecían ser picaduras de pulgas. En esa ocasión se estaban cocinando alimentos en el hogar.

Los trabajadores sociales trataron de dar seguimiento con múltiples contactos subsiguientes durante las siguientes semanas y hasta finales de septiembre, incluidas visitas no anunciadas al hogar, pero según la narrativa de la investigación no pudieron localizar a la familia y la investigación no se completó.

“Ese es un verdadero problema para nosotros y hemos estado trabajando para hacer que la gente se haga responsable, informó Eliott Robinson, director de Servicios Sociales del Condado de Monterey. “Pero necesitan más personal de apoyo para llegar a ese punto”.

En ese momento los niños ya no asistían a la escuela pública, sino que estaban recibiendo educación en el hogar.

“Se desconoce si hay amenazas inminentes a la seguridad, ya que este (trabajador social) no pudo completar la evaluación de bienestar de los niños”, se lee en el informe, en el que el trabajador social recomienda que los alegatos se consideren inconclusos y se cierre la denuncia sin llevar a cabo otra acción.

“Si esta familia de nuevo le llama la atención al departamento, se recomienda encarecidamente entrevistar a los niños en privado”, escribió el trabajador social.

En octubre se levantó un informe de sospecha de abuso infantil en el que se hizo referencia a un reporte de que uno de los niños estaba atado a la cama con una abrazadera plástica (zip-tie) y que Huntsman supuestamente tenía una relación con un adolescente no identificado que al parecer era Curiel. A mediados de octubre, las autoridades acudieron a la casa aproximadamente a las 10:00 P.M., pero no hubo respuesta.

En la revisión por parte del estado de la forma en que el condado manejó el caso, se dieron cuenta de que el reporte de abuso infantil no había sido ingresado en el registro de denuncias, porque por error se había reportado que era un duplicado de una denuncia previamente investigada.

Como resultado de ello, de manera alarmante no se incluyó en ninguna investigación ni se respondió al informe.

Una vez que el estado le llamó la atención al condado acerca de esto, servicios sociales inició de inmediato una revisión completa de su sistema y procesos, según se detalla en la revisión.

Robinson observó que servicios sociales ha tenido un aumento en la cantidad de denuncias e investigaciones a lo largo de los últimos años, pero que su personal no ha aumentado al mismo paso.

En enero, el departamento agregó a seis trabajadores sociales más para desempeñar funciones de recepción y de respuesta de emergencia, dijo Robinson, y se transfirió a un supervisor adicional con experiencia a la función de recepción, para ayudar a garantizar que todas las denuncias, duplicadas o no, se evaluaran correctamente.

En la última denuncia del 13 de diciembre, servicios sociales recibió otro informe de abuso infantil acerca de Delylah y Shaun; la persona que llamó quería verificar si servicios sociales había tomado la custodia, ya que no podían localizar a los niños.

Al día siguiente se notificó a servicios sociales que los cuerpos de Shaun y Delylah habían sido encontrados dentro de la unidad de almacenamiento de Redding, y que parecía que los cuerpos habían estado ahí por lo menos una semana. Su hermana de 9 años fue hospitalizada con múltiples fracturas, después de que casi la mataron a golpes.

La familia, que incluye los padres biológicos de los niños, hermanos y a Huntsman, tiene un extenso historial en servicios sociales que incluye 53 denuncias en cuatro condados como San Bernardino, Los Ángeles, Riverside y Monterey, que datan de finales de la década de 1990. No todas esas denuncias se relacionan tan sólo con Shaun y Delylah, y los nombres de las otras supuestas víctimas fueron ocultados en los documentos.

Cuando un niño muere, el estado inicia un análisis del manejo del caso por parte de los servicios sociales del condado, con el fin de identificar cualquier problema o área de la política estatal o las prácticas locales que pueda requerir cambios para evitar otra muerte.

Durante el análisis estatal del Condado de Monterey, que duró tres días en el mes de enero, el estado descubrió que aunque el Condado de Monterey supera las normas nacionales en muchas áreas, existen cinco áreas de mejora en cuanto a las prácticas de bienestar infantil y cuatro áreas de mejora para reflejar las mejores prácticas.

En una denuncia, el estado descubrió que el protocolo de respuesta de emergencia no se había completado de inmediato, sino que más bien se había ingresado al sistema seis días después de haberse recibido.

El estado también descubrió que el condado no llevó a cabo de inmediato una investigación en persona acerca de una denuncia, y que en lugar de ello se basó en la información que proporcionaron los oficiales de la ley que hicieron una verificación de bienestar.

El estado descubrió que en una denuncia, un niño reveló abuso físico contra él y otro niño, pero esta revelación no fue documentada como un alegato adicional. Aunque el alegato se discutió con Huntsman, no se emprendió ninguna acción posterior como entrevistar al supuesto responsable o llevar a cabo una investigación más profunda.

A pesar del trabajo de la investigación de dos denuncias completadas, el cierre administrativo de dos denuncias permaneció abierto más de 100 días y hasta la muerte de los niños.

El condado tampoco había verificado la custodia legal de los niños.

Al observar las recomendaciones de mejores prácticas, el estado también encontró que en una de las denuncias, el condado no había llevado a cabo una verificación corporal de cada niño, ya que uno de ellos se encontraba enfermo en ese momento y la familia se mostró evasiva en verificaciones posteriores.

Entre otros problemas observados, no se completaron las evaluaciones de seguridad y riesgo de los casos en el marco de tiempo requerido.

Aunque servicios sociales hizo referencia a las barreras encontradas cuando las familias se mostraron evasivas y servicios sociales no pudo lograr acceso a los niños, también se le aconsejó al condado que enmiende las políticas para entrevistar a los niños en la escuela con el fin de permitir que los trabajadores sociales tengan mejores oportunidades de acceso y obtengan información crucial de los niños fuera del hogar.

Robinson dijo que el departamento acaba de establecer un acuerdo con el tribunal superior del condado de Monterey para implementar un proceso de órdenes judiciales para investigaciones y custodia de protección.

Los trabajadores sociales con frecuencia se ven limitados por problemas legales como el derecho a la privacidad, así como a no detener a las personas de manera ilegal, dijo Robinson. Sacar a un niño de un hogar como una medida precautoria antes de establecer si existe algún peligro inminente puede ser peor para el niño y viola sus derechos, informó.

Sin embargo, aceptó que una de las últimas denuncias pasó desapercibida, y agregó que acepta toda la responsabilidad por cualquier deficiencia en el caso.

Cuando se le preguntó que si al resolver antes los problemas de procedimiento se habría evitado la muerte de los niños, Robinson respondió que “lo que no puedo decir es qué diferencia habría causado. Uno puede especular todo tipo de cosas, pero lo que puedo decir es que teníamos nuestra responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia con la familia”.

El condado tiene 30 días después del análisis del estado para completar o iniciar los cambios recomendados.

“Lo que sabemos es que la familia se mostró evasiva, y si estos sistemas se hubieran implementado en octubre ¿habrían continuado mostrándose evasivos? No puedo responder esa pregunta. Sí puedo decir que habríamos tenido a un trabajador social haciendo el mejor esfuerzo como lo hicimos en todas las denuncias... La solución no es cortar cabezas, sino buscar soluciones sistemáticas y trabajar con la comunidad”, dijo Robinson.

Mientras tanto, al parecer Huntsman está embarazada. Aunque los funcionarios no pudieron confirmar esto debido a las leyes de privacidad médica, ella ha estado acudiendo a “muchas citas médicas, lo cual coincide con alguien que está embarazada”, dijo el comandante John Thornburg de la Oficina del Alguacil del Condado de Monterey.

A todas las internas que entran a la cárcel se les pregunta si están embarazadas, y si contestan que sí se les hace una prueba para que el personal pueda asegurarse de hacerles cualquier las citas médicas necesarias, informó.

Las internas embarazadas reciben comida adicional, atención prenatal, por lo general un colchón adicional y zapatos diferentes, explicó Thornburg.

Si no hay padres que estén dispuestos y tengan capacidad de ofrecerle cuidados al niño, este será puesto bajo custodia de protección y pasará por el sistema de tribunales para encontrar una colocación adecuada y segura para él, dijo Robinson. No está claro quién es el padre.

Huntsman es elegible para la pena de muerte, mientras que Curiel, como era menor de edad en ese momento, no lo es. La pareja tiene programado presentarse de nuevo en el tribunal el 4 de marzo para programar una audiencia preliminar.

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