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Los problemas en la deteriorada y sobrepoblada cárcel del Condado de Monterey van desde conductas que ponen en peligro a los internos y falta de responsabilidad, hasta un escrutinio inadecuado del correo, según un informe muy negativo publicado por el gran jurado civil el martes por la tarde.

En el informe de 40 páginas se describen deficiencias derivadas de tres áreas fundamentales: la asignación inadecuada de fondos, la falta de liderazgo y una dotación de personal inadecuada.

El informe indica que los problemas muy arraigados son causados por los miembros del personal que se resisten al cambio y no son disciplinados de una manera eficaz: “Tradicionalmente casi nunca ha habido castigos porque algún oficial no cumple con las políticas y procedimientos de la cárcel”.

La falta crónica de personal en la cárcel se observó como un problema importante en un informe del gran jurado en 2012, pero desde entonces pocas cosas han cambiado, se menciona en el nuevo informe.

Estas tres áreas principales producen una gran variedad de otros problemas que se incluyen en el informe.

Entre otras cosas, el informe analiza una demanda presentada en grupo acerca de la atención médica a los internos, la cual se presentó en el tribunal de distrito de EE. UU. y está pendiente de recibir la aprobación del tribunal para llegar a un acuerdo tentativo, pero dice que “los problemas que se observaron o se reportaron (al gran jurado)... van más allá de las condiciones que se alegan y se acuerdan en el caso de la demanda. Estos problemas se pueden dividir en... asuntos de salud y seguridad, asuntos financieros y de contratación, y asuntos administrativos”. El informe observa que California Forensics Medical Group ha tenido el contrato de servicios durante 26 años, y recomienda asegurarse de que dicho contrato se anuncie ampliamente la próxima vez que se someta a concurso.

El alguacil Steve Bernal tiene 60 días para responder al informe, pero su oficina publicó una breve declaración el martes por la tarde:

“La Oficina del Alguacil ha revisado el informe final n.° 12 del Gran Jurado Civil del Condado de Monterey (Monterey County Civil Grand Jury, MCCGJ) para 2014-2015. La Oficina del Alguacil aplaude (al gran jurado) por sus esfuerzos y está de acuerdo con algunos de sus hallazgos. Como se describe en el informe, el condado y la oficina del alguacil han llegado a un acuerdo tentativo (en el caso de la demanda en grupo). El acuerdo requiere que los demandados y los demandantes trabajen juntos para resolver muchos de los hallazgos (del gran jurado), incluidos, sin limitarse a ellos, los asuntos relacionados con la atención médica, clasificación, programas y dotación de personal.

“Además, muchos de los asuntos y recomendaciones detallados (por el gran jurado) y que no se han identificado en el acuerdo, ya han sido identificados por la administración actual. Se han hecho mejoras y se han cambiado prácticas. Se han implementado muchos cambios adicionales, o estos se encuentran en varias etapas de implementación.

“La Oficina del Alguacil espera trabajar con sus socios para resolver los hallazgos y recomendaciones del MCCGJ, y continuará buscando la implementación de prácticas eficientes y eficaces para garantizar la seguridad del personal y los internos”.

Informe: Una área débil. son las verificaciones de bienestar de los internos

El informe se enfoca en las muertes de los internos en custodia y en las verificaciones de bienestar y seguridad, y concluye que “existe un problema crónico con los funcionarios de la cárcel que no efectúan las verificaciones visuales obligatorias de los internos... (El gran jurado) encontró sólida evidencia de que las verificaciones del bienestar de los internos en toda la cárcel no se llevan a cabo de manera rutinaria una vez por hora, ni tampoco se efectúan en un horario irregular como lo requieren las leyes de California”. El jurado también encontró que las bitácoras de dichas verificaciones de bienestar con frecuencia tienen garabatos ilegibles en el espacio de las firmas, que “dificultan más la responsabilidad y parecen estar relacionadas con una resistencia general al cambio”. Los problemas se pueden atribuir en parte “a la falta o al uso ineficaz de un sistema obligatorio y formal de disciplina progresiva por parte del personal supervisor: (al gran jurado) se le informó que en el pasado ha habido pocas o ninguna consecuencia cuando los oficiales no cumplen con las políticas de la cárcel”.

El informe también dice que “de manera rutinaria no se cumple” el requisito federal mínimo para que a cada interno se le permita pasar tres horas por semana en el patio de ejercicios, en parte debido a la escasez de personal.

La sala de correo de la cárcel es otro punto débil, según el informe. La sala de correo maneja 500 piezas de correo al día y solo tiene un empleado que trabaja cinco días por semana. “Detectar contrabando y analizar el correo es un trabajo abrumador para un solo empleado”, se reporta en el informe. “Aunque algunas instalaciones utilizan máquinas para analizar el correo y lo inspeccionan con perros entrenados para detectar drogas, estos no se usan” aquí. “Actualmente, todos los análisis se llevan a cabo de manera manual y visual”, se informó. Existe una amenaza a la seguridad de los internos y del personal creada por una política de la cárcel que permite el correo entre internos, según el informe.

A la cárcel también entra contrabando de manos de personas que lo arrojan desde fuera por encima de la cerca hacia el patio de ejercicios, o a manos de los internos que lo transportan en cavidades del cuerpo. “Sin importar el método o combinación de métodos que se utilicen, el contrabando se le describió (al gran jurado) como un problema serio y constante en la cárcel, y dos muertes sucedidas en 2014 se atribuyen a sobredosis de drogas”, según el informe.

¿Malversación de fondos?

Después de analizar el inadecuado mantenimiento y falta de espacio para programas para los internos de la cárcel, el informe continúa hablando de que aproximadamente la mitad del dinero designado al fondo para el bienestar de los internos, que se supone que se debe gastar principalmente en beneficio de ellos (incluido el pago a orientadores contra las drogas y otro personal similar) se está utilizando para pagar sueldos y beneficios de empleados que deberían pagarse con el fondo general. Esta cantidad suma aproximadamente $500,000 dólares.

“Una de las primeras cosas que el alguacil (Steve) Bernal hizo poco después de tomar su puesto en enero... fue despedir a los miembros del comité asesor del fondo para el bienestar de los internos, (el cual) se había formado para asesorar al alguacil acerca del uso del dinero depositado en el fondo para el bienestar de los internos”, dice el informe. “La disolución del comité se llevó a cabo supuestamente porque había miembros a los que se les estaba pagando con el dinero del fondo y el nuevo alguacil consideró que eso era un conflicto de intereses. Hasta la fecha no se ha nombrado a miembros nuevos fuera de la oficina del alguacil para que participen en el comité”.

El informe también indica que se suponía que los fondos de realineación estatal se gastarían en instalar dos salones de clase portátiles, pero los requisitos de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades causaron un exceso de costos y los salones de clase nunca se instalaron, con lo cual se mantiene la falta de espacio para programas de rehabilitación en la cárcel.

En conclusión, el informe hace 18 recomendaciones para mejoras, que comienzan con un aumento en el financiamiento por parte del condado. Entre las demás recomendaciones, se incluyen planes para una nueva adición a la cárcel, que deberá incluir espacio para capacitación y programas para los internos; aplicación uniforme de un sistema disciplinario formal, progresivo y obligatorio para los empleados de la cárcel; pasar lista de manera regular; auditorías regulares de los fondos especiales para el bienestar de los internos y realineación de la prisión; contratar a un segundo empleado para la sala de correo y adquirir equipo para revisar el correo; darle amplia publicidad al contrato de servicios médicos de la cárcel la próxima vez que se someta a concurso, y analizar si el Centro Médico Natividad, que es propiedad del condado, podría proporcionar dichos servicios.

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