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Oscar Serna todavía está esperando parte del salario que le quitaban cuando trabajaba en los campos agrícolas de California y Texas hace más de siete décadas.

Serna tenía 16 años cuando vino de México y fue contratado a través de un acuerdo entre los gobiernos de EEUU y México para trabajar en los campos agrícolas, donde cosechaba naranjas y toronjas. Ahora con 90 años, ya ha comenzado a olvidar algunas cosas, pero lo que no se le olvida es que ambos gobiernos acordaron descontar el 10% del pago a los trabajadores, lo colocaron en un "fondo de ahorro”, pero no les dijeron nada.

Actualmente Serna y otros 36,000 trabajadores migrantes de edad avanzada aún esperan que México les reembolse ese dinero, a pesar de que los trabajadores ganaron un acuerdo judicial hace 21 años.

Con problemas de la próstata, Serna sabe que no tiene mucho tiempo para seguir luchando por ese salario que en un momento consideró perdido. “Nos robaron nuestro dinero, ¿qué vamos a hacer?”, dijo Serna. Hasta el momento “no me han dado nada, pero me deben mi dinero”.

Serna formó parte del Acuerdo de Trabajo Agrícola de México, conocido como Programa Bracero (trabajadores huéspedes). Mientras los soldados estadounidenses lucharon en la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 4.5 millones de mexicanos fueron contratados para trabajar temporalmente en los campos agrícolas y ferrocarriles estadounidenses. El acuerdo bilateral de trabajadores huéspedes entre México y Estados Unidos duró de 1942 a 1964.

Se dedujeron al menos $32 millones de salarios de los trabajadores y se colocaron en cuentas de ahorro mexicanas en virtud del acuerdo laboral. La promesa era que los trabajadores recibirían su dinero una vez que regresaran a México. En ese momento, muchos de los trabajadores no sabían leer y desconocían las deducciones.

"El acuerdo entre los dos gobiernos fue que iban a descontar el diezmo (10%) como un incentivo para que regresaran a México al final del contrato y el gobierno mexicano les desembolsaría el dinero retenido", dijo el profesor Gaspar Rivera, director de Proyectos académicos en el Centro de Investigación y Educación Laboral de la UCLA.

"Ahora, muchos hombres mayores todavía esperan su reembolso", agregó. "Eso ilustra la tragedia de los braceros que formaron parte de un programa de explotación".

Todos los braceros tienen ahora entre 70 y 80 años, y muchos están enfermos como Serna, que se debate entre la vida, la pobreza y la ignominia del país donde nació.

Sentado en una silla de plástico en el patio delantero de la casa de su hijo José, en San Bernardino, y apoyado en un bastón de mezquite, Serna dijo que sufre de problemas de próstata y tiene un catéter y una bolsa para vaciar su vejiga.

No obstante, y lo dedicado de su salud, el ahora exbracero no puede pagar por un seguro médico. Nacido en Huatusco, Zacatecas, Serna todavía es indocumentado porque nunca quiso solicitar la residencia en los Estados Unidos.

"La primera vez que vine a los Estados Unidos, crucé el Río Bravo a la brava [ilegalmente]", dijo. "Luego me contrataron para trabajar en el campo".

El programa bracero garantizaba a los trabajadores un salario mínimo de 50 centavos por hora, seguro médico y vivienda segura gratis. Sin embargo, los propietarios de las granjas frecuentemente no cumplieron con estos requisitos. La vivienda y la alimentación habitualmente estaban muy por debajo de los estándares especificados en el contrato, y los salarios no solo eran bajos, sino que con frecuencia se pagaban tarde o no se pagaban.

En 2001, los braceros presentaron una demanda colectiva en el Tribunal Federal de Distrito de San Francisco contra los gobiernos de los Estados Unidos y México, e incluyeron a Wells Fargo Bank, donde el dinero deducido de sus cheques fue depositado y luego transferido al Banco Nacional de Crédito Rural de México. Posteriormente, el gobierno de los EEUU y el banco fueron sacados de la demanda.

En 2008, el gobierno mexicano acordó pagar $14.6 millones a los braceros que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial y viven en los Estados Unidos. A cada uno se le otorgaron 38,000 pesos, que actualmente son alrededor de $ 2,000 U.S.

"Fue una demanda muy difícil de litigar", recordó Jonathan Rothstein, un abogado de Chicago que representó a los braceros. “Es una tragedia que todavía no se haya pagado a todos los trabajadores, pero a veces la lucha por la justicia es una larga batalla. Algunas veces das pasos hacia adelante y otras retrocedes”.

Alrededor de 36,000 ex braceros aún no han recibido el dinero, un tercio de ellos vive en California, dijo Baldomero Capiz, coordinador de la Unión Binacional de Exbraceros.

"Hemos estado luchando durante los últimos 20 años para recuperar el fondo de ahorro para los agricultores", dijo Capiz.

El dinero se incluyó en el Fideicomiso de Apoyo Social establecido por el expresidente de México, Vicente Fox. Fue continuado por su sucesor, Felipe Calderón, pero el presidente Enrique Peña Nieto, que sirvió de 2012 a 2018, no asignó dinero para cumplir lo establecido.

México todavía está debatiendo si reconocer la "deuda histórica", como se le llama. La administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que reconocer la deuda para devolver el resto del dinero a los trabajadores.

"Lo que han hecho con los adultos mayores es una violación de sus derechos humanos y constitucionales como mexicanos que residen en los Estados Unidos", dijo Rosa Martha Zárate, líder de la ExAlianza de Braceros del Norte.

"Cuando solicitamos el apoyo social de 38,000 pesos, tuvimos que llevar a los viejitos a Mexicali para certificar (notario) sus cartas, obtener más documentos y toda una maraña de procedimientos".

Edna Silva, portavoz de Wells Fargo, dijo que el banco envió los salarios para el Programa Bracero a México por un total de $34.7 millones, una cantidad que fue basada a los informes del gobierno mexicano.

Silva agregó que según los acuerdos diplomáticos entre los gobiernos de EEUU y México, era responsabilidad del Banco de México distribuir los fondos a los bancos mexicanos locales para los braceros. Wells Fargo no tenía ningún papel en el proceso de conciliación de fondos de ahorro en México y tampoco tenía relación con los braceros.

A fines de octubre, Oscar Rafael Novella Macías, secretario mexicano de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Representantes, en México, dijo en una sesión abierta del parlamento que el gobierno no debería perder más tiempo porque los braceros "están enfermos, viejos y en una situación de salud muy pobre. Tenemos que hacer esfuerzos político-legislativos".

La representante mexicana Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta del comité, solicitó 500 millones de pesos ($26.3 millones de dólares) en el presupuesto 2019-2020 para realizar los pagos. Hasta el cierre de esta edición, Vences Valencia no había respondió a numerosas solicitudes de entrevista con La Opinión.

Pero las promesas hechas por los políticos no convencen al exbracero Nicolás Martínez, un indígena náhuatl de Coyotepec, Puebla, que vive en Los Ángeles.

"Déjenme recuperar lo que me quitaron", dijo Martínez, de 90 años, y con arrugas y manos callosas que reflejan la dureza de haber trabajado en los campos de California y Arizona recogiendo tomates y algodón entre 1942 y 1947.

"El gobierno siempre nos ha ignorado y nos mantuvo en la pobreza a propósito", indicó Martínez.

En su casa en Lincoln Heights, otro exbracero, Leobardo Villa, originario de Zacapala, Puebla, dijo que a su edad, está cansado de tantas protestas. Él ya tiene 87 años.

"Vine a trabajar en los campos de California y Yuma, Arizona, a la edad de 18 años para sembrar sandía, melón, todo tipo de verduras", dijo. “Como todos mis compañeros de trabajo, dejamos nuestra vida en los surcos y las vías del ferrocarril.

"No estamos pidiendo al gobierno un regalo", subraya. "Solo queremos lo que nos pertenece".

Jorge Macías es un periodista independiente de La Opinión, el único periódico español impreso en Los Ángeles. Este artículo es parte del proyecto The California Divide, una colaboración entre diferentes salas de redacción que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.

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