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Eufemia Aguilar ha vivido en su departamento de dos dormitorios en North Sanborn Road en Salinas durante casi 10 años. Trabaja como peladora de ajos en Christopher Ranch, se levanta a las 2:30 a.m. todos los días, empaca su almuerzo y sale a trabajar, mientras su hijo de 20 años y su nieto de 5 años aún duermen. 

Existen muchos problemas dentro de su departamento: el linóleo se está despegando, la estufa medio funciona y hay moho causado por el lento goteo de la ducha de su vecino de arriba. Pero a la Sra. Aguilar le gusta concentrarse en lo positivo. 

No obstante, trabajadores del Centro para la Defensa de la Comunidad (Center for Community Advocacy, CCA) dicen que los arrendadores de la Sra. Aguilar le aumentaron la renta en un 30 %, y después, hace unas cuantas semanas, le entregaron a ella y a algunos de sus vecinos un aviso de desalojo con un plazo de 60 días.

Deben irse antes del 1 de enero.

En todo el estado, los defensores han reportado un alud de desalojos de último minuto como estos durante los meses previos al 1 d4e enero, cuando entrará en vigor una nueva ley que protege a los inquilinos. Como resultado, muchos gobiernos locales están suspendiendo temporalmente los desalojos. 

Watsonville, Los Angeles, Menlo Park, Daly City y Capitola se encuentran entre las últimas ciudades en adoptar su propia protección temporal para los inquilinos. El Condado de Monterey hizo lo propio el martes, votando 5-0 a favor por una ordenanza temporal de control de desalojos.

“Este es un asunto urgente”, dijo el supervisor del Condado de Monterey, Luis Alejo, quien presentó la medida de emergencia en una reunión del consejo el 19 de noviembre.

No solo se han puesto en contacto con su oficina varios inquilinos que se enfrentan al desalojo, dijo, sino también varios que han recibido avisos de desalojo de 60 días sin motivo y que pronto enfrentarán acciones de “retención ilícita de un inmueble”, las cuales preceden inmediatamente al desalojo.  

“Esta será una defensa muy sólida para mantener a docenas de familias en sus hogares, especialmente conforme se acerca la temporada de fiestas”, dijo el Sr. Alejo.

El Proyecto de Ley de la Asamblea 1482, también conocido como Ley de Protección del Inquilino de 2019 (Tenant Protection Act of 2019), exige que exista una causa justificada para desalojar a los inquilinos y pone un límite de 5 % (más la inflación) a los aumentos anuales en el costo de la renta.

Tras la aprobación del proyecto de ley, grupos de defensa de inquilinos han reportado que se han incrementado los desalojos en los últimos meses del año.

Sabino López, subdirector del Centro para la Defensa de la Comunidad (CCA) de Salinas, ha observado una ola de aumentos en las rentas, seguidos por avisos de desalojo. El Sr. López considera que esto no estaría ocurriendo de no ser por la nueva ley, porque ahora los arrendadores quieren remodelar sus propiedades y venderlas, anticipándose a la nueva ley.

“Actualmente se presenta una situación realmente inusual”, dijo el Sr. López. “(Con regularidad) recibo llamadas de personas que se enfrentan a desalojos, pero en el pasado nunca había visto tal cantidad de llamadas, tantas personas enfrentando los mismos problemas. Esto me genera desconfianza”.

Cal Property Management, que administra el edificio de departamentos donde vive la Sra. Aguilar, dijo a The Californian que los desalojos (que afectan a seis de sus 12 inquilinos) “ya se habían estado planificando con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, y desde el aspecto financiero, la fecha en que el propietario podía empezar este proyecto era enero. Hemos dado a los inquilinos el aviso que exige la ley de California. Esto no se hizo en respuesta al SB1482, se trata de una clara necesidad del edificio”.

La compañía indicó que los desalojos son necesarios “para realizar importantes reparaciones que no se podrían hacer con un inquilino viviendo en el departamento”, como modernización de la instalación eléctrica y trabajos de plomería. 

Un representante de la compañía también agregó que habían enviado a alguien para solucionar el problema del moho en el baño de la Sra. Aguilar.

Con respecto a los incrementos de la renta, “cualquier incremento que se haya realizado por encima del monto permitido para nuestra área (que es del 8.35 %) será rectificado para reflejar el incremento correcto”, dijo Cal Property Management. La nueva ley “forzará a los arrendadores a realizar los aumentos máximos permitidos cuando han estado postergando los incrementos de la renta a los inquilinos de estancia prolongada”.

Con frecuencia se otorga un plazo muy corto a los inquilinos que reciben avisos de desalojo: cuentan con cierta cantidad de tiempo para responder al aviso, y después solo tienen unos cuantos días para modificar sus respuestas. 

El Sr. Alejo, quien se inspiró en las moratorias aprobadas en Santa Cruz, Capitola, Watsonville, Seaside y otros lugares, espera que su medida sea aprobada a tiempo para ayudar a un grupo de inquilinos a modificar sus respuestas.

Muchos inquilinos que acudieron con el Sr. Alejo por ayuda con sus avisos de desalojo estaban preocupados por represalias por parte de los arrendadores, como una mala referencia al momento de mudarse, o un juez que se ponga del lado del arrendador, dejando al inquilino con una orden de desalojo en su expediente. 

“Eso hace que rentar sea más difícil”, dijo el Sr. Alejo. “Ningún inquilino quiere una orden de desalojo en su expediente. Pero a veces no tienen otra opción que pelear contra ella”.

Phyllis Katz, abogada directora de la oficina en Salinas de Asistencia Legal Rural de California (California Rural Legal Assistance), dijo que debido a que varias de las ordenanzas ponen una moratoria a los desalojos entre el momento en el que las agencias locales tomaron medidas y el 1 de enero, algunos desalojos que ya se han llevado a cabo tendrán que ser reevaluados por sus abogados y los tribunales. 

“En algunos casos, parece que los arrendadores están tratando de adelantarse a la nueva ley que entra en vigor el 1 de enero”, dijo.

Incremento del 70 % en la renta

En lugares como Capitola y Watsonville, esta lucha ya se ha librado. Gracias a las ordenanzas locales, a muchas personas se les ha permitido permanecer en sus hogares por el momento, como es el caso de Brenda Barnett.

La Sra. Barnett, residente de Capitola por muchos años, se enteró a finales de julio que su edificio había sido vendido a C&C, una compañía administradora inmobiliaria. Semanas después, se le comunicó un incremento en la renta del 70 %, aumentando su renta en $845 al mes.

Si bien el incremento en su renta se encontraba en el extremo superior de la escala, el menor incremento que recibieron sus vecinos fue de $300, aproximadamente un 29 % de aumento.

Luego, ocho días después de que el gobernador Gavin Newsom firmara el proyecto convirtiéndolo en ley, C&C envió a la Sra. Barnett y a sus vecinos una nueva notificación: La compañía necesitaba realizar reparaciones urgentes en el edificio deteriorado, por lo que todos tenían que mudarse.

La Sra. Barnett, “ex hippie” y adulto mayor con discapacidad, es beneficiaria del subsidio federal de vivienda de la Sección 8, y lo ha sido durante un año. Ha marcado una enorme diferencia en su calidad de vida, dijo, ya que con frecuencia, ni en un año gana lo que cuesta su renta mensual. 

La Sra. Barnett dijo que ella y otro inquilino del edificio que también es beneficiario de la Sección 8 recibieron avisos de desalojo antes que los demás, citando su estatus como beneficiarios de la Sección 8.

Ella proporcionó documentación de su incremento de renta, aviso de desalojo y más. Expresó confusión y desilusión, después de todo, dijo, la compañía administradora sigue recibiendo el dinero de la renta.

¿Por qué les importa si se trata de la Sección 8? 

“Me sentí como si fuera desechable, de usar y tirar”, dijo la Sra. Barnett. “Como si no fuera una persona, solo una cosa, algo que tiras al bote de basura. Después sentí enojo”.

La Sra. Barnett y un grupo de sus vecinos montaron una ofensiva contra el desalojo. A finales de octubre, acudieron ante el Concejo Municipal de Capitola, el cual pronto aprobó una ordenanza que invalidaba este desalojo sin causa, pero todavía tenían que pagar las nuevas rentas altas.

“Recibimos noticias de que los inquilinos, miembros de nuestra comunidad, habían recibido órdenes de desalojo y se quedarían sin hogar cuando llegara la temporada de fiestas”, dijo la administradora municipal Jamie Goldstein. “El Concejo Municipal no quería verlos convertidos en víctimas de un vacío legal de la ley estatal”.

“Analizamos lo que era posible hacer y vimos que podíamos aprobar una ordenanza que replicara efectivamente el lenguaje de la ley estatal”.

Aunque muchos inquilinos permanecen en el edificio donde vive la Sra. Barnett, unos cuantos se han ido desde que se publicaron por primera vez los avisos de desalojo en las puertas de sus departamentos. Aunque el Concejo Municipal de Capitola hizo que la ordenanza aplicara a todo aquel en posesión legal de una unidad, no pudieron hacer que fuera retroactiva para permitir que las personas regresaran a sus antiguos departamentos, dijo la Sra. Goldstein.

“Están destruyendo las comunidades”, dijo la Sra. Barnett.

Alega que las renovaciones por las cuales ella y sus vecinos tenían que abandonar la propiedad no eran, en realidad, ni de cerca tan profundas como la compañía las estaba describiendo.

“Están maquillando la realidad”, expresó. “Aplicaron pintura oscura sobre los daños causados por las termitas y sobre la madera podrida. Dentro de los departamentos reemplazaron las alfombras, los electrodomésticos, las puertas de los armarios, pero nada que requiriera que todo un edificio fuera desalojado”.

Desde que ella y sus vecinos ganaron esta fase en la lucha contra la compañía que administra la propiedad donde viven, ha estado viajando a otras comunidades, como Watsonville, para poder ayudar a otras personas a defenderse ante los desalojos.

“Nunca quise ser una investigadora ni una activista”, dijo la Sra. Barnett. “Pero esto está mal”.

C&C Property Management no devolvió las llamadas de The Californian solicitando algún comentario.

‘Podrían terminar como indigentes’

Daniel González, quien dirige el CCA, ha visto a más y más personas entrar a su oficina de Gabilan Street y sufrir crisis emocionales ante la situación desalojo. Muchos, dice, no tienen un lugar a dónde ir, salvo por hogares que ya están hacinados, por causa de la crisis de vivienda.

“Esto es incluso un problema de salud mental, realmente afecta a la comunidad”, dijo el Sr. González. “Podrían terminar como indigentes y ha tenido un gran impacto: el estrés, la ansiedad que le está causando a familias y niños”.

“Para hacer algo así debes ser alguien muy desalmado”, dijo el Sr. Alejo. “Para algunos, el solo recibir el aviso los forzaba a mudarse de inmediato o a rechazar trabajo porque no podían dejar a sus familias enfrentando el desalojo”.

Si la Sra. Aguilar tiene que mudarse, extrañará a la comunidad que vive en su complejo de North Sanborn Road. Es donde su nieto corre y juega con los otros niños y donde le compra helados al paletero, donde ella y sus vecinas se turnan para cuidar a los bebés y niños de las demás.

Va a extrañar a todos.

Luz Hernández vive en contraesquina de la Sra. Aguilar, en el primer departamento de la izquierda. Su hogar está decorado con imágenes de la virgen y todas las superficies de la cocina están repletas de frutas, verduras y botellas de agua. Sus hijas gemelas de 18 meses se encontraban dormidas en la habitación contigua, y sus hermanos de 11 y 12 años cuidaban de ellas.

La Sra. Hernández estaba tan abrumada ante la posibilidad de perder a su comunidad (su sistema de apoyo) y de tener que encontrar un nuevo hogar antes de Navidad, que empezó a llorar con tan solo pensarlo.

El aviso de desalojo la tomó completamente por sorpresa, dijo la Sra. Hernández. La última vez que fue a la oficina de la administración para pagar su renta, no le dijeron nada sobre algún desalojo, explicó.

Cuando regresó a casa, el aviso ya estaba pegado en su puerta.

'La tormenta perfecta'

A Hillary, la hija de 11 años de la Sra. Hernández, se le hizo un nudo en la garganta cuando pensó en mudarse, secando las lágrimas de sus ojos antes de que pudieran correr por su rostro. 

“Le dije a mi mamá que no me importa a dónde vayamos, solo no quiero cambiarme de escuela”, dijo mientras estaba de pie en la cocina de la familia, cargando a su hermana de 18 meses. Cambió de posición, moviendo a la bebé de una cadera a la otra, mientras su mamá se calmaba. 

Hillary enfrentó acoso escolar en su antigua escuela, la primaria Jesse G. Sanchez, dijo. Cuando tuvo la oportunidad de cambiarse a la Luther King Jr. Academy, los chicos no siempre fueron buenos con ella al principio, pero ella “sabe cómo defenderse”. 

Aunque de todos modos tendrá que cambiar de escuela el próximo año, tiene miedo de tener que cambiarse a una escuela donde nadie juegue con ella durante el recreo. 

La Sra. Hernández vive actualmente en el distrito de Scott Davis, concejal de la ciudad de Salinas. No solo no le sorprendieron las noticias de estos desalojos, dijo, sino que estaba también ocurriendo en todo el condado. 

“El punto es que se trata de un vacío legal, que se está usando y aprovechando contra nuestras comunidades, especialmente en la ciudad de Salinas y el área de Alisal, donde de por sí es difícil para muchas familias hacer que el dinero alcance”, dijo el Sr. Davis.

“Veremos un incremento en la indigencia. Familias, mujeres y niños en nuestras calles”, continuó el Sr. Davis. “Esto podría empeorar ese problema que hemos reducido en una pequeña proporción. Estos (desalojos) tienen un alto potencial de revertir el progreso que hemos logrado en nuestras calles”.

A pesar de las intenciones de los legisladores, el Sr. Davis dijo que estas medidas solo podrían posponer algunos de los desalojos que se está intentando detener.

“Buscan ayudar a aquellos que están haciendo lo correcto, pagando su renta y poner un alto a los arrendadores que están usando este vacío legal de modo injusto”, explicó. “No es un remedio que cure todo, no es la panacea, solo da a los inquilinos una protección adicional que pueden usar en el tribunal. Eso no quiere decir que obtengan una suspensión cautelar del desalojo: un juez estará de acuerdo con nosotros o no serán desalojados posteriormente”.

El Sr. Davis busca presentar una propuesta sobre los derechos de los arrendatarios en diciembre. 

“Digamos que tenemos la tormenta perfecta”, dijo el Sr. Davis. “Debemos tener mucho cuidado de aquí en adelante, de modo que no empeoremos el problema”.

Este artículo forma parte del proyecto California Divide, una colaboración entre salas de redacción que analiza la inequidad de ingresos y la supervivencia económica en California. Kate Cimini es una periodista multimedia. Llámela al (831) 776-5137 o envíe un mensaje de correo electrónico a kcimini@thecalifornian.com. 

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