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Hace aproximadamente un año, Renee Rianda, de 53 años, condujo desde su hogar en Greenfield hasta el juzgado de Monterey.

Había faltado a su trabajo todo ese día lunes para llegar a tiempo después de que la llamaran para servir como jurado en un caso de un accidente en motocicleta. Había mucho tráfico como siempre, por lo que calculó dos horas de recorrido. 

Al final no pudo cumplir con el servicio de jurado, ni tampoco una cuarta parte de las 40 personas de Greenfield y Soledad que también fueron convocadas, todas ellas enfrentaron problemas relacionados con transporte, cuidado de sus hijos y dinero. 

“Tuvieron que hacer arreglos para llegar hasta allá. Si fue una hora para mí, fue al menos una hora para ellos y todavía más para las personas que están en Lockwood”, dijo la Sra. Rianda.

La posibilidad de resolver estas penurias disminuyó aún más a principios de este mes cuando el Comité de Instalaciones Judiciales del estado aprobó por unanimidad una lista revisada de proyectos prioritarios, en la cual, casi al final de la lista, estaba un nuevo juzgado para el sur del condado.

“Tras haber sido juez presidente del (un juzgado) Valle Central de California... sé lo difícil que es para las madres solteras y otras personas”, dijo Brad R. Hill, presidente de ese comité. “¿Cómo esperamos que logren llegar a un centro cívico en el centro de la ciudad?”.

En la lista revisada, se incrementó la calificación general de prioridad para el juzgado de Greenfield, el cual sustituiría a las instalaciones de King City que fueron cerradas en 2013. 

Sin embargo, un reemplazo para el juzgado en el área de Monterey también subió de posición en la lista y quedó entre las 5 prioridades principales, fundamentalmente como resultado de una nueva categoría que representa el peligro sísmico. 

“Odio decirlo, pero parece que el dinero manda”, dijo la Sra. Rianda. “Subió de lugar en la lista porque, obviamente, algunas personas influyentes han estado presionando para que eso suceda, por así decirlo”. 

El Tribunal Superior del Condado de Monterey ha buscado la aprobación de ambos proyectos y no trató de inclinar la balanza hacia ningún lado, dijo Chris Ruhl, director ejecutivo del tribunal. 

Sin embargo, el comité utiliza su propia investigación y sus propias fórmulas para determinar cada posición en la lista, por lo que las oportunidades para que los tribunales superiores locales puedan abogar por sus proyectos son muy limitadas, dijo. 

Para el condado, ambos proyectos son considerados muy necesarios, dijo. El edificio del juzgado de Monterey tiene problemas de riesgo sísmico y de otro tipo relacionados con su antigüedad, comentó. 

El sur del condado también está en extrema necesidad desde que el tribunal cerró las instalaciones de King City debido también a problemas estructurales, explicó. 

Greenfield ha donado terrenos y su ayuntamiento ha prometido $10 millones para el proyecto de $27 millones. 

El nuevo juzgado del área de Monterey costaría unos $130 millones y estaría ubicado en la cercana Seaside. 

Asumiendo que el Consejo Judicial de California apruebe la lista en noviembre, la atención del tribunal superior estará puesta en “la mejor forma de proporcionar acceso a los servicios del tribunal para el sur del condado”. 

El tribunal ofrece algunos servicios de autoayuda y de reclamos menores cada mes y espera agregar más servicios el próximo año. 

Pero el sur del condado siempre parece quedarse atrás, dijo Jenine Davison, quien vive en Lockwood y ha dado clases y servido como consejera en escuelas de toda esa área, incluidas Soledad y Greenfield. 

En sus más de 15 años trabajando en la educación en el sur del condado, ha visto cómo la población latina resulta desproporcionadamente afectada por la falta de un juzgado y de otros servicios, como los de salud mental. 

“Las personas que tienen menos dinero y un menor acceso a transporte están en el sur del condado, donde no se prestan ninguno de esos servicios”, dijo. 

Comentó que la parte norte del condado que es predominantemente blanca, como la zona de la península, no enfrenta las mismas dificultades. 

La concejal del ayuntamiento de Greenfield, Angela Untalon, abordó esas inquietudes en la reunión del comité. 

“Recientemente quedé viuda y estoy aprendiendo a ser madre soltera”, dijo. “No puedo imaginar por lo que pasan esas mujeres cuando tienen que presentar documentos en la zona de la península. Pierden un día entero de trabajo, por el que generalmente y probablemente no recibirán pago alguno”. 

Ella misma tuvo que dejar a sus hijos a las 6 a. m. con una amiga y después resolver cómo recogerlos, para poder asistir a la reunión del comité en San Francisco. 

Para quienes no cuentan con una red de apoyo, es aún más difícil y costoso encontrar alguien que cuide a los niños, expresó. 

“Eso no es tener acceso a la justicia, para nada”, dijo. 

En la ciudad, la falta de un juzgado surge en cada 10 conversaciones más o menos, dijo la Sra. Rianda. 

“Bueno, francamente, eso depende. Si lo llaman a uno para servir de jurado, ese parece ser el tema del día, o si uno recibe una multa de tránsito”, dijo. 

El supervisor del sur del condado, Chris López, habló en la audiencia del comité, haciendo un llamado a los miembros para que reconocieran que el método usado para evaluar la necesidad que tiene un área tenía sus fallas. 

Posteriormente, dijo que estaba decepcionado, pero que descubrió nuevos ánimos en pláticas con miembros del comité después de la audiencia. 

“Sigo teniendo la esperanza de que el proceso, tal vez incluso el lado legislativo, reconozca las necesidades de nuestra comunidad”, dijo a través de un mensaje de texto. 

Luis Alejo, su compañero supervisor, quien también ha abogado por el juzgado de Greenfield, dijo que planea asistir a la reunión de noviembre cuando el consejo judicial retomará la lista. 

“Debemos hacerles saber que no nos vamos a dar por vencidos”, expresó. 

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