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Un juzgado en Greenfield tantas veces prometido a los residentes del sur del condado fue clasificado en el lugar 45 de 80 en una lista provisional de proyectos de construcción de tribunales cuyo orden de prioridad es determinado por el estado.

“Esto es alucinante”, dijo Lance Walker, alcalde de Greenfield, quien ha donado terrenos y prometió $10 millones para la construcción del juzgado. 

Duele más porque la otra propuesta del Tribunal Superior del Condado de Monterey, para que un nuevo juzgado civil y de lo familiar reemplace las instalaciones de Monterey, recibió una clasificación más alta por parte del Comité Asesor de Instalaciones Judiciales, al revisar la lista el 29 de agosto. 

Además, ese comité colocó a ambos juzgados en el límite inferior con respecto a la necesidad de acceso a los servicios judiciales. 

“Tenemos desacuerdos en la forma en la que se calculan los lugares en la lista, particularmente en (las categorías) de saturación y acceso”, dijo Michael Courtney, director de Servicios para Instalaciones del Consejo Judicial (Judicial Council Facilities Services), en una audiencia el 29 de agosto. 

Hizo hincapié en que el informe se centró en cifras y hechos objetivos para llegar a sus conclusiones.

Luis Alejo, supervisor de Condado de Salinas, criticó el lugar dado a Greenfield en la lista, señalando viajes de medio día de duración en autobús, que deben soportar los residentes solo para llegar a la Península para ir al tribunal. 

Walker dijo que una electora le contó que su esposo tuvo que conducir al tribunal para cumplir su servicio como jurado, dejándola a ella y a su hijo sin vehículo. 

Alejo también acusó al Tribunal Superior del Condado de Monterey de dar prioridad al juzgado de Seaside en perjuicio del sur del condado. 

Alejo comentó que solicitó documentos al estado y al tribunal superior y sigue sin ver la información que el tribunal superior envió en su propuesta de proyecto. Pero sospecha que el tribunal promovió más el de Seaside, al cual colocó en prioridad de necesidad crucial, basándose en documentos y “conversaciones secretas”. 

El juzgado de Greenfield fue colocado en la categoría de necesidad alta. 

Pero los jueces del tribunal superior acordaron previamente que apoyarían ambos proyectos, explicó Chris Ruhl, director ejecutivo del tribunal. 

“Hemos abogado por ambos proyectos desde al menos 2006, por los dos durante 13 años”, dijo. “Los necesitamos a ambos y seguiremos abogando por ellos”.

Las instalaciones de Monterey necesitan reemplazarse debido a problemas de seguridad, especialmente con respecto a incendios y terremotos, comentó Ruhl. 

Alejo cuestiona la preocupación en relación con el riesgo sísmico, haciendo referencia a un informe del condado de 2018 que, dijo, determinó que el edificio era seguro. 

Pero la evaluación del Consejo Judicial lo colocó como el séptimo edificio con mayor riesgo ante temblores en California, comentó Ruhl.

Alejo y Walker dicen que las necesidades de Greenfield también son mucho mayores ya que la Península cuenta con un juzgado en funcionamiento. 

También dijeron que la propuesta solo apareció en la lista de proyectos en 2018, cinco años después de que cerrara el tribunal de King City. 

“Somos como los hijastros del Condado de Monterey”, dijo Walker. “El sur del condado cuenta con la mayor población en crecimiento que hay (en el condado). Parece ser que siempre somos los que quedamos abandonados. Todos estamos muy molestos por esto. Merecemos algo mejor”. 

Ruhl dijo que el tribunal ha estado al tanto de la necesidad de un nuevo juzgado en ambas ciudades durante más de una década. 

Dijo que el tribunal decidió solicitar fondos para ambas propuestas este año porque la legislatura ordenó al Consejo Judicial, que supervisa al comité de instalaciones, que cambiara su metodología y reevaluara la lista de proyectos de 2018. 

En cambio, los legisladores decidieron usar dinero del fondo general para proyectos de juzgados en vez de usar una cuenta que dependiera de cuotas y multas.

El tribunal superior argumentó a principios de año que ambas instalaciones merecían un lugar de necesidad más alto para acceso y saturación, mencionó Ruhl. 

Pero también dijo que ningún tribunal superior puede hacer que la balanza se incline hacia un lado o el otro. 

“(Funcionarios del Consejo Judicial) nos dijeron que su proceso se basaba completamente en clasificar cada proyecto individualmente, y que todo se basa principalmente en las necesidades”, explicó Ruhl. “... Cualquier prioridad que el tribunal otorgue a (un proyecto) no afectaría el proceso de esa clasificación. La valoración de los proyectos se basa casi completamente en proyectos que ya tenían o contrataron a un asesor para que fuera y evaluara los diferentes juzgados”.

No obstante, Alejo, Ruhl y Walker quedaron confundidos por la forma en la que cayó la clasificación de Greenfield después de que era considerada una “necesidad inmediata” en la vieja lista, archivada desde la Gran Recesión. 

“Nosotros mismos estamos tratando de entenderlo”, dijo Ruhl, quien agregó que el tribunal no ha revisado “a profundidad” la metodología ni el informe. 

El acceso y otras valoraciones se basan en estadísticas, además de la revisión de las instalaciones que hace un asesor. El acceso fue medido comparando el número de funcionarios judiciales existentes con el número que se considera necesario, de acuerdo con el informe de la clasificación. 

El sur del condado no ha tenido un juzgado desde que cerraron las instalaciones de King City por problemas de seguridad relacionados con la estructura en 2013. 

Walker dijo que al sur del condado se le prometió un reemplazo y Greenfield ha donado los terrenos y $10 millones para las instalaciones, que tienen un costo de alrededor de $30 millones. 

El costo del proyecto del sur del condado se ha reducido en millones de dólares y el área tuvo que cubrir más requisitos que las comunidades de la Península para que se registrara su propuesta, comentó Alejo. 

La propuesta del comité de instalaciones solo está como proyecto. El público puede hacer comentarios respecto a la lista provisional y el informe, enviando una carta al Comité Asesor de Instalaciones Judiciales del Consejo Judicial de California (Judicial Council of California's Court Facilities Advisory Committee), 455 Golden Gate Ave., San Francisco, CA 94102.

Los comentarios también se pueden enviar por correo electrónico a CFAC@jud.ca.gov. La fecha límite es el 13 de septiembre, ya que la próxima reunión del comité es el 1 de octubre. 

Otras cosas también podrían cambiar la lista de prioridades: las proporciones entre los funcionarios judiciales activos y los necesarios, usadas en la valoración de acceso, podrían modificarse. Además, el comité de instalaciones solo pasará su lista recomendada al Consejo Judicial para su consideración hasta mediados de noviembre. 

La legislatura tendrá la última palabra en cuanto a qué proyectos recibirán fondos, dijo Courtney con el consejo judicial. 

Ni el asambleísta demócrata de Hollister, Robert Rivas, ni la senadora estatal demócrata de Salinas, Anna Caballero, contestaron una solicitud de comentarios el viernes, cuando la legislatura libraba una maratónica sesión conocida como el Archivo de Proyectos Suspendidos (suspense file). 

Mientras tanto, el tribunal superior está realizando sesiones de autoayuda dos veces al mes en el Centro Cívico de Greenfield, y un tribunal de tránsito una vez al mes, dijo Ruhl. Las audiencias mensuales de reclamos menores empezarán también en septiembre. 

“Planeamos seguir aumentando los servicios ahí, en forma proporcional a la necesidad, el interés y la demanda”, dijo. 

Walker, quien prometió seguir luchando por la construcción del juzgado de Greenfield junto con Alejo y con el supervisor del sur del condado, Chris López, dijo que “el tiempo dirá” qué tan grande será el impacto que tengan dichas ofertas legales. 

“Presiento que grandes cantidades de personas aprovecharán ese servicio”, dijo Walker. 

Para obtener más información sobre los servicios de Greenfield, visite https://www.monterey.courts.ca.gov/self-help o llame al (831) 647-5800, ext. 3005. 

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