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A finales de julio, Adrián Morfin declaró que fue golpeado por un hombre indigente que quería que le diera $5. 

“Empezó haciendo muecas con los labios y luego arrugó su rostro”, dijo Morfin, mientras mostraba ese mismo gesto, frunciendo el ceño y poniendo cara de enojado. “Y después, simplemente ¡zaz!, me golpeó, justo en la cara”.

Morfin se tocó el rostro, debajo del ojo morado que le dejó el ataque. Cuando el hombre lo golpeó, Morfin cayó tendido en la esquina de su tienda de campaña y no podía levantarse, contó. 

“Yo estaba gritando”, dijo Morfin. “No podía moverme. El hombre siguió golpeándome y apuñalándome con una pluma que tenía en la mano”.

Morfin imitó el movimiento de apuñalamiento, mostrando cómo fue la golpiza.

“Yo solo pensaba, ¿cuándo cesará de golpearme?”

Morfin también es un indigente, ha sido residente de Salinas toda su vida y ha vivido en las calles por tres años y medio. Dijo que durante ese tiempo ha sido asaltado, extorsionado y golpeado por otros indigentes. Recientemente, también le robaron su teléfono. Dijo que no tiene dinero para ir al hospital y se rehúsa a llamar a la policía porque no quiere enfrentar represalias por parte de sus vecinos en el barrio chino. 

“Vivir aquí, y llamar a la policía, sería como suicidarme”, dijo Morfin. 

Pero dijo que este ataque no hubiera ocurrido si siguiera viviendo en el vehículo recreativo que la policía le confiscó a finales de mayo.

Aunque las autoridades comprenden su situación, dicen que la gente que vive en vehículos recreativos y automóviles abandonados en las calles representan un riesgo para la salud y la seguridad. No obstante, cuando se confiscan vehículos a personas que viven en ellos, el costo y la falta de documentos de identificación con frecuencia impide que los recuperen, aumentado así los peligros que enfrentan en la calle.

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Desde que se quedó sin hogar, Morfin ha tenido dos remolques y una casa rodante que la ciudad de Salinas le ha quitado.

Dijo que ha estado discapacitado durante diez años debido a un cáncer de garganta y que desde entonces ha tenido problemas para cubrir sus necesidades.

Contó que se mudó con sus padres, pero cuando su madre falleció, terminó viviendo en las calles. Empezó a acampar bajo los árboles, pero pronto consiguió su primer remolque.

“Estaba contento porque no estaba viviendo como un animal”, dijo Morfin. Explicó que al tener un vehículo recreativo, tenía acceso a agua corriente, un inodoro, un lugar para guardar sus objetos personales y cuatro paredes para mantenerse seguro durante la noche. 

Sin él, todas esas cosas desaparecieron, además de documentos importantes como su acta de nacimiento, tarjeta de seguridad social y otros más, cosas que son vitales para solicitar ayuda de vivienda o alimentaria y poder salir de las calles. 

Cuando la policía confisca un vehículo, permiten que los ocupantes se lleven lo que puedan sostener en sus manos, dijo el comandante de la Policía de Salinas Vince Majorana, pero a menudo, no es mucho. Y recuperar pertenencias de un almacén de vehículos remolcados puede resultar imposible si el vehículo no está registrado a nombre de sus anteriores ocupantes, o si no cuentan con alguna identificación.

“Cada vez que sales un poco del hoyo, ellos te vuelven a tumbar”, dijo Morfin, moviendo la cabeza de lado a lado. 

En junio de 2018, Salinas aprobó una medida que prohíbe que haya autobuses, vehículos recreativos, remolques, botes, autos, camionetas, camiones, vehículos de trabajo y vehículos personales de más de 20 pies de largo o 7 pies de altura estacionados en las calles de la ciudad.

Esta medida va dirigida específicamente a las personas que viven en sus vehículos; ignorarla puede llevar a que el vehículo sea remolcado y se apliquen multas o sanciones penales a los ocupantes de los vehículos.

La mayoría de los funcionarios y concejales municipales apoyaron la ordenanza a través de señalar ejemplos de áreas residenciales inseguras con grandes vehículos que bloquean la vista de los conductores hacia los peatones, además de indicar que los vehículos recreativos generan derrames de aguas residuales.

En junio, el administrador municipal Ray Corpuz Jr. dijo que la contaminación causada por los vehículos recreativos a las aguas pluviales de la ciudad podría costarles $10,000 por cada infracción.

“El problema con los vehículos recreativos y las personas que pasan la noche en esos vehículos es un tema que surgió de la comunidad”, dijo Corpuz. “Ahí es donde la ordenanza tiene su origen: quejas de las personas que viven y trabajan en Salinas. No puedo avalar a estas personas sin hogar, sean o no de Salinas, porque el ayuntamiento también tiene la responsabilidad de equilibrar las necesidades de salud y seguridad de los residentes contra las de los demás.

“Si usted hubiera pasado por ahí (en Griffin Street, donde estaban estacionados la mayoría de los remolques) habría observado algunos problemas de salud y seguridad muy graves”.

Corpuz agregó que la ciudad había gastado casi $8 millones en la comunidad de indigentes en los últimos dos años fiscales, incluyendo la limpieza en el barrio chino, programas dedicados a proporcionarles alojamiento, además de viviendas y refugios. 

“Hemos logrado avances importantes en mejorar nuestra respuesta general ante la indigencia”, dijo Corpuz. “Considero que hemos logrado algunos progresos. ¿Podríamos tener un mejor sistema para lidiar con la indigencia, no solo con los vehículos recreativos, sino en general? Sí, y eso es lo que estamos tratando de lograr, mejorar el sistema en general”.

“En ciertos casos ayudas a unas personas, pero podrías estar dañando a otras de otra forma”, dijo el concejal de la ciudad de Salinas, Steve McShane, quien inició la ordenanza que prohíbe a los vehículos de gran tamaño estacionarse en las calles de la ciudad. “La indigencia es compleja... existen problemas de salud mental, problemas crónicos de salud y otros desafíos que enfrenta una población diversa”. 

“El problema fue debatido exhaustivamente en ese momento, y yo sigo apoyando el compromiso de la ciudad de trabajar con las personas sin hogar y proporcionarles un canal para conseguir una vivienda segura y estable”.

Candy Mosley, quien ha vivido en el barrio chino durante dos años, perdió su remolque de la misma manera que Morfin, comentó. Dijo que por ese motivo sigue viviendo en las calles. 

“Lo perdí todo”, dijo. “Tenía todo en ese remolque: fotos, acta de nacimiento, fotos de los niños... cosas que son irremplazables”.

Fue exgerente bancaria del Union Bank of California y de Wells Fargo, señaló que la pérdida de su casa rodante la obligó a seguir viviendo en la calle, sin posibilidad de regresar a una vivienda. 

“Al menos una casa rodante sigue siendo como estar en tu casa”, enfatizó Mosley. “Sigues teniendo agua corriente, un baño. No es igual en una tienda de campaña. Si todavía tuviera mi casa rodante, probablemente no estaría aquí afuera”.

Morfin admite rápidamente que el remolque todavía no estaba registrado ni contaba con un seguro a su nombre. Si lo hubiera estado, hubiera podido aprovechar el programa de estacionamiento seguro que dirige el condado en Marina.

El programa inició en diciembre de 2017, después que los indigentes que vivían en automóviles, remolques y vehículos recreativos empezaron a acampar en Lapis Road en Marina, cerca de la Autopista 1. Después de protestas públicas, el condado creó el programa de estacionamiento seguro, el cual también enfrentó una respuesta adversa por parte de la población local.

Sin embargo, a un año y medio de haberse implementado, el programa ha ayudado a más de 20 personas a volver a tener una vivienda, de acuerdo con datos internos compartidos con The Californian. 

Para poder participar en el programa Marina, es necesario haber residido en el Condado de Monterey durante al menos seis meses, tener un expediente de conducir impecable, una licencia de conducir, el registro y seguro vigentes, además de la voluntad de trabajar con un administrador de casos para regresar a una vivienda.

Aunque solo se pueden registrar en el programa 18 vehículos en un momento determinado, debido a los límites impuestos por la carga de trabajo de los administradores de casos, el programa recibe “un centenar” de llamadas mensuales de personas que quieren participar, dijo Wendy Root-Askew, asistente de la supervisora del Condado de Monterey, Jane Parker, quien supervisó la implementación del programa.

La mayoría de las veces, la gente que vive en sus vehículos ha perdido su vivienda recientemente y desea regresar a ella. Por lo tanto, puede ser más fácil ayudarles a encontrar una vivienda estable y permanente, dijo Root-Askew.

Dorian Manuel, un administrador de casos del programa de estacionamiento seguro, destacó que cada vez más "huéspedes" del programa son personas que simplemente no pueden costear vivir en un área donde la vivienda es demasiado limitada, las rentas están por los cielos y los sueldos no alcanzan. 

“En el pasado, en Salinas, vi a muchas personas que vivían en la calle por voluntad propia o por alguna adicción, o por problemas de salud mental que evitaban que pudieran prosperar dentro del capitalismo porque tenían problemas para simplemente mantener un trabajo estable”, dijo Manuel. “Pero ahora el costo general de vivir en el área ha aumentado de forma continua y realmente hace difícil que las personas consigan una vivienda teniendo un ingreso fijo”.

En específico, Manuel ha visto que más personas discapacitadas con ingresos fijos, como Morfin, preguntan por el programa, así como personas que trabajan en empleos de tiempo completo con salario mínimo. Ambos grupos, dijo, pueden tener grandes dificultades para encontrar una vivienda que se ajuste a sus necesidades y que todavía les permita pagar el resto de sus cuentas. 

Las investigaciones revelan que un creciente número de personas que viven en situación de calle por primera vez, señalan a las dificultades económicas como la causa principal.

El Censo de Indigencia 2019 realizado por el Condado de Los Angeles reveló que no solo había crecido su población indigente en un 12 % a pesar de las medidas intensivas tomadas para proporcionar vivienda a la gente, sino que además el 23 % de su población sin hogar experimentó la falta de vivienda por primera vez el año pasado.

Cincuenta y tres por ciento de ellos dijo que se debía a circunstancias financieras. En el Condado de Monterey, las tendencias que rodean a la indigencia por primera vez, son similares.

“Por primera vez, las presiones financieras del aumento en la renta y el costo de la vivienda están llevando cada vez a más personas a vivir en la indigencia”, dijo Elliott Robinson, director ejecutivo interino de la Coalición de Proveedores de Servicios para Personas sin Hogar del Condado de Monterey. 

El programa de estacionamiento seguro debe mudarse de su ubicación para el mes de diciembre. Los administradores del programa están en pláticas con una iglesia para usar su estacionamiento durante la noche, pero aún no se ha logrado un acuerdo definitivo, dijo Manuel.

“Sin un programa como este, muchos de ellos tendrían más dificultades, teniendo que preocuparse de que alguien toque a su ventana a las 3 a.m.”, dijo Manuel. “No puede estacionarse aquí, aquí tiene su multa. Si lo volvemos a encontrar, nos llevaremos su auto”.

Y cuando pierden sus autos, es mucho más probable que sean atacados física o sexualmente, pierdan sus posesiones o queden expuestos a las inclemencias del tiempo. Además, eso puede llevar a la pérdida de su empleo, ya que, sin sus vehículos, con frecuencia pierden su único medio de transporte para ir a trabajar, dijo Manuel. 

Mosley no pudo recuperar su casa rodante, y tampoco lo consiguió Morfin. Con sus beneficios por discapacidad que recibe una vez al mes por una cantidad de alrededor de $1,000, Morfin no puede recuperar ninguno de sus remolques o vehículos recreativos que la ciudad le ha confiscado. El costo es demasiado alto, dijo.

Solo liberarlo le hubiera costado $193 para recuperarlo ese día, además de cualquier posible cobro adicional por kilometraje y combustible, así como una cuota de $72.50 por almacenamiento. 

Su último vehículo recreativo, que le compró su hermana Angie, fue suyo probablemente solo una semana, según dice ella. Morfin dijo que fue un poco más de tiempo. La policía de Salinas se lo decomisó un día jueves por estar ilegalmente estacionado en un lote baldío al final de W. Lake Street, detrás de la Autoridad de Vivienda, donde también estaban estacionados más o menos media docena de otros autos, remolques o camionetas, dijo Morfin.

En ese momento estaba fuera, haciendo un mandado. Como lo cuenta, planeaba registrar el vehículo a su nombre tan pronto como recibiera su cheque mensual. Pero cuando regresó, su novia le dijo que la policía se había llevado su remolque. A Morfin le parece que su vehículo recreativo fue el único que fue confiscado ese día. 

“Al menos sabía que dentro del vehículo recreativo estaba seguro, pero ahora que no lo está, puede recibir una golpiza y ser asaltado”, dijo Angie. “No quiero que esté viviendo en la calle”.

Cada día que su remolque permanecía en el lote de vehículos remolcados, la compañía de grúas le cobraba otros $72.50. A ese ritmo, para el lunes, a Morfin le hubiera costado más de $550 sacar el remolque, un poco más de la mitad del pago mensual que recibe por discapacidad, el cual usa para mantenerse, mantener a su novia y a la hija adulta de ella. 

Semanas después, Morfin regresó al lugar de donde se llevaron su remolque, el sol le pegaba directamente en la cabeza y dos perros pitbull encadenados a una improvisada tienda de campaña a unos 50 pies de distancia le ladraron al detectar su presencia, la cual había interrumpido su siesta de mediodía. Señaló el lugar donde alguna vez estuvo su remolque, ahora vacío. La mayoría de las personas que vivían en ese lote ya se habían ido, dijo. 

Al ver el sitio, Morfin se estrujó las manos. “No pude pagar para recuperarlo”, dijo. 

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