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Dozens of immigrant workers have been released a day after being detained in the largest immigration raid in a decade in the United States. AP

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Una nueva regla de la administración Trump negaría legamente el estatus de residente permanente a los inmigrantes del país si los funcionarios determinan que utilizan los beneficios públicos.

Además, los funcionarios estatales y locales dicen que la nueva regla podría afectar negativamente a la economía y a los residentes del condado de Monterey, hogar del mayor porcentaje de población no ciudadana de California. 

Promulgada el 12 de agosto y con vigencia a partir del 15 de octubre, la regla definitiva del Departamento de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump ha sido planeada durante meses. Usando el término “carga pública”, la regla se aplicará a los inmigrantes que hagan uso de beneficios públicos, como cupones para alimentos, Medicaid y vales de vivienda.

Mientras que los funcionarios de la administración dicen que la regla asegura que los inmigrantes sean autosuficientes, los investigadores dicen que la regla podría dificultar la situación para los inmigrantes de bajos ingresos al renovar su estatus legal, obtener visas o la residencia permanente, también conocida como green card.

El impacto de la nueva regla podría extenderse a los no inmigrantes que hacen uso de esos servicios, dicen funcionarios estatales y locales.

“Esta infame regla es el ataque más reciente de la administración Trump dirigido a las familias y comunidades migrantes de bajos recursos”, dijo en una declaración el fiscal general de California, Xavier Becerra. “Dañará a nuestras comunidades, escuelas y centros de trabajo al usar como arma los programas esenciales de atención médica, vivienda y nutrición”.

Para el 16 de agosto, California y al menos otros tres estados habían presentado demandas ante el tribunal federal para impugnar la nueva regla.

Más de la mitad de los no ciudadanos de California podrían verse afectados por los "efectos paralizadores" de la regla, un concepto definido por el Migration Policy Institute, un laboratorio de ideas sin fines de lucro, que consiste en el miedo o la confusión que se produce en las familias. Los investigadores descubrieron que otras personas, incluyendo los familiares nacidos en los EE. UU., podrían dejar de recibir los beneficios que tienen derecho a recibir.

Cuando se dio a conocer el cambio a la regla de carga pública en otoño pasado, los funcionarios del condado de Monterey indicaron que ya se veía una disminución en las nuevas solicitudes para Medi-Cal y CalFresh, versiones de Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de California, respectivamente. Algunos grupos sin fines de lucro también señalaron que, a causa del miedo, se ha visto que familias que se están desafiliando de los beneficios públicos.

“El condado de Monterey depende de incontables inmigrantes que contribuyen en los sectores de servicios, agricultura y cuidado de niños y, aun así, son los trabajadores más pobres”, declaró Francine Rodd, directora ejecutiva de First 5 Monterey County, agencia enfocada en el desarrollo de la niñez temprana. El otoño pasado, esta agencia ya había externado su posición en contra de la propuesta.

“Las familias actualmente se encuentran frente a una decisión que potencialmente pone en peligro su estatus legal y la manutención de sus hijos”.

¿De qué se trata la nueva regla? 

Funcionarios de la administración Trump argumentan que la regla cae dentro de las leyes de inmigración destinadas a asegurar que los inmigrantes sean autosuficientes. La propuesta fue presentada por primera vez en octubre de 2018, precedida por un periodo de 60 días con más de 266,000 comentarios públicos, tras lo cual los funcionarios del DHS destacaron que la mayoría se opuso a la regla. 

La regla de carga pública se originó a finales del siglo XIX y se usaba para considerar como inadmisibles a ciertos no ciudadanos. Más recientemente, se ha usado contra los no ciudadanos cuyo ingreso se basa principalmente en la asistencia de dinero en efectivo y en la atención médica institucional de largo plazo. 

“Durante nuestra historia, la autosuficiencia ha sido un principio fundamental del sueño americano”, dijo en una declaración Ken Cuccinelli, director en funciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. del DHS. “La autosuficiencia, la diligencia y la perseverancia sentaron los cimientos de nuestra nación y han definido desde entonces a generaciones de inmigrantes que trabajan arduamente buscando oportunidades en los Estados Unidos”.

Con la nueva regla, los funcionarios de inmigración podrían considerar la asistencia pública como un elemento para denegar el estatus legal, junto con otros factores como el dominio del idioma inglés, la educación y el ingreso familiar. Además de considerar si un solicitante recibe o no beneficios actualmente, también determinarán si existe la probabilidad de que esa persona lo haga en el futuro.

Los beneficios incluidos serían: la asistencia con dinero en efectivo, la seguridad de ingreso suplementario, la asistencia temporal para familias necesitadas, el SNAP, la mayoría de las formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda. 

La regla aplica para las personas que hacen uso de uno o más de los beneficios públicos designados acumulados durante más de un año, dentro de cualquier periodo de tres años. Por ejemplo, dos beneficios públicos utilizados dentro de un mes cuentan como dos meses y eso puede usarse para denegarles la solicitud de inmigración.

Aun así, excluiría al personal de servicio en activo y de reserva de las fuerzas armadas, ciertos menores adoptados a nivel internacional y niños que están por adquirir la ciudadanía. Tampoco aplicaría al Medicaid usado por ciertos inmigrantes menores de 21 años de edad y mujeres embarazadas, servicios prestados por las escuelas para aquellas personas con discapacidades y servicios médicos de urgencia.

Los programas de inmigración con fines humanitarios que incluyen a los refugiados, así como las víctimas de delitos, no se incluirían en la política. 

“A través de la aplicación de la ley de inadmisibilidad por carga pública, promoveremos estos ideales de larga tradición y el éxito de los inmigrantes”, dijo Cuccinelli.

Efectos para los inmigrantes dentro del condado y a nivel estatal

En California, se calcula que más de un tercio de los no ciudadanos, alrededor de 1.8 millones de personas, hacen uso de los beneficios públicos clasificados por la nueva regla del DHS, cifra ligeramente más alta que el promedio nacional, de acuerdo con el Migration Policy Institute.

Y más de uno de cada cinco residentes del condado de Monterey son no ciudadanos, es el porcentaje más alto de todos los condados de California, de acuerdo con el Instituto de Política Pública de California. La mayoría proviene de México o de Centroamérica. 

En un mensaje de correo electrónico, Lauren Suwansupa, funcionaria de información pública del Departamento de Servicios Sociales del condado de Monterey, dice que su personal sigue revisando la regla definitiva. 

“Podemos compartir el sentir de nuestro departamento de que estos cambios penalizarían a las familias que han cumplido con complejas leyes de inmigración para estar aquí legalmente, pero que están luchando para subsistir en California, donde el costo de la vida es alto y los salarios siguen estando relativamente estancados”, escribió Suwansupa. “Las investigaciones demuestran que la mayoría de estas personas tiene trabajo y que, haciendo un balance, nuestra población de inmigrantes contribuye más para la economía de lo que recibe en asistencia pública”.

La County Welfare Directors Association of California que representa a los directores de agencias de servicios humanos de los 58 condados de California, condenó la regla definitiva de la administración Trump el pasado lunes.

Los residentes permanentes legales que trabajan en algunas de las principales industrias del condado de Monterey, como agricultura, hospitalidad y construcción, definitivamente quedarán dentro de estos lineamientos de carga pública, señaló el Migration Policy Institute. 

Más del 90 % de los trabajadores agrícolas en los valles de Salinas y Pajaro son inmigrantes, de acuerdo con un estudio de vivienda de trabajadores agrícolas de 2018 del Instituto de Estudios Rurales de California. Funcionarios y líderes de la industria han reconocido en forma similar que los sectores de hospitalidad y construcción del condado de Monterey tienen una gran cantidad de trabajadores nacidos en el extranjero.

No obtuvimos repuesta a la llamada hecha a la Sociedad Económica de Monterey Bay (Monterey Bay Economic Partnership) y la Federación de Granjas del Condado de Monterey (Monterey County Farm Bureau) declinó hacer comentarios para este reportaje.

Más allá del posible impacto en la fuerza de trabajo local, el hecho de que menos personas hagan uso de la asistencia pública podría ser un indicativo de la reducción de esa necesidad general de estos servicios, lo cual pone en riesgo la asignación de fondos futuros para dichos servicios para todos los residentes.

Anualmente, casi un tercio de los residentes del condado de Monterey usan Medi-Cal en alguna forma, y la región recibe $75 millones en beneficios de CalFresh, dijo en otoño pasado el Departamento de Servicios Sociales. 

Algunos funcionarios de salud del condado de Monterey también han advertido que la política de Trump perjudicaría los resultados económicos y de salud pública conforme la gente renuncie a los servicios médicos preventivos básicos hasta que sea demasiado tarde, lo cual generará costos más altos para el tratamiento de los problemas médicos. 

Repercusiones demográficas

Investigadores del Migration Policy Institute dicen que la nueva regla afectaría en mayor medida a los inmigrantes de Asia, Latinoamérica y África, y al mismo tiempo beneficiaría a quienes provienen de Europa, originando repercusiones raciales para la migración. 

“Qué vergüenza que la administración Trump amplíe una regla con raíces racistas en un vergonzoso ardid para manipular el sistema de inmigración en favor de los ricos”, dijo en una declaración Cynthia Buiza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Migratorias de California, organización defensora con sede en Los Angeles. 

Los críticos dicen que esta nueva regla tiene motivaciones racistas que se alinean con la retórica anterior usada por Trump cuando habla de inmigración.

En conversaciones sobre inmigración realizadas en 2018, Trump aparentemente usó un lenguaje racista para defender a los inmigrantes de Noruega, no así a los de Haití, El Salvador y países africanos. Previamente se refirió a los inmigrantes mexicanos como criminales y violadores para lanzar su campaña por la presidencia. 

La regla también favorece en gran medida a los ingresos familiares que están 250 % por encima de la línea de pobreza estadounidense. Esto significa que más de dos tercios de los inmigrantes de México, Centroamérica y África, y más de la mitad de los no ciudadanos asiáticos, no calificarían para alcanzar ese nivel, señaló el Migration Policy Institute. 

La abogada de inmigración de Salinas, Magnolia Zárraga, dijo que ya ha tenido clientes a los que se les ha negado el estatus legal debido a la carga pública desde principios de 2018. La ley vigente, explica, ya es amplia y la administración definitivamente ha planteado limitar la inmigración legal.

“Sigue siendo un gran cambio y desafortunadamente tendrá un impacto negativo para tantas familias en la región de la costa centro”, dijo. “Pero creo que es algo cuyos efectos ya habíamos estado viendo de alguna manera, y ahora ya lo tenemos por escrito”.

Zárraga dijo que recomienda a sus clientes que busquen asesoría sobre la ley de inmigración antes de presentar sus solicitudes, incluso si eso significa posponer las solicitudes. 

“Esto afecta a una parte enorme de la población, o prácticamente a cada familia, debido a que hay tantas familias con estatus mixtos”, dijo. 

USA Today contribuyó a este informe.

Contacte al reportero Eduardo Cuevas en ecuevas@thecalifornian.com o al teléfono 831-269-9363. Para apoyar este tipo de trabajo suscríbase.

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