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Durante el año próximo, los fiscales del Condado de Monterey revisarán más de 1400 condenas por delitos relacionados con el cannabis, para analizar si deben reducirse o desestimarse de acuerdo con la Proposición 64 que legaliza la marihuana. 

El Departamento de Justicia de California recopiló listas de condenas, las cuales se están distribuyendo a los fiscales de todo el estado, para cumplir con la ley estatal. 

Esta ley retroactiva exige que los fiscales analicen cada caso asignado por el Departamento de Justicia a fin de revisar si los delitos siguen calificándose como tales.

Pero la nueva ley y las listas de condenas no vienen acompañadas de fondos para pagar a abogados para que se encarguen de revisarlas; los fiscales tendrán que revisar cada caso individual, dijo Jeannine Pacioni, fiscal de distrito del Condado de Monterey.

“Nos ocupamos de 18,000 solicitudes (de presentación de casos penales) cada año... toma mucho tiempo revisarlas”, dijo. 

El Condado de Monterey ha recibido 1415 casos que deben revisarse, comentó Berkley Brannon, el fiscal de distrito supervisor de la Fiscalía de Distrito del Condado de Monterey. 

Tienen hasta julio de 2020 para determinar si esos acusados califican para cumplir la condena o no, dijo.

“Si califican, no hacemos nada”, expresó. 

Las modificaciones en las sentencias y antecedentes penales seguirán su curso, a menos que la fiscal de distrito emita una objeción, comentó.

Esa objeción podría emitirla solamente si los fiscales determinan que el acusado no reúne las condiciones o presenta una circunstancia que le descalifica conforme a la ley, por ejemplo, un delito que implique daño al medio ambiente u otras condenas, como es el caso de los agresores sexuales o de quienes han vendido marihuana a menores de edad, explicó Brannon. 

En esos casos, los fiscales deben informarlo a la Oficina del Defensor Público para que esta notifique a dichos acusados. 

Si esos acusados fueron representados por la Oficina del Defensor Público del Condado de Monterey, se usará la última información de contacto que se tenga de ellos, dijo Jeremy Dzubay, auxiliar de esa institución. En el caso de las personas que no fueron clientes de esta oficina, se intentaría localizarlas usando las bases de datos públicas. 

Anteriormente, las personas solicitaban al tribunal la modificación de sus condenas y sentencias, dijo Jennifer Rosenthal, abogada defensora de Carmel Valley, quien trabaja en el Bufete Jurídico de Jennifer Rosenthal.

Los resultados de este trámite, que puede durar meses, varían dependiendo del caso, de la sentencia y de dónde recae el delito de acuerdo con las reformas de la Proposición 64.

La Proposición 64 legalizó la posesión de hasta una onza de marihuana para consumo personal, estableció un marco normativo para la industria del cannabis y redujo la gravedad de varios delitos, y algunos los eliminó totalmente.

Pero otros delitos relacionados con la marihuana, como venderla a menores de edad, siguen siendo castigables. 

Algunos delitos graves se convirtieron en delitos menores, algunos delitos mayores se convirtieron en infracciones y, en algunos casos, el acto ya no es un delito, dijo Rosenthal. 

Las condenas se pueden anular sin importar hace cuánto tiempo se cometieron los delitos y no hay una fecha límite para hacer la solicitud, comentó. 

Durante el último año, 20 de 23 peticiones presentadas fueron aceptadas, dijo Dzubay. 

La mayoría de las peticiones presentadas ante la Fiscalía de Distrito y revisada, ya se han otorgado, dijo Brannon, quien no ve motivo alguno para que no ocurra lo mismo con la lista del Departamento de Justicia, pero advirtió que no lo sabrá hasta que la oficina haya revisado los casos. 

Brannon agregó que la Fiscalía de Distrito está analizando contratar a un fiscal jubilado para hacer frente a la carga de trabajo. 

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