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Un “mega-resort” en las afueras de Soledad fue suspendido nuevamente después de una afluencia de comentarios de último minuto, entre ellos, una carta del fiscal general del estado que se opone al proyecto. 

“He estado en la Comisión (de Planificación) desde 2001 y esta es la primera vez que recuerdo haber recibido una carta de parte de la oficina del fiscal general”, dijo la comisionada Martha Diehl en una audiencia pública sobre el Paraiso Hot Springs Resort, que ha estado planificándose desde hace más o menos dos décadas. 

La Comisión de Planificación votó por unanimidad suspender la aprobación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto, un paso necesario antes de seguir adelante, hasta que los funcionarios y el desarrollador atiendan las inquietudes surgidas en la reunión del miércoles. 

“De ninguna manera he tenido la oportunidad de revisar toda esta correspondencia”, dijo Diehl, sosteniendo una gruesa carpeta manila. 

Los que están a favor del resort, ubicado en 34358 Paraiso Springs Road, al oeste de Soledad, resaltan el impacto económico proyectado del mismo. 

El resort, que es una combinación de alrededor de 100 habitaciones de hotel, unos 77 condominios de tiempo compartido y una variedad de servicios, crearía alrededor de 300 puestos de trabajo de tiempo completo con beneficios, comentó John Thompson, propietario y desarrollador del proyecto. 

El alcalde de Soledad, Fred Ledesma, indicó que esos puestos de trabajo se necesitan con urgencia en el condado de South, donde residen 29 % de los habitantes de bajos ingresos del condado de Monterey. 

“No aprecio los comentarios de otras regiones del condado, que nos vienen a decir qué hacer”, dijo Ledesma, agregando que “99 %” del dinero del turismo se gasta en la península. 

Pero quienes están en contra del resort, que incluyen al grupo activista local en pro del medio ambiente, Landwatch, y al fiscal general del estado, citaron inquietudes por los incendios forestales. 

En una carta del 20 de marzo, la fiscal general adjunta, Heather Leslie, dijo que el informe de impacto ambiental no mencionaba los cruciales problemas de incendios ni cumplía con los códigos estatales contra incendios. 

“La estación de bomberos más cercana se encuentra a nueve millas de distancia; el programa Google Maps reporta que está a 18 minutos en automóvil”, escribió. 

Se contaría con servicio de transporte de personal de ida y vuelta al resort para la mayoría de los empleados, estableciendo la base en un estacionamiento a dos millas de distancia, escribió Leslie. Sin embargo, no se menciona un plan de evacuación en el informe de impacto ambiental, señaló Leslie.

Pero el informe de impacto ambiental tampoco incluye un plan de protección contra incendios, por el contrario, posterga la elaboración de dicho plan para después de que el proyecto sea aprobado, escribió. 

“Nos preocupa que el plan de protección contra incendios, una vez desarrollado, no atienda en forma adecuada la totalidad de los problemas relacionados con la evacuación”, expresó. 

La propuesta incluye un tanque de agua de 500,000 galones para surtir a los hidrantes contra incendios que están repartidos en el resort. El tanque, junto con dos pozos, proporcionarían toda el agua de uso que se proyecta para el sitio, dijo Brandon Swanson, secretario de la Comisión de Planificación. 

La correspondencia recibida del fiscal general es “extraordinaria”, pero llegó más de un año después de que se cerró la recepción de comentarios públicos para el informe preliminar de impacto ambiental, dijo Anthony Lombardo, abogado de Thompson. 

“Es algo inusual”, dijo. “Será interesante saber qué motivó esa carta”. 

Cal Fire no ha participado de manera importante en la evaluación del informe de impacto ambiental, dijo Fred López, de la unidad Cal Fire de San Benito-Monterey. 

“No hemos tenido la oportunidad de revisar este proceso a nivel regional ni en Sacramento, y vemos que hay algunas deficiencias”, comentó. 

El terreno del resort sería absorbido por el Distrito Rural de Bomberos de Mission Soledad, dijo Swanson.

Pero seguiría siendo un área de responsabilidad del estado, comentó López. 

No obstante, Thompson subrayó los esperados beneficios económicos del resort. Además de la nómina de $15 millones, significaría más de $3 millones en ingresos fiscales, y de $8 a $9 millones anuales por el turismo, explicó. 

También usará alimentos orgánicos locales lo más posible y reciclará el agua residual para usarla en las áreas verdes, dijo Swanson. El agua residual se limpiaría de acuerdo con el mismo estándar que el agua potable, comentó. 

“Incluso si hubiera alguna fuga, no sería agua contaminada”, explicó. 

Thompson también mencionó la demolición sin permiso de 18 estructuras, la mitad de las cuales fueron posteriormente señaladas como cabañas históricas, en 2003.

Las cabañas en ruinas se habían convertido en un riesgo de seguridad y hasta fueron la causa de una demanda por lesiones personales, pero de todos modos se disculpó por la demolición y destacó que ha hecho una contribución de $10,000 para ayudar a preservar la historia del sitio, que desde 1874 había sido un hotel o resort de algún tipo.

“Nuevamente pedimos disculpas por lo que salió mal en 2003”, dijo. 

Landwatch emitió sus objeciones al proyecto por el tema de los incendios, los problemas de tránsito y los cambios en el paisaje circundante, por ejemplo, la nivelación de pendientes pronunciadas. 

Dale Hillard, residente de Salinas, también se opuso al “mega-resort” a través de una carta enviada al consejo, señalando “carreteras inadecuadas y conflictos ambientales por el agua y de otra índole”. 

Thompson cuestionó la denominación de “mega-resort”, diciendo que solo tendría 103 habitaciones de hotel y 77 condominios, y gran parte de los 47 acres restantes sería espacio abierto. 

La carta de Hillard también incluyó un lenguaje muy similar al de otros mensajes de correo electrónico y cartas recibidas por la comisión hasta la reunión del miércoles. 

Para Ledesma, el alcalde de Soledad, el resort sería un concentrador de los visitantes que pasean por las bodegas vinícolas de River Road. Dijo que también trajo cartas de apoyo de los ayuntamientos de las ciudades de King City, Greenfield y Gonzales.

Los funcionarios indicaron que devolverían la propuesta en una fecha indefinida, pero que es probable que sea en uno a cuatro meses. 

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