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A principios de este mes, el ayuntamiento de la ciudad de Salinas devolvió a los funcionarios de la ciudad una propuesta de ordenanza para combatir el mal estado de las viviendas deshabitadas, comentando su preocupación por la posible afectación involuntaria a residentes que se van de vacaciones o que no viven en Salinas durante todo el año. 

El ayuntamiento de la ciudad puso sobre la mesa esa ordenanza el 5 de marzo, la cual exigiría un registro de las propiedades comerciales y residenciales deshabitadas y pidió a los funcionarios de la ciudad revisarla y regresar con una ordenanza que evite ese posible riesgo.

De acuerdo con la propuesta, los propietarios de viviendas tendrían que avisar a la ciudad cuando su propiedad estuviera deshabitada por más de 30 días, inscribirla en un registro y además tomar medidas de seguridad contra el ingreso de intrusos. 

Se aplicaría una tarifa por la inscripción en el registro. Aunque todavía debe determinarse esa tarifa, ya existen registros similares en otras ciudades con tarifas que van de lo más barato que son $25 hasta $350 en ciudades mucho más grandes, comentaron los funcionarios de la ciudad.

Sin embargo, a los concejales Scott Davis y Christie Cromeenes les preocupaba que el registro pudiera afectar a los dueños de vivienda que se van de vacaciones por periodos prolongados o los que viven en Salinas solo una parte del año.

"Tengo una amiga que se va en cruceros de 90 días", dijo Cromeenes. 

Los funcionarios de la ciudad aplicarían las reglas en propiedades en mal estado o desatendidas, por lo que las viviendas que estuvieran bien cuidadas no tendrían de qué preocuparse, explicó el alcalde Joe Gunter. 

"La probabilidad de toparse con este tipo de propiedades es bastante remota", comentó. 

No obstante, el concejal Tony Barrera informó que el concejo escucha con regularidad quejas de los dueños de propiedades acerca de dificultades con los permisos o con la aplicación del código. 

A Davis también le preocupaba que un letrero que identificase a una vivienda como deshabitada, con información de contacto del propietario o del administrador de la propiedad, pusiera en alerta a los ladrones y otros maleantes de que no hay nadie en casa, preocupación que comparten otros concejales. 

Agregó que un registro de viviendas deshabitadas ayudaría a la policía y a los bomberos. 

De las seis personas que hablaron durante el comentario público, cinco se opusieron a la ordenanza. Citaron inquietudes como la posibilidad de que se violen los derechos de propiedad privada, posibles impactos a nuevos desarrollos y la posibilidad de que la ordenanza afecte de forma desproporcionada a las viviendas de bajos recursos.

Los propietarios que viven fuera del área tendrían que contratar a un administrador local de la propiedad para darle mantenimiento a la vivienda, de acuerdo con el informe de los funcionarios de la ciudad. La información de contacto de ese administrador de la propiedad también tendría que publicarse afuera de la vivienda. 

Las infracciones a esta regla podrían significar multas administrativas, que podrían crecer si la ciudad determina que una vivienda está muy deteriorada. 

Además de problemas de estética y de posible seguridad de tráfico, el informe indica que "las propiedades residenciales deshabitadas se han convertido en lugares de fiestas ilegales para intrusos". 

Los concejales también aprobaron por unanimidad una ordenanza para castigar a aquellos que hagan fiestas escandalosas.

La ciudad de Salinas también podría multar a los responsables de la fiesta si los funcionarios de la ciudad respondieran al mismo evento más de una vez en un periodo de 12 horas, por ejemplo, si se hicieran múltiples llamadas a la policía por quejas por el ruido.

La ordenanza castigaría a quien hiciera una fiesta que se convirtiera en un disturbio, de acuerdo con el informe de los funcionarios del ayuntamiento. Para determinar si se trata de un disturbio se considerarían varios factores, como: qué tan ruidosa es la música, si se está obstruyendo la calle, la conducta de los asistentes y otros factores.

Pero si un menor está haciendo la fiesta, se haría responsable a los padres por los costos. Además, cualquier dueño de una propiedad, incluidos aquellos cuyas propiedades están deshabitadas, también podría ser multado si no toma medidas de seguridad adecuadas para proteger la vivienda contra intrusos. 

Los infractores tendrían que pagar una multa de $500, que se elevaría a $1,500 si hay más de dos infracciones en un año. 

Una infracción también podría considerarse como un delito menor.

Esa ordenanza entrará en vigor en 30 días a partir del 5 de marzo.

 

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