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Un nuevo informe estatal critica severamente el proceso de la Prisión Estatal del Valle de Salinas para revisar las quejas de los reclusos contra el personal, al descubrir que más de la mitad de las investigaciones fueron “inadecuadas”.

Además, “(los funcionarios de la prisión) tomaron decisiones en relación con el trabajo de investigación inadecuado”, dice la revisión especial: Informe de la Prisión Estatal del Valle de Salinas de la Oficina del Inspector General del Estado (OIG, por sus siglas en inglés). 

El informe señala que el proceso está plagado de problemas: 

  • Los investigadores carecen de las habilidades y, en algunos casos, de la capacitación mínima, para examinar las quejas a fondo. 
  • Los investigadores algunas veces “mostraron parcialidad a favor de los miembros del personal, algunas veces ignoraron la declaración testimonial de los reclusos y a menudo comprometieron la confidencialidad”.
  • También hubo situaciones obvias de conflictos de intereses, como en el 6 por ciento de los casos en que el investigador examinó una acusación contra un oficial superior. 
  • En seis casos, de los 188 que examinó la OIG en 2018, los investigadores del Valle de Salinas determinaron que el personal había violado las normas. Sin embargo, la OIG dice que “no siempre proporcionó medidas correctivas, hasta que preguntamos al respecto”. 

Los redactores del informe de 137 páginas, publicado el 24 de enero, examinaron los registros de “quejas contra el personal” entre diciembre y febrero y luego observaron las investigaciones realizadas en la prisión entre marzo y mayo. 

La Prisión Estatal del Valle de Salinas, una instalación estatal de alta seguridad ubicada en Soledad presentó alrededor del 9 por ciento de todas las quejas de las 35 instituciones del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés), una cifra mucho mayor que la de cualquier otra institución del CDCR. De acuerdo con el informe, el CDCR administra prisiones de alta seguridad, incluyendo la del Valle de Salinas, así como prisiones generales de menor seguridad y programas especiales de vivienda. 

También dice que los problemas en la Prisión Estatal del Valle de Salinas probablemente se encuentren presentes en otras prisiones del CDCR.

PRISIÓN DEL VALLE DE SALINAS

Cuando un recluso presenta cualquier tipo de queja, esta es dirigida a la oficina de apelaciones de la prisión, que determina si se trata de una queja relacionada con el personal, señala el informe.

“Una queja de un recluso relativa a que sus libros no llegaron de la biblioteca es una queja de rutina”, señala el informe. “En contraste, una queja de un recluso referente a que un miembro del personal robó sus libros sería una queja contra el personal”.

Una vez revisada, es dirigida a la administración, que decide si vale la pena realizar una investigación. Si es así, entonces se deriva al revisor para darle seguimiento, señala el informe. 

El informe señala que investigar cada queja individual, independientemente de su gravedad o naturaleza, sería costoso, abrumador y posiblemente abierto al abuso por parte de los reclusos. Los revisores deben realizar las investigaciones además de sus tareas normales. 

Pero los revisores carecen de las habilidades y la capacitación para realizar las investigaciones, concluyó el informe. Solo el 23 por ciento de ellos había recibido alguna “capacitación relevante” antes de examinar su primera queja contra el personal. 

 

Hasta el 19 de noviembre, el ocho por ciento no tenía registro de ninguna capacitación en el proceso de quejas. Por otra parte, ninguno de ellos había recibido “capacitación significativa en técnicas de entrevista, recolección de evidencia ni redacción de informes”, según el análisis de la OIG. 

La oficina de prensa de la Asociación de Oficiales de Paz de las Correccionales de California no respondió una llamada telefónica pidiendo sus comentarios el pasado lunes. 

El teniente Eduardo Mazariegos en la Prisión Estatal del Valle de Salinas remitió sus preguntas a la oficina de prensa del CDCR. 
Una declaración preparada del CDCR aseguró que “no discute los hallazgos (del informe de la OIG)”, incluso indica que podría haber problemas similares en otras instalaciones.

“El CDCR toma muy en serio las quejas contra el personal”, dijo, y señaló que existen siete reformas propuestas que se encuentran en proceso y van desde la reestructuración de la oficina de apelaciones, a la capacitación adicional y a la incorporación de un director de riesgos en su Oficina de Auditorías y Cumplimiento Judicial. 

Ese oficial buscaría grietas y alertas tempranas en el proceso, dice la declaración del CDCR. 

Pero un ex recluso de la prisión del Valle de Salinas dice que los problemas se han generalizado. 

EN EL INTERIOR

Fernando Medina, de 60 años, fue liberado de la Prisión Estatal del Valle de Salinas el 24 de julio.

Dijo que pasó 38 años tras las rejas después de su condena por asesinato en primer grado en el condado de San Joaquín.

Cuando llegó a presentar quejas, siempre se aseguró de tener una copia escrita para sus registros.

Desde que llegó al Valle de Salinas el 1 de septiembre de 2012, solo presentó una queja contra el personal. 

“Solo presenté una, porque estaba tratando de evitar cualquier cosa y todo”, dijo. “Estaba tratando de irme a casa”. 

Los guardias tiraron su celular durante una búsqueda y dejaron “todo en una pila... cosas personales, cartas, fotos”, dijo. 

Dijo que normalmente los guardias deberían colocar cuidadosamente esos efectos personales en la cama después de una búsqueda. 

Dijo que nunca recibió los resultados de esa queja, solo una “carta modelo” que decía que no le informarían los resultados de la búsqueda. Es una situación común, dijo.

Los investigadores de quejas, conocidos como “revisores”, terminaron la mayoría de las investigaciones de quejas a tiempo, incluidas aquellas con prórrogas, concluyó el informe de la OIG. Pero los revisores a menudo no mantuvieron informados a los reclusos ni a su director asociado sobre el estado de las quejas, afirma el informe. 

Pero se encontraron problemas aún mayores, como revisores que ni siquiera entrevistaron a testigos potenciales ni incluyeron el testimonio de los reclusos. 

Las quejas 'más problemáticas'

Solo se validaron seis quejas contra el personal, y solo cinco de ellas dieron como resultado algún cambio, generalmente capacitación adicional. Pero tomó entre 240 y 411 días antes de que recibieran esa formación, “disminuyendo en gran medida el valor de esa capacitación”, señala el informe. 

“El hecho de no capacitar al personal de manera oportuna también sugiere que la prisión del Valle de Salinas no tomó en serio las violaciones y no demostró que la prisión estuviera comprometida a garantizar que su personal logre mejoras”, señala el informe. 

En lo que puede ser la “más problemática” de esas quejas, el personal desechó la prótesis dental de un recluso durante una inspección de celdas. Cuando el recluso habló con un sargento, el sargento supuestamente lo insultó y le dijo que presentara una queja. 

Los representantes de la OIG estuvieron en el lugar para realizar la entrevista de ese recluso, cuyo nombre no es revelado por razones de seguridad. 

“No quería que su apelación fuera una queja contra el personal; simplemente estaba descontento con la respuesta del sargento porque el recluso quería que le reemplazaran su prótesis faltante lo antes posible”, señala el informe. “El recluso dijo que no estaba 'buscando que nadie se metiera en problemas'”.

El informe de la OIG también dijo que tenía problemas para identificar qué miembros del personal estaban involucrados. 

El revisor determinó que el recluso había identificado erróneamente al sargento; otro sargento se había encargado de la inspección. 

 

“El revisor anotó el nombre del sargento que estaba realmente a cargo de las inspecciones, el que debería haber sido incluido como sujeto (de la investigación), pero no lo entrevistó”, señala el informe. 

El revisor no explicó la decisión, sino que cerró el caso como un incumplimiento del deber debido a que el personal no documentó la inspección correctamente, señala el informe. 

Después de leer el informe de la OIG sobre esa queja contra el personal, Medina dice que considera que el recluso “realmente desea presentar una queja contra el personal” pero al mismo tiempo no quiere sufrir ninguna represalia. 

Los revisores también comprometieron la confidencialidad de los 34 reclusos que presentaron las quejas y de los 31 testigos. Eso incluye entrevistar a un recluso al alcance del oído del empleado a quien había acusado, de acuerdo con el informe. 

La Oficina Jurídica de la Prisión, que representa a los presos, dijo a los investigadores de la OIG que “sus clientes se sintieron intimidados por la forma en que fueron contactados para programar sus entrevistas”, señala el informe. 

“A nuestro (investigador) le pareció que el oficial en cuestión en la cabina de control estaba escuchando activamente la conversación”, escribieron los investigadores de la OIG. 

Esa oficina, junto con el CDCR, solicitó la investigación a principios de 2018. 

Medina recuerda un caso con el que ayudó a otro recluso, comentó. El revisor ni siquiera entrevistó a los testigos, un problema que el informe también encontró en el 30 por ciento de los casos.

En otro 60 por ciento, los revisores trabajaron en el mismo patio o turno que el empleado acusado, afirma el informe.

El futuro del CDCR

El inspector general recomienda una reforma completa del sistema de revisión en todo el CDCR, comenzando con la reasignación de todas las quejas contra el personal a empleados que trabajen fuera de la estructura de mando de la prisión. 

El informe también sugiere la formación de equipos regionales para revisar las quejas, similar a su Oficina de Asuntos Internos. 

En las prisiones, todas las personas que investigan las quejas contra el personal deben contar con capacitación completa y continua.

 

Los revisores también deberían grabar el audio de las entrevistas de los testigos y reclusos, y considerar grabar video también. El inspector general recomienda que los revisores también entrevisten a todos los testigos e incluyan todos los documentos relevantes, independientemente de las opiniones personales del revisor acerca de las personas involucradas.

“Un revisor no puede tomar atajos en estos pasos sin comprometer la calidad”, señala el informe. 

En una carta en respuesta al informe, el secretario de la agencia, Ralph Díaz, establece siete pasos en el proceso para abordar las quejas contra el personal. 

Trasladó la Oficina de Apelaciones de la división de custodia a la División de Investigación de Políticas Correccionales y Supervisión Interna, escribió Díaz. La oficina de apelaciones en Sacramento también manejará todas las apelaciones de quejas de los reclusos. 

El proceso de quejas también se simplificará, y el CDCR dedicará a ciertos supervisores a revisar las quejas contra el personal en las prisiones con un gran número de quejas, como en el caso del Valle de Salinas. Esos miembros del personal serán enviados a la Comisión de California sobre Estándares y Capacitación para los Agentes del Orden, además de recibir una capacitación más interna. 

“También estamos en pláticas sobre nuestra capacidad para desplegar personal dedicado en todo el sistema según lo permitan los recursos”, dijo el CDCR.

También “auditará regularmente el manejo de quejas de las instituciones, incluidas las observaciones in situ de las investigaciones de quejas contra el personal”. 

“Es posible que no estemos de acuerdo sobre la mejor manera de abordar los diversos problemas que se han identificado, pero apreciamos su disposición para continuar trabajando con nosotros en soluciones potenciales", escribió Díaz.

 

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At Salinas Valley State Prison, the highest level security in California, incarcerated men who’d gone more than a year without so much as a hair out of line sang, danced, painted, competed and fathered their kids. Wochit

 

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