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A federal appeals court ruled against President Trump's administration's effort to end DACA, which protects undocumented immigrants brought to the U.S. as children. USA TODAY

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Daniel Díaz ha estado deliberando acerca de obtener o no una hipoteca sobre una casa en Salinas para sus padres.

Aunque han estado alquilando por tres años y a Díaz le gustaría ayudarles, la situación migratoria del ingeniero de software de 24 años de edad ha estado en el limbo debido a una batalla política y más de un año de fallos del tribunal federal en torno al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, por sus siglas en inglés.

Si bien su visa de trabajo de dos años obtenida a través del DACA se vence en 21 meses, a Díaz le preocupa que una posible deportación pueda interferir con una hipoteca. 

El destino de los beneficiarios del DACA como Díaz, un grupo de casi 700,000 inmigrantes que viven ilegalmente en el país y que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, ha sido aún más incierto desde que el presidente Donald Trump anunció su intención de rescindir el programa en 2017.

California es el hogar de más de 200,000 beneficiarios del DACA, de acuerdo con el Instituto de Política Pública de California. Se les conoce comúnmente como “dreamers” (soñadores), en referencia a una propuesta que nunca fue aprobada por el Congreso y que se llama Ley DREAM, cuyas siglas significan en español “Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros”.

Tan solo en Hartnell College se inscribieron más de 880 estudiantes en 2017 a través del Proyecto de Ley 540 de la Asamblea de California que permite que los estudiantes de California que viven ilegalmente en el país paguen la matrícula de residentes del estado, aunque no está claro cuántos de ellos tenían el estatus para el DACA.

Motivado por la inseguridad a la que se enfrentaron los beneficiarios del DACA, Díaz comenzó a abogar por la reforma a través de Faces of DACA, un proyecto que cuenta las historias de los beneficiarios del DACA y también brinda información sobre cómo pueden tomar cartas en el asunto quienes desean que se apruebe la reforma.

Pero su estatus no parece estar en peligro, por ahora, debido a la inacción de la Corte Suprema con respecto a la apelación de la administración de Trump, que pretende terminar con el programa DACA.

La decisión que tomaron los jueces el pasado martes es un alivio para Díaz, aunque aspira a algo más permanente.

“Para mí, es algo parecido a un encuentro deportivo que sigue yendo a tiempo extra una y otra vez”, dijo. “En el corto plazo, es bueno que los afectados puedan finalizar compromisos como la universidad”.

La abogada de inmigración de Salinas, Blanca Zarazúa, dijo que, si bien la decisión de la Corte significa que los dreamers no se enfrentan a una deportación inmediata, los dejó en una incómoda especie de limbo, sintiéndose rechazados por el país en el que crecieron e incapaces de planificar el futuro.

Eso puede afectarlos en su vida, comentó, pero aún tiene esperanzas para los beneficiarios del DACA en Salinas y el condado de Monterey.

“Los dreamers en Salinas, como en muchas otras comunidades, son personas muy resistentes”, dijo Zarazúa. “Se les llama dreamers por una razón. Espero que sigan soñando. Tienes que hacerlo, cuando no tienes nada más”.

El sábado, Trump propuso un acuerdo para extender la protección del DACA a cambio de fondos para financiar el muro en la frontera, lo que también podría poner fin al cierre administrativo temporal del gobierno federal que se encuentra en su quinta semana.

Sin embargo, Díaz dijo que esto no es suficiente.

“Nos colocaría en una situación con un plazo más largo”, dijo. “Nos gustaría que hubiera algo más duradero que el Congreso pueda instituir”.

El impacto de vivir y planificar a corto plazo afecta la salud de los beneficiarios del DACA, además de que sus efectos son muy amplios y se extienden a comunidades enteras, dijo Regina Langhout. Langhout, profesora de psicología de la Universidad de California en Santa Cruz, redactó un informe de políticas del American Journal of Community Psychology que describe el trauma y la violencia del proceso de deportación actual.

La incertidumbre y la amenaza de deportación pueden llevar a una mayor ansiedad, depresión e incluso a retirarse de los servicios civiles, los trabajos o la escuela, dijo Langhout.

“Sabemos por (nuestra) investigación que este tipo de espacio indefinido es realmente desafiante para la salud personal y también para la salud de toda la familia”, dijo Langhout. “Nos aleja de una sociedad civil robusta y sus efectos son generalizados en toda la comunidad”.

Los magistrados estuvieron de acuerdo en no darle a la administración de Trump una última oportunidad de terminar con el programa DACA, que protege a esos inmigrantes contra la deportación y les otorga permisos de trabajo

El esfuerzo de Trump ha estado en suspenso durante un año luego de un mandamiento judicial de un juez federal de distrito a nivel nacional. En noviembre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó el fallo, reprendiendo a la administración por atacar a “jóvenes inocentes y económicamente productivos sin antecedentes penales”.

El Departamento de Justicia había pedido a la Corte Suprema que interviniera incluso antes del fallo más reciente. Pero con su inacción, la corte dejó pasar toda posibilidad de que el caso pueda ser escuchado durante su mandato actual, que termina en junio. 

“Estoy complacido con esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero, desafortunadamente, esto no representa el final de nuestra lucha por una solución permanente para los beneficiarios del DACA y todos los dreamers en toda nuestra nación”, dijo el representante Jimmy Panetta en un correo electrónico. “En este momento, me mantengo enfocado en la reapertura del gobierno para que podamos trabajar en las negociaciones de protecciones permanentes para los inmigrantes que contribuyen a nuestras comunidades y al país. También aliento a los beneficiarios elegibles del DACA a que sigan renovando su estatus”.

En 2016, el tribunal superior bloqueó una iniciativa más amplia presentada por el presidente Barack Obama y dirigida a proteger a millones de padres indocumentados. El año pasado, ratificó la prohibición de Trump contra los viajeros de siete países, incluidos cinco países de mayoría musulmana. 

El procurador general Noel Francisco advirtió en su petición que “a falta de la intervención de este tribunal, el gobierno tendrá que mantener la política (DACA) en todo el país durante años después de que (el Departamento de Seguridad Nacional) y el fiscal general determinen que debería terminar”.

Una coalición de estados y grupos pro derechos de los inmigrantes instó a los jueces a rechazar la petición de la administración y confirmar los fallos del tribunal inferior. 

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The program, better known as DACA, has helped nearly 800,000 young people remain in this country and receive work permits. Aaron Bedoya / USA Today Network

El mandamiento judicial nacional “preserva el statu quo para un grupo cuidadosamente definido de jóvenes que fueron traídos a este país cuando eran niños, que son residentes respetuosos de la ley y productivos, y que en muchos casos no conocen otro hogar”, argumentó California en documentos judiciales.

Trump propuso originalmente finalizar el programa en 2017, pero impuso al Congreso un plazo de seis meses para encontrar una solución conciliatoria. Eso llevó a negociaciones intensas y a un breve cierre administrativo del gobierno, pero no dio como resultado la creación de una ley para ayudar a los dreamers. El sábado, Trump sugirió nuevamente que el destino de los dreamers podría estar ligado al sueño suyo de un muro de concreto o una barrera de acero a lo largo de partes de la frontera sur.

Si la Corte Suprema finalmente falla a favor de Trump, esto no conduciría a deportaciones inmediatas, pero mejoraría su posición negociadora ante los demócratas del Congreso.

“Una decisión que confirme que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para rescindir el DACA no afectaría en nada la facultad incuestionable del Congreso para modificar la situación migratoria de los beneficiarios del DACA”, dijo el Departamento de Justicia.

Tras las actuaciones de la Corte Suprema, Díaz ha decidido finalmente no seguir adelante con la hipoteca. Por ahora, su familia continuará rentando su vivienda actual.

Pero él desea una solución de largo plazo que brinde a los beneficiarios del DACA, como él, más estabilidad para invertir en decisiones como un doctorado o un hogar.

“Espero que algo bueno suceda”, agregó. “Eso es todo lo que podemos hacer: conservar la esperanza y continuar haciendo nuestro trabajo”.

USA Today contribuyó a esteinforme

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