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Una mujer acusada de desfalcar a su organización sin fines de lucro por un monto de $675,000 dólares para adquirir bolsas, vehículos y contratar una banda de rock para la escuela de su hija, supuestamente también cometió un fraude de $188,000 dólares contra escuelas del condado de Monterey. 

El 18 de diciembre, Lolita García, de 57 años y originaria de Santa Cruz, recibió la orden de someterse a juicio durante su audiencia preliminar sobre los cargos de fraude que se le imputan. 

García se declaró inocente.

Por medio de su abogado John Coniglio, García renunció el martes a su derecho a tener una audiencia preliminar sobre los 20 cargos de desfalco, lavado de dinero y fraude fiscal de su organización sin fines de lucro, Central Coast Kids and Families. 

Central Coast Kids and Families, cuya sede se encuentra en Monterey, ofrece apoyos en los salones de clases para estudiantes con necesidades especiales, así como ayuda en el hogar; todo esto lo pagan las escuelas y la beneficencia estatal.

Entre 2013 y 2015, García le robó $675,646 dólares a Central Coast Kids and Families, dijeron los abogados del Fiscal de Distrito del Condado de Monterey en los expedientes que presentaron ante el tribunal superior de ese condado. 

García utilizó aproximadamente $140,000 dólares del dinero de la organización para adquirir cuatro vehículos, incluida una Range Rover de Land Rover y un Porsche Carrera, dijeron los fiscales en sus documentos. También gastó $4,700 dólares en tres bolsas Louis Vuitton, $9,000 dólares en un Rolex con diamantes, $7,500 dólares para pagar la colegiatura de su hija y $10,000 dólares para “financiar la banda de rock de su preparatoria privada”, agregaron. 

García tuvo una audiencia preliminar el 18 de diciembre por 10 cargos de fraude y seis de hurto mayor por medio de fraude, con agravantes adicionales. 

García ha sido la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro desde que esta se fundó en 2008, así como su única tenedora de libros y la única persona con acceso a los expedientes financieros, dijo Linda Bell, quien fungió como gerente de la oficina y posteriormente directora de esa organización.

García era quien preparaba y enviaba las facturas del cobro de los empleados a los distritos escolares; entre agosto de 2013 y julio de 2015 cobró casi $200,000 dólares de más, descubrió Sandra Kyzivat, auditora forense de la oficina del fiscal de distrito del condado de Monterey durante su revisión de los expedientes de Central Coast Kids and Families. 

Las diferencias iban desde $2 hasta varios miles de dólares, agregó. 

También informó que durante su revisión, en la que requirió cientos de horas para organizar y analizar más de 1,700 hojas de asistencia, además de facturas y expedientes de nómina, solo encontró nueve facturas en las que García había cobrado de menos.

El distrito de escuelas primarias Salinas City pagó $2,280 más de lo que debía, pero el distrito escolar unificado de Pacific Grove pagó mucho más, $98,665 dólares, dijo Kyzivat. A otros distritos, incluido el North Monterey County Unified, también les robó varios miles de dólares.

Una organización a nivel estatal, el San Andreas Regional Center, pagaba por el trabajo en el hogar, y sufrió un desfalco de aproximadamente $77,000 dólares, informó. 

En muchas de las facturas se pagaban pequeñas cantidades de más; por ejemplo, en una factura expedida a una escuela del Distrito de Escuelas Primarias Salinas City solo se pagaron $610 dólares de más. Sin embargo, el dinero se acumuló con el tiempo, dijo Kyzivat. 

“Hay muchos, muchos, muchos casos en los que las cosas se hicieron así”, agregó. 

La organización sin fines de lucro ha estado en suspensión de pagos desde que acusaron a García en marzo, según muestran los expedientes del tribunal. 

Sin embargo, Coniglio, el abogado de García, le preguntó a Bell si los expedientes estaban incompletos y si faltaban detalles en las hojas de asistencia y en los libros, o si estos contenían errores.

“Nada es perfecto al 100 por ciento”, contestó Bell.

Sin embargo, Kyzivat dijo que también comparó los expedientes de nómina contra las hojas de asistencia de los empleados y las facturas enviadas a las escuelas, con lo cual verificó sus hallazgos. 

Además, García con frecuencia proporcionaba personal para el “teléfono electrónico”, una línea que funciona las 24 horas para que los empleados o los estudiantes reporten ausencias o emergencias, dijo Coniglio. 

Después de la audiencia, no quiso hacer ningún comentario. 

Si a García la declaran culpable, los distritos escolares podrían buscar compensación por los fondos perdidos que identifique la oficina del fiscal de distrito, informaron los abogados de la misma. También podrían llevar a cabo sus propias auditorías para examinar los posibles cobros excesivos en los años adicionales.

La juez Pamela Butler ordenó que García se someta a juicio por los 36 cargos; la próxima audiencia está programada para el 18 de enero a las 8:30 A.M. Aún no se ha fijado fecha para el juicio. 

 

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