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Cuando un día Charlie Creel salió de su Rexhall Aerbus de 40 pies de largo en la calle Griffin poco antes de mediodía, encontró un papel color amarillo claro con un mensaje en letras mayúsculas rojas que decía “AVISO DE ADVERTENCIA” pegado a su ventana frontal.

Los avisos, pegados en los RV y unos remolques que estaban en la calle, incluían información acerca de la ordenanza de vehículos grandes de la ciudad, junto con un panfleto acerca del programa de estacionamiento seguro en Marina y una lista de recursos para personas indigentes.

Este mes se comenzó a aplicar su controversial ordenanza que prohíbe que las personas estacionen vehículos de más de 20 pies de longitud o 7 pies de altura en las calles y propiedades de la ciudad.

La aplicación de la ordenanza comenzó el 27 de agosto, el mismo día que Creel, de 73 años, tenía programada una cirugía de cadera en el Hospital de Asuntos para Veteranos de Palo Alto.

“He estado tratando de encontrar algún lugar dónde poner esto”, dijo Creel acerca de su RV. “He andado buscando por todas partes. Parece que no tienen espacios disponibles”.

Su Aerbus es una casa rodante que, aunque tiene seguro, perdió las placas del registro porque necesita un filtro de aceite nuevo. El vehículo no puede viajar a más de 25 millas por hora en terreno plano, o más rápido en una pendiente, agregó. El tablero está lleno de citatorios que dan testimonio del estado del registro del vehículo.

Para su cirugía, Creel pensaba ir al Defenders Lodge, un centro para veteranos en el que puede permanecer mientras recibe tratamiento en el hospital. 

“Espero poder estar ahí por lo menos en un par de semanas, hasta que pueda volver a ponerme de pie”, agregó.

En junio, la ciudad casi aprobó la ordenanza con una votación de 4-3.

Los autobuses, vehículos recreativos, remolques, botes, autos, camiones, camionetas, vehículos de trabajo y vehículos personales que sean más grandes que lo establecido en los reglamentos, enfrentan la posibilidad de ser remolcados, recibir multas o incluso castigos penales.

Los anuncios de la ordenanza están publicados en las entradas de la ciudad, además de las áreas que tienen una gran concentración de personas que viven en vehículos recreativos.

Los concejales y el personal que apoyan la medida sostienen que este es un asunto de salud y seguridad pública, y para ello citan las zonas residenciales con inseguridad donde hay vehículos grandes que bloquean la vista de los conductores o los peatones, así como las fugas de drenaje de los vehículos que se utilizan como viviendas. En junio, el administrador de la ciudad Ray Corpuz Jr. dijo que la contaminación del agua de lluvia de la ciudad a causa de los vehículos recreativos podría costarle a la ciudad $10,000 dólares por cada violación.

Sin embargo, la ordenanza tiene excepciones, incluida la que permite la carga y descarga de un vehículo o remolque estacionado durante no más de 48 horas con el fin de viajar o para uso recreativo. Los camiones de tacos y vehículos comerciales similares están excluidos.

Además, como parte de la aplicación de la prohibición, el ayuntamiento de la ciudad de Salinas aprobó recientemente un convenio para que ocho empresas de grúas se comuniquen con la policía para eliminar los vehículos de las calles de la ciudad.

El procurador de la ciudad Chris Callihan había observado en su informe de junio al personal que la ciudad necesitaba renegociar con las empresas. Ese convenio, que representa un aspecto fundamental de la ordenanza, se aprobó el martes en el ayuntamiento, que se encuentra a un poco más de una milla de la calle Griffin.

David Hullfish iba caminando por la calle Griffin en camino a su trabajo, cuando vio que los oficiales estaban colocando los avisos como lo habían estado haciendo toda la semana. Le preguntó a un oficial cuándo entraría en vigor.

“Pues bien, él (el oficial) dijo que les daban bastante oportunidad, pero si no tienes muchas opciones”, dijo Hullfish, “esos son sus hogares”.

Hullfish no vive en un vehículo recreativo, sino en un Acura que está estacionado cerca de su trabajo de reparación de electrodomésticos. Su auto resultaría afectado por la ordenanza. Al igual que Creel, Hullfish es veterano.

“¿Esto se va a aplicar para todos?”, preguntó Hullfish, haciendo referencia a las personas que vienen de fuera a visitar a sus familiares; esas personas estarían exentas. “No, no para todos”.

Afuera de su vehículo recreativo enseguida del Arroyo Alisal, Creel permaneció de pie apoyándose en su bastón junto con Wes White, un antiguo activista de los indigentes de Salinas que ahora se está postulando para alcalde, mientras consideraba diferentes lugares para colocar su Aerbus.

White había escuchado que los funcionarios de la ciudad andaban en la calle Griffin.

“¿Esto es lo que ellos consideran que significa poner en contacto a la gente con los servicios?”, dijo White, mientras leía el paquete de la notificación con Creel y su amigo Ignacio Gutiérrez Verde. “Esto no es lo que significa poner en contacto a la gente con los servicios”.

“Pueden ayudar a otros países, pero no pueden ayudar a su propia gente”, dijo Gutiérrez Verde, un residente de Gonzales que enfrenta también problemas de vivienda más abajo en el valle.

Detrás del Motel 6 del aeropuerto está el lugar donde Creel estaba considerando quedarse. Aunque la ciudad impuso la prohibición, el condado no lo hizo, dijo White.

Con su camioneta tipo Van estacionada enseguida del Aerbus de Creel, Marsha Brewer permaneció sentada en su vehículo con Elvia Rodríguez y la hija de esta, antes de salir a preguntarle a White a dónde se pueden mudar.

Brewer vive con su hijo y Rodríguez. Estaba considerando el programa para vivir en el parque, el cual requiere que los voluntarios donen 30 horas de tareas cada semana, a cambio de un espacio gratuito para acampar y servicios públicos para una casa rodante o remolque.

White tenía copias de la solicitud para el programa, pero dijo que también podrían vivir en el vecindario Boronda, una comunidad no incorporada que se encuentra justamente al oeste de la calle Davis.

Brewer, quien solía vivir en la calle Griffin en su vehículo recreativo, se mudó cerca de la Iglesia Católica Cristo Rey.

“Así lo decidimos nosotros”, dijo acerca de las condiciones en las que vive. “A veces, la vida te tira una curva y hay que aprovecharla”.

Brewer era conductora de autobuses del Distrito de Preparatorias Salinas Union, pero cayó en coma durante una semana hace más de cinco años. Ahora está discapacitada, al igual que su hijo. Su casa del Este de Salinas fue declarada ruinosa el año pasado.

Después de vivir en su auto durante un período corto decidieron comprar un vehículo recreativo, y ahora enfrentan la prohibición de la ciudad en la que Brewer nació y creció.

“¿Qué recomienda que haga?”, preguntó.

En una declaración, Anthony Prince, abogado de Berkeley, dijo: “Iniciaremos una campaña de acción directa no violenta, desobediencia civil y disputas legales para resistir y rechazar esta ordenanza injusta y discriminatoria”.

Adjunto a la notificación de advertencia para Creel y otros dueños de vehículos recreativos, se encuentra un panfleto para el Programa de estacionamiento One Starfish, el cual administra con su esposa.

El programa de estacionamiento seguro, que se encuentra afuera de la oficina de la supervisora del condado de Monterey Jane Parker, ofrece recursos para las personas que se mudan a una vivienda permanente.

Ellos tienen 15 espacios de estacionamiento, aunque recientemente todos estaban llenos. Sus trabajadores de casos dicen que los solicitantes se comunican con ellos con regularidad, pero que se están viendo obligados a rechazarlos debido a las limitaciones de espacio.

Además, con el nuevo presupuesto del condado y la presión de los urbanizadores locales, el financiamiento del programa de Fechter se ha visto reducido a tan solo una tercera parte. One Starfish tendrá que dejar el espacio de Marina para diciembre.

Aunque él y su esposa disfrutan con la administración del programa, la falta de recursos limita gravemente su alcance, informó.

“Es un servicio que siento que el gobierno debería proporcionar”, dijo Fechter. “No debería ser necesario depender de los ciudadanos privados para proporcionar trabajadores sociales y baños”.

Además de proporcionar los panfletos, como resultado de la ordenanza, no hay ningún otro convenio que tenga con la ciudad de Salinas.

“Lo único que están ofreciendo es presión para que esta gente se vaya a algún lado, aunque no tienen ningún lugar a dónde ir”, agregó. “Literalmente no están ofreciendo ninguna opción”.

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