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El Condado de Monterey se unió a un esfuerzo legal por impedir que la administración de Trump incluya preguntas sobre la ciudadanía de los encuestados en el Censo de 2020. 

El Condado de Monterey se unió a cuatro condados, nueve ciudades y más de una docena de gobiernos estatales de todo el país en la disputa sobre la “decisión inconstitucional y arbitraria del Buró del Censo de agregar la exigencia de declarar ciudadanía en el cuestionario del Censo de 2020, lo cual debilitaría la exactitud del conteo de la población y causaría tremendos daños a los demandantes y a sus residentes”.

En abril, el Secretario del Departamento de Comercio Wilbur Ross le ordenó al Buró del Censo que usara el Censo de 2020 para incluir información sobre el estado de la ciudadanía de los encuestados.

En una declaración, el Departamento de Comercio informó que agregaría la pregunta para ayudar a aplicar la Ley de Derechos de Votación, y que esta pregunta se incluye en otras encuestas que el Buró del Censo distribuye. El departamento agregó que las encuestas del Censo aplicadas antes de 1950 siempre hacían preguntas acerca de la ciudadanía de los encuestados.

Sin embargo, los demandantes alegan que los datos recolectados a través del censo que se levanta cada década no proporcionarían un conteo confiable de la población en edad de votar, ya que se vuelven obsoletos rápidamente. Además, mantienen que ya existe información sobre la ciudadanía que se recolecta por medios “menos invasivos”. 

El censo determina directamente la distribución de los representantes que los estados envían al Congreso, la asignación de los electores del Colegio Electoral y la distribución de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales, según se especifica en la demanda, que argumenta también que el plan hará que disminuya la participación en el conteo, en particular entre las comunidades de inmigrantes en que la gente podría tener temor de responder.

Eso pondría en riesgo el financiamiento federal de esas comunidades.

Los demógrafos calculan que 30 por ciento de los habitantes del condado de Monterey nacieron en el extranjero, y como resultado de eso es probable que el conteo de los demandantes sea insuficiente, continúa explicando el documento presentado. 

En el condado de Monterey, 24.2 por ciento de los hogares no devolvieron sus cuestionarios del censo de 2010, lo cual requirió un seguimiento en persona. 

“Además, a las comunidades de inmigrantes que han sido marginadas en el pasado se les privará del acceso a recursos públicos y privados durante los próximos diez años”, continúa diciendo la demanda. 

Esto incluye recursos para necesidades como educación pública, servicios sociales, infraestructura y servicios de salud.

Por ejemplo, como muchas dependencias de salud federales y públicas se apoyan en el censo decenal para obtener estadísticas demográficas, un censo inexacto afectaría adversamente al sistema de salud nacional, argumentan los demandantes. 

“Un conteo insuficiente en el Censo de 2020 debilitaría los esfuerzos para la prevención de enfermedades y costaría millones de dólares en tratamientos a largo plazo”, según la demanda. 

El Buró del Censo no ha solicitado información sobre la ciudadanía de los encuestados en el formulario decenal desde 1950.

“Normalmente se requieren años para probar, evaluar e implementar las preguntas antes de decidir cambiarlas, pero la decisión de los demandados se comprimió en un apresurado período sin precedentes de menos de cuatro meses”, se informó en la demanda. 

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