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Los trabajadores del campo de los valles de Salinas y del Pajaro viven en condiciones tan apretadas y decrépitas que tienen que programar un horario para usar la cocina, mientras que sus empleadores normalmente saben muy poco acerca de la vida que llevan fuera del campo, mostraron los resultados de una ambiciosa encuesta que se llevó a cabo durante el verano pasado.

“Solo quiero un lugar para mí, para mi familia, tener privacidad y un jardín pequeño para que los niños jueguen”, se expresó en una respuesta típica entre las de cientos de encuestados, dijo Jennifer Coile, gerente de proyectos del Plan de Acción del Estudio de Vivienda para los Trabajadores del Campo del Valle de Salinas y del Valle del Pajaro.

La encuesta es el primer paso, ya que sus patrocinadores quieren crear un plan de acción para analizar las deficiencias. Eso podría representar un llamado para construir más viviendas, entre otras posibles respuestas.

De junio a agosto de 2017, un grupo de encuestadores entrevistó a 420 trabajadores del campo de ambos valles. De acuerdo con el estudio, 89 por ciento de los encuestados dijeron que rentaban y 44 por ciento dijeron que tenían algún problema con las condiciones básicas de su vivienda, como la plomería.

En un foro que se llevó a cabo el 19 de abril en el Salinas City Center, un atento grupo de representantes de empresas y del gobierno local escuchó los hallazgos de la encuesta. No hubo trabajadores del campo presentes ahí.

“Lo que confirmamos (en la encuesta) es que viven en condiciones muy abarrotadas”, dijo Coile. “Es posible que tres familias vivan en un lugar de dos habitaciones, y esto no se debe a las preferencias culturales, sino a las necesidades económicas, donde la gente se ve obligada a hacinarse”.

De acuerdo con los hallazgos, la mayoría de los trabajadores del campo viven con personas que no son familiares.

Como resultado de la hacinación, en la encuesta se descubrió que es común que más de cinco personas compartan un baño y tengan que programar el uso de la cocina.
Ildi Carlisle-Cummins, directora de proyectos de Cal Ag Roots del Instituto de Estudios Rurales de California, dijo que 66 empleadores, desde productores hasta contratistas de mano de obra agrícola, también dieron sus respuestas durante el estudio. Los encuestadores les preguntaron a los empleadores si estaban conscientes del tipo de situación de las viviendas en las que se encuentran los trabajadores del campo, y si dichos trabajadores expresaban interés en tener vivienda.

“Pienso que lo que me sorprendió fue la falta de un verdadero entendimiento por parte de los empleadores sobre los lugares donde viven sus trabajadores”, dijo Gail Wadsworth, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Rurales de California. “A menos que esos empleadores proporcionaran viviendas, tenían una idea general, pero en realidad no conocían las condiciones ni dónde vivían específicamente sus trabajadores”.

De acuerdo con la encuesta, los trabajadores del campo de la zona ganan un salario por hora de $12.79 dólares en promedio y tienen un ingreso anual de $25,000 dólares en promedio. El salario mínimo de California es de $11 dólares por hora.

La mayoría de los trabajadores del campo viven en la zona durante todo el año, hecho que refuta la creencia popular, dijo Coile. Ochenta por ciento de los encuestados dijeron que no se mueven y solo 20 por ciento de ellos son migrantes que siguen las cosechas, según la encuesta. 

El estudio comenzó después de que la organización Building Healthy Communities, una iniciativa del Consejo para la Acción del Condado de Monterey, cuya sede está en Salinas, envió una carta a la ciudad solicitando que se llevara a cabo una encuesta como parte de Housing Element, que consiste en un plan general que analiza la vivienda de la ciudad, de los empleadores agrícolas y de los empleados, para definir con mayor precisión las necesidades de vivienda de los trabajadores del campo y desarrollar un plan de acción, dijo Coile.

Este plan de acción considerará las mejores prácticas y desarrollará una estrategia para mejorar la vivienda de los trabajadores del campo, agregó. Las ciudades del sur de Salinas como Gonzales y Greenfield se unieron también al estudio, junto con Pajaro Valley.

A pesar de las redadas de migración y de la retórica política que ha dejado atemorizados a muchos inmigrantes, los encuestadores descubrieron que los trabajadores del campo estaban dispuestos a responder bajo promesa de confidencialidad. Coile agregó que los anuncios de servicio público de gente como la asambleísta Anna Caballero también ayudaron.

El estudio y el foro tuvieron un costo aproximado de $400,000 dólares, informó.
En 2001, los investigadores llevaron a cabo un estudio similar que solo produjo el financiamiento de algunas subvenciones, dijo.

“La ciudades del sur de Salinas dijeron: ‘ No queremos otro estudio de investigación, queremos un plan de acción’”, comentó. “Queremos un plan de acción”.

Coile observó que el jueves no marcó el final del estudio, sino más bien el inicio de la colaboración entre los participantes, y que posteriormente habrá seguimientos. Los organizadores planean tener otra sesión el 16 de mayo, para analizar el plan de acción.

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