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Mientras se construye la nueva Cárcel del Condado de Monterey, la oficina del alguacil está considerando convertir parte de la antigua cárcel en un centro psiquiátrico financiado por el estado. 

El programa, conocido como un tratamiento de competencias con sede en la cárcel, ya está funcionando en cinco condados de California para mejorar la salud mental de los internos de la cárcel que se consideran no aptos para ir a juicio, dijo en un correo electrónico Ken August, director asistente de la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Hospitales del Estado.

Actualmente, cuando un juez decide que la enfermedad mental de un interno lo incapacita para ayudar en su propia defensa, el caso penal se suspende, informó el comandante John Thornburg, vocero de la Oficina del Alguacil del Condado de Monterrey. 

Esos internos tienen que esperar, normalmente durante meses, hasta que haya una cama disponible en alguno de los seis hospitales psiquiátricos del estado, agregó.

“El hospital estatal está sobrepoblado, no tiene suficientes camas”, dijo Thornburg. 
Entonces, los internos se transfieren al hospital estatal para recibir tratamiento y que su caso pueda continuar, agregó. 

La unidad de salud mental de la cárcel contaría con 12 camas que se utilizarían en ayudar solo a los acusados que se determine que son incompetentes para que sus casos continúen.

Las unidades de salud mental no funcionan como hospitales psiquiátricos a largo plazo, dijo August. Hasta ahora, el estado ha abierto estos programas en los condados de San Bernardino, San Diego, Sonoma, Stanislaus y Sacramento, agregó.

El estado pagaría todos los costos de tratamiento y alojamiento, informó. 

La cantidad de personas en la lista de espera varía, pero se espera que el programa de Monterey también les dé servicio a los condados de Santa Cruz y San Benito, dijo. 

La propuesta se finalizaría durante el próximo mes y después se presentaría ante el Consejo de Supervisores del Condado, que tendría la última palabra sobre la creación de la unidad. 

Si se aprueba, no podrá abrirse hasta después de que la nueva cárcel esté funcionando, lo cual se espera para 2019. 

Sin embargo, se espera que las renovaciones tengan un costo de aproximadamente $1.3 millones de dólares, pero esos cambios ya están en proceso debido a la demanda de derechos civiles de Hernandez v. Condado de Monterey, dijo Thornburg. 

Esa demanda, que presentaron los internos en 2013, alegaba que las condiciones de la cárcel violaban sus derechos constitucionales. Se llegó a un acuerdo en 2015, en el que el Condado accedió a mejorar las condiciones y las instalaciones de la cárcel. 

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