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SAN FRANCISCO - En otra señal del aumento en las tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y el estado de California, el principal funcionario de migración del país dijo el viernes que su dependencia “no tendrá opción” más que detener a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país, en los vecindarios y los centros de trabajo de California.

También es probable que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenga que alojar a los inmigrantes que detenga en California en centros de detención fuera del estado, informó Thomas Homan, director en funciones de ICE.

Los comentarios de Homan se produjeron un día después de que el gobernador Jerry Brown firmara el proyecto de ley SB54, también conocido como la legislación para un estado santuario.

A partir del 1.° de enero, la policía tendrá prohibido preguntarle a la gente acerca de su situación migratoria y tampoco podrá participar en las actividades de aplicación de la ley federal de migración. A los oficiales de la cárcel solo se les permitirá transferir a los internos a las autoridades federales de migración si han recibido condenas por ciertos delitos.

“A fin de cuentas, el SB54 ayuda a proteger a los extranjeros que pueden ser expulsados contra la aplicación de la ley de migración, y crea otro imán para más migración ilegal, todo esto a costa de la seguridad de la misma gente a la que dice proteger”, advirtió Homan.

Los funcionarios federales de migración ya llevan a cabo redadas dirigidas contra los inmigrantes en ciudades santuario y transfieren a muchos de sus detenidos a centros fuera del estado.

En la declaración que hizo al firmar la nueva ley, Brown observó que esta no impide que ICE opere en California. Su oficina no quiso hacer más comentarios acerca de la declaración de ICE del viernes.

“Ellos están en libertad de usar sus propios recursos, que son considerables, para aplicar la ley federal de migración en California”, dijo Brown.

El presidente interino demócrata en el Senado Kevin de León, quien promovió la ley, dijo que la declaración de Homan “es un ejemplo de los intentos por sembrar temor y de las mentiras que guían a esta administración”.

“La administración de Trump está de nuevo haciendo fuertes amenazas en contra de California porque no queremos ayudarles a destruir familias y a nuestra economía en el proceso”, dijo de León en una declaración.

Los legisladores demócratas de California han trabajado para crear barreras contra la promesa de campaña de Trump de redoblar los esfuerzos de deportación. También han aprobado fondos para ayuda legal y becas universitarias destinados a personas que viven ilegalmente en EE. UU., y han hecho que revelar el estado migratorio de la gente sea más difícil para los negocios y las dependencias gubernamentales.

Trump atacó por primera vez a las ciudades santuario cuando era candidato en 2015, después del homicidio de Kate Steinle, a quien un mexicano que había sido deportado cinco veces le disparó en un muelle de San Francisco.

Trump hizo referencia al caso en varias ocasiones mientras estaba en campaña, como una razón para endurecer las políticas de migración. El caso se ha invocado con frecuencia como parte del debate de migración.

El presidente ha amenazado con retener el financiamiento federal de las ciudades santuario, y varias de estas ciudades han presentado demandas para impedir que eso suceda.

California cuenta aproximadamente con 2.3 millones de inmigrantes sin autorización legal.

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