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Con la firma del gobernador de California Jerry Brown, el proyecto de ley 54 (SB 54) del Senado convierte oficialmente al Golden State en un estado santuario.

“Este proyecto de ley declara que las autoridades locales no preguntarán acerca del estado migratorio durante interacciones de rutina con las personas. También prohíbe las solicitudes de detención inconstitucionales y el reclutamiento de oficiales locales para hacer el trabajo de los agentes de migración”, escribió Brown en una declaración preparada.

El SB 54 impone límites en qué tanto pueden trabajar las fuerzas de la ley estatales y locales con los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, aplica nuevas medidas de transparencia en los casos en los que de hecho cooperen y prohíbe que los oficiales pregunten acerca del estado migratorio, dijo Grisel Ruiz, una abogada que trabaja en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes que ayudó a redactar la ley.

Sin embargo, algunos de esos límites a la cooperación permiten que las autoridades tengan cierta discreción, agregó.

“En muchas circunstancias de delitos graves, las fuerzas locales de la ley tendrán discreción”, informó.

Aún no está claro qué tan fuerte será el impacto en la aplicación de la ley y en la cárcel del condado de Monterey, dijo el comandante John Thornburg, vocero de la oficina del alguacil del condado de Monterey. Agregó que el personal del condado tendrá que investigar qué está permitido de conformidad con la ley, aunque su oficina está implementando medidas para aumentar la sensibilidad ante los afectados por el asunto de la migración y al analizar el SB 54.

“En primer lugar, la ley se aprobó y el gobernador la firmó, así que por supuesto que la acataremos”, dijo.

Aún no está claro lo que permite que hagan los agentes de ICE en la cárcel, aunque sí se les permite revisar la información pública acerca de los internos”, informó.

“Ni en la cárcel ni en las calles preguntamos acerca del estado migratorio”, agregó.

Sin embargo, una buena parte del proceso utilizado para determinar qué nivel de cooperación se permite será complicado.

Hace precisamente dos años, la oficina del alguacil del condado de Monterey comenzó a permitir que ICE tuviera un escritorio en la cárcel.

Esa presencia ha suscitado críticas por parte de los defensores de los derechos de los migrantes, a quienes les preocupa que la presencia de ICE pueda llevar a más casos como el de Juan Martínez, a quien recogieron de la cárcel debido a un error en su documentación, que indicaba que tenía una afiliación con pandillas, dijo la abogada de migración Blanca Zarazúa. Martínez es beneficiario de la Acción Diferida para Personas que Llegaron durante la Niñez (DACA), y por lo tanto está protegido contra la deportación.

Sin embargo, el SB 54 es un “motivo de celebración”, informó Zarazúa.

Aunque los inmigrantes deben continuar reportando delitos, les advirtió que tengan cuidado cuando las autoridades los paren, los detengan o los interroguen.

“Necesitan seguir teniendo cuidado”, dijo, y observó que las leyes federales permanecen en vigor.

La nueva ley entrará en vigor el 1.° de enero, dijo Ruíz.

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