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Una coalición de grupos dedicados a la conservación ganó una demanda contra el condado de Monterey, el cual tuvo que suspender su programa para sacrificar los animales que los agricultores y los rancheros determinan que son plagas.

El Tribunal Superior de California dictaminó la semana pasada que el contrato establecido entre el condado de Monterey y el Programa de Servicios para la Fauna del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con el fin de controlar la fauna, viola las leyes estatales, ya que no efectúa un análisis ambiental.

Los animales como coyotes, linces, pumas, mapaches y roedores que se reporta que han causado daños a las propiedades o que representan una amenaza, se pueden reportar ante los Servicios para la Fauna, que a su vez los eliminan. Esta práctica se detuvo hasta que se concluya un análisis de sus efectos en el medio ambiente.

La demanda la presentaron el Fondo de Defensa Legal para los Animales y otros grupos de conservación el 1° de enero de 2016.

El condado de Monterey ha tenido un contrato con los Servicios para la Fauna del USDA durante los últimos 25 años, en beneficio de los dueños de propiedades, para controlar animales que causan daños o representan una amenaza para la seguridad pública. El condado renovó el plan de trabajo del año fiscal anterior, solicitando una exención del análisis ambiental.

La demanda se enfocó en el hecho de si el condado debió hacer un análisis ambiental de conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) antes de firmar un plan de trabajo anual para el programa.

El Tribunal Superior de California dictaminó que el contrato del condado de Monterey con los Servicios para la Fauna del Departamento de Agricultura de EE. UU. debe cumplir con la CEQA, y que la extensión y el plan de trabajo de 2016 deben anularse.

El condado está revisando el dictamen respecto a sus opciones a futuro. La Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de Monterey, firmante del contrato con Servicios para la Fauna del USDA, inició una revisión ambiental del plan de trabajo del programa antes de que la demanda comenzara, informó el condado en una declaración.

Ese borrador del informe de impacto ambiental se completará y estará disponible para el análisis del público el 17 de agosto. Los representantes de la Oficina del Comisionado Agrícola del Condado prefirieron no hablar acerca del informe hasta ese momento.

Los grupos ambientales elogiaron la decisión de detener el programa de Servicios para la Fauna dedicado a matar depredadores y otros animales nativos sin efectuar un análisis ambiental.

“Es terrible que Servicios para la Fauna, un programa federal poco conocido, utilice el dinero de los contribuyentes para matar a millones de animales salvajes anualmente”, dijo Tara Zuardo, abogada de la fauna que trabaja en el Instituto para el Bienestar Animal. “Aplaudimos la decisión del tribunal en este caso, al poner en evidencia al condado de Monterey por violar las leyes estatales y reconocer el importante impacto ambiental de la matanza innecesaria e inhumana de la fauna del condado por parte de Servicios para la Fauna”.

El contrato anterior del condado de Monterey autorizaba a Servicios para la Fauna a matar cada año cientos de coyotes, linces, pumas y otros animales sin evaluar detenidamente el daño ecológico ni considerar alternativas, según una declaración publicada por los grupos de conservación.

Estos grupos observaron que, de junio de 2014 a junio de 2015, Servicios para la Fauna mató 105 coyotes, tres pumas y dos linces en el condado. En los últimos seis años, Servicios para la Fauna ha matado más de 3,500 animales en el condado de Monterey usando trampas y armas de fuego.

Un residente del condado de Monterey se unió al Fondo de Defensa Legal para los Animales, al Centro para la Diversidad Biológica, al Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, al Proyecto Coyote y a la Fundación Puma para presentar la demanda que llevó a este resultado.

En el dictamen se especifica lo siguiente: “El condado tenía la obligación de cumplir con los procedimientos de revisión de CEQA antes de ejecutar el plan de 2016. El condado abusó de su discreción y violó la CEQA al aprobar el plan de 2016 antes de completar los estudios iniciales y publicar un informe de impacto ambiental (EIR), una declaración negativa o algún otro documento autorizado por dicha ley”.

Los documentos del tribunal también indican que el condado dijo que había puesto en práctica un Programa para la Administración Integral de Daños Causados por la Fauna desde 1993, pero ese programa nunca se articuló de manera congruente y nunca se efectuó ningún análisis para la eliminación de la fauna, especialmente de los principales depredadores.

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