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Grupos ambientales y de conservación con sede en California demandaron al Consejo para el Control de Recursos Hidráulicos y al Consejo para el Control de la Calidad del Agua en la Región de la Costa Central, asegurando que fracasaron en proteger el agua limpia al no aplicar reglamentos nuevos y más estrictos.

Las nueve organizaciones, cuyas sedes se encuentran en todo el estado, incluyen The Otter Project and Monterey Coastkeeper, la Coalición de Justicia Ambiental para el Agua, Santa Barbara Channelkeeper, la Alianza para la Protección de la Pesca Deportiva de California, la Federación de Asociaciones de Pesca de la Costa del Pacífico, Orange County Coastkeeper, Inland Empire Waterkeeper, el Instituto para Investigaciones de Pesquerías y California Coastkeeper Alliance.

Las organizaciones decidieron demandar al estado en lugar de demandar al grupo de nueve consejos regionales de recursos hidráulicos con la meta de crear un mayor impacto.

“Nos fuimos a lo grande y dijimos que estamos demandando al estado de California porque el patrón y la práctica de este estado es ignorar la polución agrícola”, dijo Steve Shimek, fundador y director ejecutivo de The Otter Project, que encabezó la demanda.

“Lo que esperamos que resulte de esto es una nueva y eficaz orden agrícola, y no estamos demandando por dinero”, agregó. “Esto tendrá que revisarlo el tribunal para ver si cumple con la ley”.

Las organizaciones dicen que el agua subterránea contaminada está contaminando las aguas abiertas, incluidos los ríos y el mar, y que la agricultura, específicamente los nitratos de los fertilizantes, los pesticidas y el estiércol, es la fuente principal de polución. El agua potable segura está en juego si se expone a la contaminación con nitratos. El impacto general, argumentan, es en la pesca, el turismo, la recreación y los negocios de un estado que ya enfrenta una cantidad limitada de tierra y agua.

Los cultivos del condado de Monterey estuvieron valuados en $4,250 millones de dólares en 2016, según los números publicados por la oficina del Comisionado Agrícola del Condado de Monterey en junio.

Esta última demanda es en contra de la renovación por parte del consejo regional de la orden agrícola de marzo de 2017, y argumentan que es casi idéntica a la orden agrícola de 2013, que el estado y la región se vieron obligados a cambiar. En mayo de 2015, un juez dictaminó que el estado y los consejos regionales estaban obligados a crear una nueva orden agrícola.

Algunas de las peticiones de los grupos de conservación son las siguientes:

Aunque la orden agrícola actual tiene requisitos de monitoreo y generación de informes, debería haber requisitos específicos acerca de lo que se puede y lo que no se puede descargar.

Límites específicos de descargas contaminadas. Se calcula que, de un total de 4,500 compañías y productores agrícolas, unas 3,000 que de manera colectiva cultivan 435,000 acres de terreno han sido identificadas como fuertes usuarios de pesticidas y fertilizantes.

Pruebas obligatorias de toxicidad para determinar lo que está envenenando el agua junto con un monitoreo adicional, en lugar de enfocarse específicamente en los pesticidas.

“Pienso que se trata de tener límites reales en las descargas de contaminantes y calendarios ejecutables, así como un enfoque en los aspectos más generales para que los productores no puedan cambiar los productos químicos para evitar los reglamentos”, dijo Shimek. “Muchos productores están utilizando cinco veces más fertilizante que el que necesitan, pero no hay límites en cuanto a lo que pueden usar”.

Aunque los productores del Valle de Salinas son algunos de los “productores más inteligentes del mundo”, cuando se trata de compañías agrícolas “si no los obligas a hacerlo, no lo harán”, informó.

Colin Kelly, el abogado en jefe de Inland Empire Waterkeeper y de Orange County Coastkeeper, dijo que la responsabilidad de la industria agrícola es fundamental. Kelly agregó que los grupos de conservación desean datos más sólidos que demuestren que la industria está resolviendo el problema del agua limpia.

“Se trata de hacer que la agricultura sea parte de la solución y no parte del problema”, informó.

El Consejo de Recursos Hidráulicos de la Costa Central no quiso hacer comentarios acerca del asunto.

“No puedo hacer comentarios acerca de este litigio pendiente”, escribió en un correo electrónico Christopher Rose, un importante científico ambientalista y gerente del Programa Regulatorio de Tierras Irrigadas.

Norm Groot, director ejecutivo del Buró Agrícola del Condado de Monterey, que representa aproximadamente a 1,500 productores del condado, confirmó que los grupos de conservación “de manera consistente se han opuesto a lo que el consejo ha estado aprobando en cuanto a la orden agrícola”.

Agregó que los miembros del Buró Agrícola están todos inscritos en el Programa Regulatorio de Tierras Irrigadas, una iniciativa estatal que regula las descargas de las tierras agrícolas irrigadas.

“Apoyamos en términos generales la renovación de esa orden agrícola, apoyamos ese proceso y los reglamentos se encuentran actualmente implementados”, dijo Groot.

Informó además que el Buró Agrícola no apoya el análisis obligatorio de las descargas de agua superficial, argumentando que “hace que nuestro programa de agua superficial sea más caro porque estamos analizando múltiples distritos”. “Nos están pidiendo que hagamos análisis caros y la ciencia no apoya esto”.

Informó que la demanda no afecta a la industria y dijo que tardará tiempo en avanzar.

Aunque la orden agrícola existente caducará en 2020, ambos lados necesitan unirse y pensar en qué puntos clave se pueden incorporar en la siguiente orden, dijo Shimek.

Agregó que la industria y los grupos de conservación han analizado el asunto en años pasados y en numerosas ocasiones.

“La meta es tratar de crear confianza, pero los productores no confían en mí y yo no confío en ellos”, agregó. “Tenemos que hablar de la pesca con moscas y de los hijos de los demás y un poco acerca del agua. Pienso que ambos queremos agua limpia, pero muchos productores quieren acciones voluntarias y no reglamentos para llegar ahí. Pienso que a menos que haya una protección, la gente no cambiará sus prácticas”.

Comuníquese con la reportera de asuntos de gobierno Amy Wu al 831-737-6791 o escríbale a awu@thecalifornian.com. Siga a Wu en Twitter @wu_salnews o en www.facebook.com/amywucalifornian.

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