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Un hombre de Salinas que fue golpeado a bastonazos por la policía y los hechos fueron captados en un video que se volvió viral hace dos años enfrenta cuatro años de prisión después de declararse culpable de privación ilegal de libertad y resistir arresto, según la Oficina del Fiscal del Condado de Monterey.

El caso de José Alberto Velasco provocó varias protestas denunciando brutalidad policial en los meses posteriores al incidente y también una demanda civil. Un juicio con jurado para el caso criminal estaba programado para comenzar este verano, pero la admisión de culpabilidad fue presentada esta semana como parte de un trato.

El 5 de junio de 2015, Velasco, ahora de 30 años, fue arrestado después de que la policía respondiera a múltiples llamadas del 911, incluida una de la madre de Velasco, Rita Acosta, sobre un hombre que corría y actuaba erráticamente frente al tráfico en la esquina de las calles Main Norte y Bernal. Varias personas que llamaron también informaron que el hombre estaba agrediendo a una mujer.

Un testigo que estaba conduciendo en ese momento dijo que al principio ella vio a Velasco mirando fijamente hacia el tráfico que se aproximaba antes de arrojar Acosta a la calle, de acuerdo con el testimonio de la mujer durante la audiencia preliminar del caso.

Los oficiales de policía de Salinas, David Pritt y Ciro Barboza, estaban comiendo cerca del área cuando un residente les informó sobre un hombre que golpeaba a una mujer al otro lado de la calle. Los oficiales corrieron y vieron a Velasco arrastrando a su madre por el cuello mientras ella se resistía, según la oficina del fiscal del distrito.

Pritt ordenó a Velasco que se detuviera y se pusiera boca abajo. Velasco comenzó a obedecer, pero al momento de que los oficiales trataron de esposarlo, él se resistió de manera violenta, testificaron los oficiales en la audiencia preliminar. Pritt entonces usó la pistola de descarga eléctrica sobre Velasco, pero la descarga no tuvo ningún efecto.

Pritt y Barboza trataron de controlar sus manos, pero Velasco “se levantó del suelo con ambos oficiales en su espalda", según la oficina del fiscal.

Pritz sacó su bastón mientras Velasco se rehusaba a cumplir con las órdenes de regresar al suelo, y Velasco se lanzó al oficial, al parecer para tratar de sacar la pistola de descarga eléctrica del cinturón de seguridad del oficial, dijeron las autoridades.

Velasco continuó forcejeando con los oficiales golpeándolos y pateándolos, y los forcejeos llegaron a más de 50 pies de donde comenzó. Los resultados de toxicología mostraron que Velasco estaba bajo la influencia de metanfetaminas en ese momento.

Se requirieron cinco oficiales, dos de ellos golpeándolo a bastonazos mientras lo mantenían en el suelo, para detenerlo. Un transeúnte utilizó un teléfono celular para grabar el incidente y publicó el video en YouTube, el cual atrajo una amplia cobertura por parte de los medios internacionales.

Como resultado de los bastonazos, Velasco sufrió una fractura en la pierna y cortadas la cabeza que requirieron atención médica.

Después de subirlo a una ambulancia y de administrarle un calmante, Velasco también sujetó a un bombero de Salinas e intentó morderlo o darle un cabezazo.

Velasco fue acusado de privación ilegal de libertad por medio de violencia o amenaza contra su madre, y también de resistir arresto y desarmar a un oficial.

En los meses después del incidente, la madre de Velasco, Rita Acosta, públicamente negó la versión de la policía del incidente y denunció brutalidad policial en varias ocasiones. Acosta dijo que trató de llamar al 911 después de que ella no pudo quitar a Velasco de la calle y que su hijo sufre de una enfermedad mental.

Debido a una condena previa por actividad pandilleril, Velasco está programado para ser condenado a cuatro años de prisión el 13 de julio de acuerdo con la ley de tres delitos (Three Strikes Law) de Californian, según la oficina del fiscal.

Poco después del incidente de junio de 2015, el abogado de derechos civiles John L. Burris presentó una demanda contra la Ciudad de Salinas y otros. En una actualización de estado presentada en enero, las partes involucradas notificaron al tribunal que el proceso penal seguía pendiente.

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