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Hace algunos días, el clima del Valle de Salinas cambió bajo unos amenazantes nubarrones. El viento comenzó a soplar y el cielo azul cambió a una tonalidad gris. A pesar del cambio en los patrones del clima, las cuadrillas de trabajadores continuaron arrancando, cortando y clasificando miles de libras de brócoli rabé.

Estos son trabajadores de campo de D’Arrigo Brothers, uno de los productores más grandes del país de brócoli rabé, una verdura de hojas verdes que tiene sus orígenes en Italia. La compañía cultiva y cosecha la verdura durante todo el año, y depende de una fuerza laboral de miles de trabajadores del campo.

Claudia Pizarro-Villalobos, quien está a cargo de la comercialización de la compañía, dijo que su fuerza laboral tiene poca rotación.

A diferencia de muchos productores, no subcontratan a sus trabajadores del campo, sino que mantienen a sus propios trabajadores y les pagan por hora, con opción de paga por hora o por pieza, que por lo general es más alta.

“Tienen exactamente la misma atención médica que tengo yo”, agregó. Además, la compañía, al igual que muchos productores, también está invirtiendo en automatización para hacer que la cosecha sea más eficiente.

D’Arrigo no es inmune a la escasez de mano de obra. Muchos de sus trabajadores ya tienen más de 50 años de edad.

Desde que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva acerca de la migración en enero, la escasez de mano de obra se ha exacerbado.

Los trabajadores del campo, la mayoría de los cuales son indocumentados, están temerosos de ser deportados.

El dilema ha dejado a los funcionarios electos, a las asociaciones de la industria agrícola y a los productores en dificultades para encontrar posibles soluciones, y buena parte de la conversación se ha enfocado en la inmigración.

En Salinas, la agricultura es un motor económico fundamental y representa una industria de $9,000 millones de dólares; esta depende en gran medida de los trabajadores migrantes. Anualmente, más del 80% de las verduras de ensalada que se consumen en EE. UU. Se producen en el Valle de Salinas.

Durante la temporada de cosecha en lo que es el “tazón de la ensalada del mundo”, hay unos 45,000 trabajadores del campo y otros 2,500 trabajan en las empacadoras. De acuerdo con Farm Worker Justice, una organización de defensa sin fines de lucro con sede en Washington D.C., hay unos 2.5 millones de trabajadores del campo en EE. UU., y la mayoría son indocumentados.

Si los deportaran, “la agricultura se colapsaría”, dijo Bruce Goldstein, presidente de Farm Worker Justice.

Surge un nuevo proyecto de ley

Ahora, un grupo de funcionarios electos está promoviendo un proyecto de ley que busca proteger a los trabajadores del campo inmigrantes; se conoce como la Ley del programa de trabajadores agrícolas, y fue introducida por la senadora Dianne Feinstein (demócrata por California). Es casi idéntica a las disposiciones del programa de trabajadores agrícolas incluido en el proyecto de reforma migratoria aprobado por el Senado en 2013.

Este proyecto está respaldado por el representante Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois), Patrick Leahy (demócrata por Vermont), Michael Bennet (demócrata por Colorado), Mazie Hirono (demócrata por Hawaii) y Kamala Harris (demócrata por California), y busca proteger a los trabajadores del campo contra la deportación y crear un camino hacia su legalización y ciudadanía. El martes, Feinstein, Gutiérrez, el presidente del sindicato United Farm Workers (UFW) Arturo Rodríguez, un productor y un grupo de trabajadores del campo organizaron una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley para el cual están buscando un apoyo bipartidista.

De acuerdo con el proyecto de ley, los trabajadores del campo que han trabajado por lo menos 100 días durante los últimos dos años, calificarían para una “tarjeta azul” que los proteja contra la deportación y tendrían que trabajar en la agricultura durante tres a cinco años para obtener una residencia permanente.

Gutiérrez dijo que tiene la confianza de que el proyecto de ley obtenga apoyo bipartidista.

“Trataremos de comunicarnos con los republicanos… Podríamos aprobar este proyecto de ley hoy si simplemente nos dieran un voto”, dijo Gutiérrez.

El impacto

Mientras tanto, el impacto de las órdenes ejecutivas de Trump es que los productores están siendo testigos de una cantidad cada vez menor de trabajadores.

Shah Kazemi, presidente y propietario de Monterey Mushrooms, con sede en Watsonville, dijo que en marzo algunos trabajadores no se presentaron en los días posteriores a una redada de ICE en Pennsylvania (donde la compañía también tiene operaciones).

Kazemi ha tenido que reducir su producción este año, ya que la compañía tiene alternativas limitadas; a diferencia de los productores que se especializan en frutas y verduras más resistentes, la automatización y la robótica no son una alternativa para cosechar champiñones debido a su sensibilidad. Los salarios para trabajadores calificados y veteranos pueden ser de hasta $30 dólares la hora, pero con frecuencia la tarifa promedio por hora es de $16.50 dólares.

“Nadie se da cuenta de lo agotador que es esto, y con frecuencia son los menos apreciados”, dijo Kazemi. El impacto de la escasez es que algunos productores, incluidos los grandes como Driscoll’s Berries, han hecho recortes en su producción. Monterey Mushrooms ha hecho recortes en su producción en la mayoría de sus mercados, incluidos Florida y Texas.

Kazemi hizo eco a los sentimientos de muchos productores al decir que se mantiene firme acerca de mantener a la fuerza laboral en EE. UU.

“O importamos nuestros alimentos o importamos nuestra mano de obra”, informó.

Jim Bogart, presidente y asesor jurídico de la Asociación de Productores y Transportistas de California Central, dijo que apoya el proyecto de ley, pero agregó que es tan solo un componente de todas las soluciones necesarias. Agregó que durante años la industria agrícola ha estado presionando para que haya un programa de visas para trabajadores huéspedes eficaz y con el que se pueda trabajar. “Necesitamos esa red de seguridad también”, informó.

La fuerza laboral nacional necesita estar “complementada por trabajadores extranjeros y un programa de visas”, dijo. “Lo que todos hemos aprendido es que todo este problema de la migración no se puede arreglar de manera poco sistemática. Tiene que haber una reforma completa de todo el paquete y el sistema, y ciertamente el ajuste y la situación migratoria forman un componente importante de la solución general, pero no son el único componente”.

Gutiérrez dijo que no hay un período de tiempo confirmado para la legislación, excepto que los funcionarios electos continuarán cabildeando a sus compatriotas demócratas y republicanos para aprobarla.

Planes a futuro

Mientras tanto, los consumidores podrían sufrir un impacto en los precios de las frutas y verduras, incluida una creciente escasez de aguacates. Esto puede afectar también a los clientes de los restaurantes, ya que algunos de ellos están cobrando más por los aguacates.

Un informe del Buró Agrícola de 2014 ya pronosticaba que los precios de los alimentos tendrían un aumento del 5% al 6%, debido a las políticas migratorias, como la propuesta por Trump, que afectan a los trabajadores indocumentados.

El informe predijo que los agricultores de EE. UU. podrían producir de 15 a 31% menos verduras y de 30 a 61% menos frutas.

Mientras el asunto de la migración y los trabajadores migrantes indocumentados permanece sin resolver, la cosecha de 2017 espera a los trabajadores.

Lourdes Cárdenas, trabajadora de la uva en el Valle Central de California, quien ha estado trabajando en los campos durante 14 años, dijo que el trabajo es “muy difícil”.

“Tenemos que trabajar en temperaturas extremas, a veces con mucho calor y a veces con mucho frío”, informó.

Un proyecto de ley como el del programa de trabajadores agrícolas les daría tranquilidad mental a los trabajadores del campo.

“Esto no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros hijos”, agregó.

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