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Son ciudades “santuario” que se han erigido como defensoras de inmigrantes frente al gobierno de Donald Trump, pero en ellas bulle ahora un debate sobre si el dinero público que han destinado a la defensa de extranjeros en cortes de inmigración debería ser usado para representar a inmigrantes acusados de crímenes serios o violentos.

En Nueva York, varios grupos de ayuda a inmigrantes protestaron el jueves ante una propuesta que el alcalde Bill de Blasio hizo hace un par de semanas y que restringiría el acceso a abogados para extranjeros en proceso de deportación acusados de delitos graves. Los manifestantes argumentaron que todo el mundo debería tener derecho a una defensa legal en el sistema migratorio, independientemente del crimen que haya cometido.

“Le pido a de Blasio que reconsidere”, dijo Christian Yarlequé, un peruano de 46 años que fue detenido en 2015 por las autoridades migratorias y logró quedar libre hace un mes gracias a un abogado de un programa de defensa financiado por la ciudad. Yarlequé participó en un robo hace más de 25 años en Nueva York y dijo que ya pagó en la cárcel “su deuda con la sociedad”.

“Sin este abogado yo hubiera sido deportado”, señaló en una rueda frente a la alcaldía, rodeado de abogados de inmigrantes con carteles con lemas como “No a la deportación sin representación”.

Los inmigrantes que acaban frente a una corte migratoria no tienen derecho a un abogado pagado por el gobierno federal. Por ese motivo, Nueva York inició su propio programa de defensa, llamado New York Immigrant Family Unit Project.

Seth Stein, portavoz del alcalde, dijo a The Associated Press que este año la ciudad ha aumentado su inversión para la defensa de inmigrantes en 16 millones de dólares, lo que permitirá representar a unos 15,000 inmigrantes. Aun así, si uno de éstos ha sido acusado de uno de los 170 delitos que la ciudad considera serios o violentos, el público no debería pagar la factura de su abogado.

“Creemos, basándonos en los mejores estudios disponibles, que la cifra de personas que quedarían excluidas (de la defensa) es pequeña”, dijo Stein.

En Los Ángeles se planea invertir 10 millones de dólares para defender a extranjeros en proceso de deportación pero miembros de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles han propuesto prohibir ayuda legal a ciertos inmigrantes dependiendo de su historial criminal.

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