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El ‘Dreamer’ de Salinas que enfrentaba una posible deportación debido a un error en los procedimientos de la cárcel ha sido puesto en libertas durante una audiencia de fianza el miércoles, 3 de mayo.

Juan Martínez, de 19 años de edad, regresará a una corte de migración el 6 de junio para una audiencia de deportación. La abogada de migración y cónsul mexicana Blanca Zarazúa lo está representando en el asunto y dijo que está segura que el juez fallará a favor de Martínez y él no será deportado.

Martínez nació en México, fue traído al país cuando era niño y es un “Dreamer”, un beneficiario de la Acción Diferida para Personas que Llegaron durante la Niñez (DACA).

Martínez fue acusado de un cargo menor de violación de derechos y después fue recogido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en la cárcel.

A principios de este año llevó a una joven a la Cárcel del Condado de Monterey y los oficiales se dieron cuenta de que ella olía a mariguana, informó el abogado de Martínez, Miguel Hernández.

Cuando los oficiales fueron al auto, encontraron mariguana y metanfetaminas. Martínez fue detenido; los cargos relacionados con los narcóticos se desecharon posteriormente a cambio de un cargo por un delito menor de violación de derechos.

Después de su proceso en el tribunal, Martínez tenía programada su liberación de la cárcel, pero en lugar de eso ICE le impuso una retención.

Hernández se encontraba en la cárcel en ese momento y trató de hablar con el agente de ICE para explicarle que solo había sido acusado de un cargo de violación de derechos y que se encontraba aquí legalmente bajo las disposiciones de DACA.

Sin embargo, el agente se negó a hablar con él, y en lugar de eso le dijo a un sargento de la cárcel que no importaba, dijo Hernández.

“No entiendo por qué se tienen que llevar a un joven por un simple delito de violación de derechos”, informó.

Al parecer, cuando Martínez fue fichado en la cárcel, le hicieron varias preguntas durante la selección para su clasificación. Una de las preguntas era para saber si él o algún miembro de su familia está involucrado con pandillas.

Esta pregunta se hace para determinar si a la persona la colocan dentro de la cárcel por motivos de seguridad, dijo Steve Bernal, alguacil del Condado de Monterey. Por ejemplo, sí alguien responde que son miembros activos de la pandilla de Sureños o tienen familiares que son Sureños, entonces ellos no estarían en el área de la cárcel en donde están los Norteños.

Martínez respondió que “sí” a la pregunta, haciendo referencia a un familiar que está involucrado con pandillas, pero no hubo ninguna pregunta de seguimiento para aclarar si se refería a él mismo o alguien más.

Sin embargo, los funcionarios de ICE lograron ver su respuesta a la pregunta en su expediente, y esto provocó que lo detectaran en su radar, informó Bernal.

“Eso es algo que corregimos en cuanto nos dimos cuenta de lo que había sucedido, que fue lo de la pandilla lo que provocó que lo entregaran a ICE… Agregamos un control a nuestro sistema para asegurarnos de que eso no suceda de nuevo”, agregó.

En octubre de 2015, Bernal permitió que ICE entrara a la cárcel con el Programa de Cumplimiento Prioritario (PCP), dirigido a detectar a personas que tenían “condenas criminales importantes en sus antecedentes y a quienes eran considerados amenazas para el público”, escribió en una carta dirigida al Consejo de Supervisores del Condado de Monterey.

De acuerdo con el programa, también conocido como PEP, ICE ya no se llevaría a personas que solo tuvieran ofensas migratorias civiles ni a quienes hubieran sido acusados pero no convictos.

De conformidad con el programa, los agentes de ICE pueden identificar a los internos una vez que hayan sido detenidos y se haya determinado que son “prioritarios para remoción”.

Entre el 14 de agosto y el 8 de octubre de 2015, cuando se permitió la entrada de ICE por primera vez a la cárcel, la dependencia puso bajo su custodia a 85 personas, de conformidad con el programa. De esas 85 personas, 27 tenían remociones con “prioridad 1”, lo cual significa que fueron identificados como “amenazas para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la seguridad del público, y esto incluye, pero no se limita a los individuos involucrados en pandillas callejeras criminales y a quienes anteriormente han resultado convictos por delitos graves”, agregó.

Las 58 personas restantes tenían prioridad 2, que incluye a personas convictas de tres delitos menores que no sean delitos menores de tráfico, y personas convictas por delitos menores significativos, como conducir ebrios, violencia doméstica y abuso sexual.

ICE ya no utiliza el PEP, pero la cárcel continúa operando con esos parámetros respecto a su relación con ICE, lo cual significa que solo los detenidos por delitos graves, delitos menores serios o una serie de tres delitos menores que excluyan los cargos de tráfico, y que se encuentren en la cárcel, activarían el radar de ICE, dijo Bernal.

“Esta es una persona que se nos coló”, informó, y agregó que no ha habido ningún otro que se “haya colado”.

Como resultado de este caso, ICE ya no tiene permitido utilizar el sistema administrativo de la cárcel para buscar afiliación con pandillas, y solo se permite que los internos hablen con ICE si están acusados con un cargo relacionado con pandillas, explicó.

Desde el 1° de enero de este año, ha habido 91 personas que han sido entregadas a ICE en la cárcel.

El caso de Martínez provocó protestas cerca de la cárcel esta semana.

El martes, Phillip Crawford, codirector del comité, ayudó a dirigir a los manifestantes que se colocaron en las esquinas de las calles Chaparral y Natividad, justamente afuera de la cárcel del condado. Llevaban carteles con mensajes como “Oops” y “No Ban, No Wall, Equality for All” (sin prohibiciones, sin muros, igualdad para todos).

“Esto no habría sucedido para nada si ICE no estuviera ahí. Si arreglan este problema, eso no significa que otras personas no vayan a ser atrapadas también”, dijo Crawford. “En realidad no hay una razón buena para que ICE esté ahí… Todos tenemos que trabajar juntos para hacer que esta sea una comunidad segura, y una parte de esto consiste en mantener a ICE fuera de aquí”.

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