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William Orrick, juez de distrito de EE. UU. expidió un dictamen temporal el martes para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de retener los fondos federales para las ciudades santuario, como parte del litigio en proceso apoyado por la ciudad de Salinas.

En marzo, la ciudad de Salinas y el Condado de Monterey se unieron a otras 50 ciudades y condados como amicus curia, un proceso también conocido como amigos del tribunal, en apoyo a una demanda presentada por San Francisco y el Condado de Santa Clara para desafiar la orden ejecutiva.

La orden judicial se presentó sobre la base de que la orden ejecutiva “viola la 10ª enmienda, constitucionalmente es vaga e intenta otorgarle al presidente Trump el poder del bolsillo, que está expresamente reservado para el Congreso en la constitución de EE. UU.”, informó el procurador de la ciudad Chris Callihan en un comunicado de prensa previo.

San Francisco y el condado argumentaron en documentos presentados ante el tribunal que el presidente no tiene la autoridad de establecer condiciones acerca de la asignación de fondos federales, y que no puede obligar a los funcionarios locales a aplicar la ley federal de migración.

También dijeron que la orden de Trump se aplica a gobiernos locales que no detienen a inmigrantes para su posible deportación en respuesta a solicitudes federales, no solo a los que se rehusaron a proporcionar la situación migratoria de las personas.

Callihan describió el dictamen judicial del martes como “el resultado más positivo en esta etapa del litigio”.

“Salinas tiene la intención de participar en cualquier litigio futuro que se oponga a la orden ejecutiva contra las ciudades santuario, incluida la participación en cualquier apelación que presente la administración de Trump”, escribió en una declaración. “Además, Salinas continúa haciendo esfuerzos por implementar y mantener políticas inclusivas orientadas a asegurar la salud, seguridad y bienestar de todos sus residentes y visitantes, sin importar su situación migratoria ni su país de origen”.

Los argumentos orales acerca de la orden judicial a nivel nacional contra la aplicación de la orden ejecutiva comenzaron en San Francisco el 14 de abril.

Los demandantes argumentaron que más de mil millones de dólares están en juego para los condados de Santa Clara y San Francisco, ya que la orden ejecutiva se refería en términos amplios a financiamiento federal.

Los funcionarios de la ciudad de Salinas dijeron que la ciudad recibió más de $45 millones de dólares en financiamiento por subvenciones federales en el año fiscal 2015-2016, y que la orden ejecutiva de Trump pone en peligro programas relacionados con vivienda y desarrollo urbano, transporte, respuesta de bomberos, respuesta médica de emergencia y seguridad pública.

El asistente en funciones del fiscal general Chad Readler argumentó que la orden ejecutiva se aplicaría solamente a las subvenciones del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional, supeditada al cumplimiento con una ley federal que prohíbe que los gobiernos locales se rehúsen a proporcionar la situación migratoria de las personas a las autoridades federales.

Cuando el juez Orrick le preguntó acerca del objetivo de la orden, Readler dijo que Trump estaba usando el “púlpito de los acosadores” para “motivar a las comunidades y a los estados a cumplir con la ley”.

En su dictamen del martes, Orrick estuvo de acuerdo con San Francisco y Santa Clara, y dijo que la orden “por medio de su lenguaje simple, intenta afectar todas las subvenciones federales, y no solo las tres mencionadas en la audiencia”.

“El resto de la orden es aún más amplio, ya que abarca todo el financiamiento federal”, agregó. “Y en caso de que existiera duda acerca del alcance de la orden, el presidente y el fiscal general ya la han eliminado con sus comentarios públicos”, informó.

Agregó que “el financiamiento federal que no tiene ninguna relación con la aplicación de las leyes de migración no puede ponerse en riesgo meramente porque una jurisdicción seleccione una estrategia para la aplicación de la migración que el presidente desapruebe”.

La ciudad de Salinas estuvo de acuerdo con la decisión del juez acerca de este punto, dijo Callihan, y agregó que “lo que argumentó el asistente en funciones del fiscal general contradice lo que la orden ejecutiva prevé”.

También se argumentó que la demanda en sí fue prematura, ya que no se han aclarado las decisiones acerca de la retención de fondos y lo que es una ciudad santuario.

Aunque el ayuntamiento de la ciudad de Salinas votó en contra de una resolución para designarla formalmente como ciudad santuario, el departamento de policía de Salinas y otros departamentos de la ciudad han declarado repetidamente que no investigan ni preguntan acerca de la situación migratoria de las personas.

La policía de Salinas continuará investigando las violaciones criminales relacionadas con la migración, como el contrabando y el terrorismo.

Sin embargo, los estados, las ciudades y los condados no pueden evitar que las dependencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apliquen las leyes de migración en ninguna parte de EE. UU., explicó Callihan.

Las políticas de la ciudad están específicamente adaptadas para “motivar a los residentes de Salinas a que se comuniquen y cooperen con las fuerzas de la ley sin temor a sufrir consecuencias relacionadas con la migración”, escribió, pero la “pregunta sigue abierta acerca de si estas políticas de inclusión convierten a Salinas en una ciudad santuario para los fines de la orden ejecutiva”.

En la orden del juez que se presentó el martes, Orrik escribió que la orden ejecutiva “no aclara qué conducta podría provocar que un estado o jurisdicción local quede sujeto a la suspensión del financiamiento o alguna acción legal, lo cual hace imposible que las jurisdicciones determinen cómo modificar su conducta, si es que tienen que hacerlo, para evitar las sanciones de la orden”.

La ciudad de Salinas estuvo de acuerdo en que la orden ejecutiva es vaga en su definición de “jurisdicción santuario” y, sin tener eso definido, la administración de Trump podría decidir de manera indiscriminada qué jurisdicciones perderían el financiamiento federal.

“Salinas tiene tanto riesgo como cualquier otra ciudad de perder el financiamiento federal a través de la implementación de la orden ejecutiva”, dijo Callihan.

El Consejo de Supervisores del Condado de Monterey no ha votado sobre ninguna resolución para designarla como ciudad santuario, pero a finales de enero aprobó una resolución en la que se denuncia la orden ejecutiva. En febrero, el consejo también aprobó una resolución en la que se declara al Condado de Monterey como un “condado que le da la bienvenida a los inmigrantes y a los refugiados”.

El martes, el supervisor del Condado de Monterey Luis Alejo aplaudió la decisión del jueves.

“El dictamen de hoy en el tribunal federal es una reivindicación para todos los condados y ciudades del país que intentan proteger a sus comunidades de inmigrantes”, escribió en un comunicado de prensa el martes. “Nuestra constitución permite que los gobiernos locales controlen sus propias políticas de aplicación de las leyes locales, incluidas nuestra decisión de no aplicar la ley federal de migración, la cual es una obligación federal. Muchas comunidades locales les dan la bienvenida a las políticas de santuarios como una forma de mantener la confianza y la seguridad entre las familias de inmigrantes y nuestras dependencias de aplicación de la ley”.

Nuestro sistema cuenta con mecanismos de control y equilibrio de los poderes, y de nuevo le ha impuesto límites a las acciones del presidente Trump que exceden su autoridad”, continuó. “Los tribunales federales les han asegurado a los gobiernos locales que no los pueden penalizar por simplemente ejercer su autoridad de no aplicar las leyes de migración, y esto hace que nuestras familias de inmigrantes se sientan un poco mejor al saber que los policías locales no se verán obligados a convertirse en agentes de ICE”.

La decisión del juez permanecerá en vigor mientras la demanda se procesa en los tribunales.

La orden ejecutiva acerca de las ciudades santuario también suscitó demandas en Richmond, Seattle y en dos ciudades de Massachusetts, pero las demandas de San Francisco y Santa Clara fueron las primeras en obtener una audiencia ante un juez.

The Associated Press contribuyó a este reportaje.

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