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La deportación de una inmigrante de Phoenix a quien el gobierno de Obama le otorgó una indulgencia, brinda un primer ejemplo de la manera como el presidente Donald Trump planea cumplir su promesa de frenar la inmigración ilegal.

El caso de Guadalupe García de Rayos se convirtió el jueves en un grito de batalla para los grupos de inmigrantes que creen que la postura migratoria de Trump separa familias de manera injusta. Su arresto provocó una protesta en el centro de Phoenix, en donde los manifestantes bloquearon la salida de camionetas de la oficina federal de inmigración. Siete personas fueron arrestadas.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, desvió todas las preguntas sobre el tema al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que en un comunicado en Twitter indicó el jueves que la agencia “retirará a los extranjeros ilegales que fueron condenados por delitos graves, como lo ordena un juez en materia migratoria”.

García de Rayos fue deportada alrededor de las 10 A.M. por el cruce fronterizo de Nogales, y la agencia trabajó de manera conjunta con las autoridades consulares mexicanas para su repatriación, señaló la portavoz de ICE Yasmeen Pitts O’Keefe por medio de un comunicado.

“El caso migratorio de la señora García fue sometido a una revisión en múltiples niveles del sistema de cortes migratorias, incluyendo la Junta de Apelaciones Migratorias, y los jueces determinaron que ella no contaba con las bases legales para permanecer en Estados Unidos. El ICE seguirá enfocándose en identificar y retirar a los individuos con condenas de delitos graves que tengan órdenes finales de retiro emitidas por las cortes migratorias del país”, escribió Pitts O’Keefe.

Los defensores de personas que están ilegalmente en el país pero que tienen estrechos vínculos a él acusaron que la deportación fue despiadada.

“El ICE hizo lo que el presidente Trump quería hacer: deportar y separar a nuestras familias”, dijo Marisa Franco, directora del grupo de defensa Mijente, con sede en Phoenix. “Vamos a defender a las familias”.

García de Rayos, de 35 años de edad, fue una de las trabajadoras que fue arrestada hace años, durante una de las primeras investigaciones del entonces jefe de policía, Joe Arpaio, a los negocios sospechosos de contratar inmigrantes que utilizaron identificaciones falsas para obtener el empleo.

Fue acusada de utilizar el número de Seguro Social que pertenecía a otra persona para obtener un trabajo en el parque de diversiones Waterworld, en Glendale, un suburbio de Phoenix.

García de Rayos no fue arrestada durante el operativo en el parque de diversiones, sino que fue detenida seis meses después, cuando los investigadores encontraron discrepancias en sus documentos laborales.

Se le negó una fianza en enero de 2009 de conformidad con una ley de Arizona que la prohibía a los inmigrantes que estaban ilegalmente en el país y habían sido acusados de ciertos delitos graves.

García de Rayos se declaró culpable en marzo de 2009 a un cargo reducido de suplantación criminal y fue sentenciada a dos años de libertad condicional. Se le inscribió en el proceso de deportación, pero se le otorgó clemencia.

El miércoles se presentó junto con su abogado para lo que pensó que era una revisión de rutina con las autoridades de ICE, y fue detenida en lugar de que se le permitiera salir tras reportarse.

Su abogado, Ray Ybarra Maldonado, dijo que las acciones en contra de su cliente podrían empujar a los inmigrantes aún más a la clandestinidad y evitar reportarse a las autoridades, tal como siempre lo hizo García de Rayos.

“Mi consejo es, busquemos un santuario, una iglesia que quiera recibirlos si eso es lo que quieren. No es divertido llevar a alguien al matadero. No es divertido entrar con alguien y salir sin ellos”, subrayó.

García de Rayos llegó a Estados Unidos procedente del estado mexicano de Guanajuato cuando tenía 14 años de edad, y tiene dos hijos de nacionalidad estadounidense, informó el grupo de defensa migratoria Puente Arizona, con sede en Phoenix.

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