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Un productor de fresa en Watsonville recibió una orden por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para pagar $2.4 millones de dólares en multas y salarios atrasados.

Gonzalo Fernández y su compañía, Fernández Farms Inc., fueron declarados culpables de "robo de salarios sistemático, intimidación e incumplimiento flagrante del programa de visas H-2A", dijeron funcionarios del Departamento de Trabajo en un comunicado de prensa esta semana.

Fernández fue condenado a pagar $1.1 millones de dólares a los trabajadores agrícolas inmigrantes y domésticos empleados en su negocio. También se le ordenó pagar casi $1.3 millones de dólares en multas. Fernández y compañía también han sido excluidos de participar en el programa H-2A durante tres años.

El programa de trabajadores agrícolas temporales H-2A es una manera para que los empleadores que anticipan una escasez de trabajadores domésticos contraten a trabajadores extranjeros no inmigrantes para que vengan a los Estados Unidos y lleven a cabo el trabajo agrícola temporal o estacional.

Fernández fue el único de los agricultores en el Valle de Pájaro que usó el programa H-2A en los últimos años, dijeron las autoridades. Él manejó una granja de fresas de 50 acres al sureste de Watsonville.

Los intentos para contactar a Gonzalo Fernández para hacer comentarios no tuvieron éxito. Una persona que contestó una llamada realizada a un número de teléfono que aparecía en el sitio web de la empresa colgó.

Fernández empleó a más de 300 trabajadores con visas H-2A en el 2011 y más de 100 en el año 2010, los años en que se produjeron las violaciones, de acuerdo con la decisión del juez.

El Departamento de Trabajo encontró que Fernández exigió un pago de cada empleado visado para los gastos de alquiler y transporte. Exigió hasta $1,600 dólares a cada uno de sus trabajadores que pagaron en abonos de $100 a $200 dólares por semana, de acuerdo con la decisión.

Fernández debe más de $800,000 dólares en salarios atrasados a aproximadamente 90 trabajadores domésticos de Estados Unidos y cerca de 300 trabajadores temporales de México, y al mismo tiempo no cumplió con los requisitos de contratación locales o de vivienda bajo el programa H-2A.

En ese momento, Fernández negó las acusaciones y apeló la decisión.

El anuncio de esta semana dijo que una investigación por la oficina de salarios y horas del Departamento de Trabajo encontró que Fernández "flagrantemente ignoró los reglamentos del programa H-2A al no pagar adecuadamente a los trabajadores como dicta la ley". Los investigadores encontraron que Fernandez hizo que trabajadores temporales pagaran cientos de dólares de su salario para cubrir los gastos administrativos del programa H-2A - una violación directa al reglamento del programa H-2A, dijeron las autoridades. Fernández también discriminó a los trabajadores locales al negarse a contratarlos, dijeron. También "intimidó y obligó a los trabajadores a esconderse de investigadores o mentirles" y destruyó documentos y trató de obstaculizar una investigación federal, dijeron los investigadores.

Este caso envía "un mensaje claro de que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos no permitirá que los trabajadores agrícolas sean silenciados, no permitirá que los salarios que ellos ganan con mucho trabajo sean robados o reclamados, y no permitirá que cualquiera pueda abusar del programa de visa H-2A dañando y explotando trabajadores domésticos y extranjeros”, dijo la procuradora regional del Departamento de Trabajo Janet Herold en un comunicado.

Mientras tanto, los legisladores de California e intereses laborales de la agricultura también se han centrado en los salarios de los trabajadores agrícolas de los últimos tiempos.

En el 2015, el comisionado estatal del Trabajo ordenó a un contratista de trabajo del Condado de Monterey que fue encontrado en violación de las normas de pago de horas extras a que pagara $2.6 millones de dólares en daños y perjuicios a 150 trabajadores del campo que empleo del 2009 hasta 2012. El contratista se declaró en bancarrota.

El lunes, la Asamblea estatal aprobó la ley AB 1066, la cual revisaría las políticas de pago de horas extras para trabajadores del campo. Por el momento, los trabajadores del campo reciben pago de horas extras después de trabajar 10 horas durante el día o 60 durante una semana. La ley AB 1066 reduciría las horas para pago extra a 8 por día o 40 durante la semana. El proyecto de ley está en el escritorio del gobernador.

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